Pánico en la tierra de nadie

Joaquín Morales Solá
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10 de diciembre de 2010  

Una policía, la Federal, ya no quería hacer nada. Otra policía, la Metropolitana, está escasamente armada y no tiene capacidad operativa. Tres jueces hicieron circular ayer, entre ellos, el expediente sobre los graves incidentes de Villa Soldati; nadie sabe, a estas alturas, qué juez se hará cargo de la investigación. Dos hombres y una mujer han muerto ya en un sangriento forcejeo por ocupar terrenos y viviendas que no les pertenecían. Los heridos se suceden con el correr de las horas. El Estado está desarmado, pero civiles innominados portan armas y las disparan. Hay quienes dicen que algunos cuentapropistas de la violencia pertenecen a los infaltables barrabravas del fútbol.

Villa Soldati es, tal vez, la sinopsis más conmovedora de siete años de dejar hacer. Centenares de personas se predisponían anoche a ocupar terrenos en el mismo lugar donde un día antes habían muerto un hombre y una mujer. Mortales tiros descerrajados por civiles arreciaban como los alegres fuegos artificiales de fin de año. El barrio más cercano estaba habitado por personas paralizadas por un temor que calaba hasta los huesos. En esa tierra de nadie, y de cualquiera, el Estado era la ausencia más visible.

La Policía Federal se resiste a ir más allá de una estricta orden política y judicial. El ministro de Justicia, Julio Alak, dispuso ayer el relevo de oficiales de esa policía sin conocer antes un peritaje médico y judicial sobre las circunstancias y las balas que quitaron la vida a dos personas. Anoche, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, declaró que la Policía Federal no reprimiría. ¿No reprimiría cuando las armas de fuego se ven hasta en las fotos periodísticas? ¿No, cuando sólo depende de la suerte que esos tiros al voleo no terminen con más vidas?

La Policía Metropolitana es, hoy por hoy, una fuerza vecinal que sólo puede servir para arrestar a algunos rateros de mala muerte o para mediar en una pelea entre vecinas. Tiene más armas con balas de goma que de fuego; carece, además, del equipamiento de una fuerza de infantería: cascos, escudos, camiones hidrantes y uniformes suficientes pertrechados. Es más lo que no tiene que lo que tiene. Sus efectivos se paseaban ayer en sus automóviles entre los disturbios con el pánico que compartían con los históricos vecinos del lugar.

La causa judicial pasó ayer del fuero correccional al penal y del penal al correccional. Un juez ordenaba una cordial mediación del gobierno porteño y la provisión de baños y vituallas a los ocupantes, mientras otra jueza mandaba a desalojar el predio. Una tercera jueza se declaró incompetente. Nada. Todas las decisiones judiciales terminaban en la absoluta impotencia. El gobierno nacional había decidido durante todo el día de ayer ser espectador de un drama que podría imputarle a su temido enemigo electoral, Mauricio Macri.

Fuentes oficiales señalaron anoche que calculaban que ya había en Villa Soldati unas 3000 personas que llegaban sin parar. Pedían un terreno, una vivienda, un subsidio y un trabajo a cambio de pacificar la situación. Nadie podía darles tanto. Era imposible satisfacerlos por los límites económicos del Estado porteño; en la administración de Macri no querían tampoco crear un peligroso precedente. "Terminaremos resolviendo el problema social del país y del Mercosur", dijo uno de sus ministros.

En el medio se coló la denuncia de los funcionarios porteños, Macri y Horacio Rodríguez Larreta, sobre el conflicto de la inmigración. Hebe de Bonafini los acusó de racistas. Antes, su mano derecha, Sergio Schoklender, había denunciado que los foráneos de Villa Soldati estaban vinculados con el narcotráfico.

Inmigrantes

La Argentina es un país que construyó con inmigrantes, pero con inmigrantes que vinieron a trabajar y consiguieron todo lo que tuvieron con el esfuerzo de un empleo, de un oficio o de una profesión. Ningún país en el mundo de hoy tiene las puertas abiertas sin reglas y sin condiciones. Hace pocos días, un juez ordenó allanamientos por casos de drogas en la villa 31, que lo hizo con la Policía Metropolitana. Detuvo a once personas; ocho eran extranjeras y tres argentinas. ¿Incorrecto políticamente? Lo sería si los argentinos se declararan anarquistas y decidieran vivir sin un Estado y sus elementales responsabilidades.

Decenas de personas se agolparon ayer, en perfecta organización, sobre el edificio del gobierno porteño, frente a la Plaza de Mayo. Protestaban por los muertos de Villa Soldati. Los eslóganes, el inhumano escrache y la violencia estaban dirigidos contra el jefe del gobierno capitalino, Macri, que tuvo problemas hasta para abandonar su despacho. Nada decían de la orden judicial que había mandado a desalojar los terrenos ocupados (lo cual no es una heterodoxia jurídica en una nación con cierto grado de civilización), pero decían menos del gobierno nacional (cuya sede central está frente a las oficinas de Macri), que había movilizado a la Policía Federal el día antes para cumplir con aquella resolución judicial. La política y el escenario electoral, otra vez.

Sólo bien entrada la noche de ayer, y cuando los disparos se confundían ya amenazadoramente con las tinieblas, aparecieron en Villa Soldati patrulleros de la Policía Federal. Quizá la Presidenta había entendido que la fantasmal figura de la muerte es una frontera que ninguna política debe quebrar. Quizá. El tamaño del conflicto ya era, de todos modos, de difícil solución entre tantas insignificancias ofrecidas por oficialistas de uno y otro bando.

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