Para bajar las expensas, ya no es obligatorio fumigar una vez al mes

La Ciudad dispuso que los vecinos puedan decidir la periodicidad de fumigación del edificio que habitan. Hasta ahora, esa tarea se debía realizar en forma mensual por más que no existiera necesidad; generaba, según datos oficiales, una facturación obligatoria de $24.000 anuales promedio para un inmueble tipo de 10 pisos y 20 departamentos. La idea del gobierno porteño es bajar el monto de las expensas que pagan propietarios e inquilinos.

"Dispusimos que los consorcios tengan la libertad de fumigar según la necesidad real de cada edificio y que ese trabajo no sea una imposición del Estado", afirmó Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana. "Seguimos adelante con el plan de reducción de costos que afrontan y que permitirá, una vez aplicado, que los vecinos ahorren el valor mensual de una expensa al año", agregó.

Si bien el control de plagas no tiene un precio único, se estima que el servicio para una propiedad de 20 unidades funcionales representa entre $1800 y $2200 por mes, dependiendo de la superficie total a cubrir y el tipo de desinfección. Así, los consorcios que decidan, por ejemplo, hacer dos fumigaciones preventivas al año, podrán ahorrar hasta $20.000.

En la ciudad funciona un registro de las empresas que realizan desinfección. Son las únicas habilitadas para emitir certificados y efectuar recomendaciones sobre la base de los problemas de cada edificio. En todos los casos, la decisión siempre estará en manos de los copropietarios.

El cambio en la normativa fue bien recibido por los vecinos consultados por LA NACION. "No me parecía correcto que fuera obligatorio, me parece bien que sea opcional. Mi edificio tiene 53 departamentos y solo una mínima parte de los vecinos lo deja entrar. Venimos de una experiencia negativa con una empresa porque cada vez que fumigaba, una vez al mes, había una invasión de cucarachas de todos los tamaños. Además el olor de ese producto es altamente penetrante; con una mascota y mi mujer embarazada no puedo arriesgarme", detalló Matías Cohen, vecino de Parque Chacabuco.

"Para mí es doble el beneficio: no molestan para fumigar los sábados temprano a la mañana y abarata las expensas, que son cada vez más caras", celebró Josefina Chiste, inquilina de un departamento en Núñez.

Carlos Martínez, vecino de Agronomía, coincidió en que se paga innecesariamente por un servicio que no abarca a todas las unidades y que cada edificio tiene una realidad distinta. Pero también propuso un mayor control a las empresas del rubro. "Además del registro, se debería constatar que realizan las tareas y la efectividad de las mismas mediante algún tipo de auditoría, preferentemente en manos de profesionales, con validez científica. Poder conocer las sustancias que usan y establecer un protocolo de trabajo ordenado sobre bases científicas", explicó.

De las 14 medidas previstas por la Ciudad para bajar las expensas ya se instrumentaron tres; la primera fue la eliminación del libro de datos periódicos, un documento redundante en tanto el administrador ya presentaba esa información mediante una declaración jurada anual. Luego se dejó sin efecto el certificado de edificio seguro, dado que agrupaba trabajos con constancias específicas ya existentes, y significaba para los consorcios un gasto de entre $12.000 y $14.000 anuales.

Próximos pasos

Entre otras medidas que se tomarán durante este año, se destaca también la licitación de una plataforma denominada Consorcio Participativo, que permitirá a los vecinos realizar un control de todos los gastos que hace el administrador y participar en las decisiones que adopte la asamblea de propietarios. A su vez será una solución para que el administrador realice la liquidación de expensas y mantenga un canal de comunicación con sus administrados de manera gratuita.

Esta iniciativa, no obstante, recibió críticas porque datos privados de los consorcios quedarían disponibles en una plataforma con acceso estatal, y porque los administradores amenazan con que, al representarles más trabajo, deberán aumentar sus honorarios.

Próximamente, además, el Banco Ciudad lanzará cuentas corrientes gratuitas para cada consorcio, con lo que se podrán ahorrar $7200 al año.

En paralelo, la Legislatura porteña analiza un proyecto para modificar la ordenanza 45.593 en lo relativo a los controles de los tanques de agua. Por esta regulación vigente desde 1991, son vaciados semestralmente sin antes realizar un análisis del contenido, "desperdiciando así millones de litros de agua potable", sostiene la Ciudad. Al impacto ambiental se suma un costo que supera los $12.000 anuales. Mediante la reforma de la norma, el control pasará a ser anual, previo análisis del agua: solo en caso de encontrar anomalías se podrá vaciar el tanque para luego realizar las tareas que los técnicos indiquen. Así, los edificios ahorrarán un promedio de $8000 por año.

Otras medidas previstas son el establecimiento de un control anual para matafuegos, que hoy se realiza con una frecuencia trimestral. En cuanto a la fiscalización de ascensores y calderas, se establecerán nuevos criterios según la antigüedad de las instalaciones, su uso, sus características y el resultado de las pruebas que se efectúen. Por ejemplo, se permitirá establecer distinciones entre ascensores nuevos y viejos, con uso intensivo (edificios apto profesionales) o exclusivo residencial. Es decir, se busca la racionalización de los costos del mantenimiento.