Ola de ataques: Río Negro reclama al gobierno nacional que intervenga para resolver el conflicto en Villa Mascardi

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– El gobierno de Río Negro pidió a las autoridades nacionales "el tratamiento urgente" de la situación en Villa Mascardi, ubicada a 30 kilómetros de esta ciudad, azotada por una ola de violencia y vandalismo en los últimos dos años y medio.

Desde el gobierno rionegrino, informaron que hasta el momento se registraron 108 hechos de violencia en la zona, "de los cuales 12 se relacionan con acciones directas de violencia por parte de grupos identificados con movimientos reivindicativos indigenistas".

Luego de las denuncias publicadas por LA NACIÓN sobre robos, incendios y ataques, por parte de varios propietarios que describieron la zona como "tierra de nadie", el ministro de Gobierno provincial, Rodrigo Buteler, le pidió a la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y a la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, una reunión urgente para "encontrar una solución".

Durante los dos meses de aislamiento obligatorio, los pobladores de Villa Mascardi denunciaron que los ataques se incrementaron. Hubo incendios en cabañas, enfrentamientos con la policía e intentos de robo. Anteanoche, un grupo de personas encapuchadas arrojó piedras contra el Automóvil Club Argentino (ACA).

Hoy por la tarde, se registró el último incidente. Luego de que los hechos de violencia en esa zona tomaran estado público, un grupo de personas con el rostro cubierto atacó una cabaña a piedrazos y dañó los vidrios de un vehículo. Hubo un herido y al lugar llegó personal de la Policía Federal.

"Ninguno de los cuidadores de las casas cercanas se anima a hablar por temor a que a la noche les prendan fuego sus casas", admitió un administrador de un complejo de cabañas de Villa Mascardi que reside en Buenos Aires.

En la nota enviada al gobierno nacional, Buteler alude a la ocupación de un predio de seis hectáreas en un área del parque nacional Nahuel Huapi por parte de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en septiembre del 2017, cuando una joven machi determinó que ese era un espacio sagrado. "Desde dicha ocupación se ha acrecentado el número de hechos de violencia de los cuales las fuerzas de seguridad provincial tienen registro, lo que ha generado fuerte preocupación y malestar por parte de los vecinos de Villa Mascardi", indicó el ministro de Gobierno rionegrino.

En el pedido de intervención al gobierno nacional, solicitan "la apertura de una mesa de diálogo y consenso para lograr una definitiva resolución al conflicto".

Discusión

Buteler recordó que semanas atrás, cuando los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación llegaron a Bariloche para abordar situaciones de violencia que afectan a la comunidad mapuche Buenuleo en un predio del Cerro Ventana, al sur de esta ciudad, "se aprovechó para poner en la mesa la cuestión Mascardi".

"Empezamos a charlarlo cuando asumió el gobierno nacional, después vino la pandemia y nos dejó fuera de juego. Por eso, lo volvimos a plantear ahora en función de que se recrudeció el conflicto", explicó a LA NACIÓN. Y advirtió: "Este conflicto está dentro del territorio federal. Y ya venimos con un antecedente complicado como la muerte de Rafael Nahuel". El joven murió de un disparo en un procedimiento del grupo Albatros de la Prefectura el 25 de noviembre de 2017.

Pese al pedido de Río Negro, Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, había afirmado ayer a LA NACIÓN que "el gobierno nacional sigue el problema en Villa Mascardi". Indicó que ayer hubo una reunión de la que participó la ministra Sabina Frederic, el INAI y Parques Nacionales.

"La idea es generar una mesa de abordaje donde se discutan todos los temas de propiedad de la tierra. No es solo un tema de seguridad lo de Mascardi", había señalado Fuks.

El funcionario nacional añadió que han estado analizando las causas judiciales pero "la Justicia no está siendo clara porque de ningún lado hay pruebas. La Justicia debe determinar eso. Por otro lado, ¿de quién es la tierra?, ¿cómo se fueron constituyendo las propiedades privadas y los asentamientos? Ese es el análisis, pero hay que armar una mesa de diálogo sabiendo quiénes están sentados y cómo llegaron a constituir sus títulos".