Patrimonio: denuncian irregularidades del gobierno porteño en sus planes para demoler el puente Ciudad de La Paz
Crece el rechazo entre los vecinos de Palermo; postergaron para la próxima semana la reunión para retirar la protección patrimonial
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LA NACION
El emblemático puente de Ciudad de la Paz, en el barrio de Palermo, se convirtió en el centro de una creciente polémica y movilizaciones vecinales contra los planes del gobierno de Jorge Macri. A pesar de haber sido reparado e inaugurado hace apenas cuatro meses, el gobierno porteño impulsa ahora su demolición y el reemplazo por una nueva estructura. El pasado martes 29 de julio, el CAAP (Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires) se reunió a pedido de AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), empresa estatal de la Ciudad, para considerar el retiro de la protección patrimonial al centenario puente, paso indispensable para que el gobierno porteño pueda avanzar con su demolición y reemplazo por otra estructura, a pesar del rechazo de las organizaciones vecinales y de los expertos en patrimonio urbano. Construido en 1916, el puente tiene gran valor histórico, y forma parte de la memoria y la identidad del barrio.
Durante la reunión del CAAP, la opinión de los primeros cinco miembros a favor de mantener la catalogación histórica anunciaba el fracaso de los planes del gobierno porteño para demoler el puente, por lo que se pasó a un cuarto intermedio para hoy. Ayer por la mañana, se anunció una nueva postergación, esta vez para el martes próximo.
La documentación a la que accedió LA NACIÓN revela irregularidades en el trámite impulsado por el Gobierno porteño: en su presentación ante el CAAP, la administración de Jorge Macri omitió incluir las conclusiones del estudio elaborado por su propia Dirección General de Ingeniería y Arquitectura, que contradicen las afirmaciones de AUSA y respaldan la rehabilitación del puente. Además, la Ciudad adjuntó imágenes de daños anteriores a las importantes reparaciones ya realizadas, con el objetivo de instalar la idea de que el puente no se encuentra en condiciones de ser conservado.
A esto se suma que el Ejecutivo encomendó directamente a la empresa estatal AUSA la demolición y construcción de una nueva estructura, en una maniobra que le permite eludir los procedimientos habituales de licitación pública que exige la normativa vigente y, al mismo tiempo, sortear la aprobación presupuestaria previa por parte de la Legislatura.
Los documentos dejan en evidencia el abrupto cambio de opinión del gobierno porteño, que pasó de efectivamente restaurar y conservar el puente histórico a intentar, ahora, demolerlo. De hecho, el puente fue reabierto hace cuatro meses al tránsito de vehículos y personas, luego de permanecer cerrado por más de dos años para una profunda rehabilitación.
El 8 de mayo de 2024, la Dirección de Ingeniería y Arquitectura de la Ciudad se había reunido con “Vecinos Unidos”, una organización que defiende el puente histórico. Luego de la reunión, el 29 de julio, esa Dirección envió un informe escrito al jefe de la Comuna 14, firmado por Claudio Cané en su carácter de Director General de la repartición, en el que afirmaba que “respecto de los estudios en curso, amerita señalar que los resultados preliminares arrojan que la estructura es susceptible de ser rehabilitada […] para el tránsito vehicular liviano de máximo 3,5 ton y paso ocasional de ambulancias y autobomba”. También informaba que se contrató a “un profesional especialista en reparación y rehabilitación de puentes metálicos”, y que la propuesta de la reparación del puente no solo resultaría más económica que la construcción de una nueva estructura, sino que también podría ejecutarse en un plazo considerablemente menor.
Mientras se desarrollaban las mencionadas obras de rehabilitación, el actual ministro de Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartúa, firmó el 7 de octubre de 2024 la Resolución 558, en cuyos considerandos se establece que: “resulta pertinente encomendar a Autopistas Urbanas S.A. la ejecución de las tareas que considere convenientes para la rehabilitación del Puente Ciudad de La Paz”.
Terminadas las obras de rehabilitación del puente, en el acto de reapertura del 31 de marzo pasado el jefe de gobierno, Jorge Macri, afirmó: “Escuchamos un reclamo de años de los vecinos: un puente cerrado que muchos decían que no se podía reparar. Hemos cumplido con las obras”. Y el ministro Bereciartúa, a la vez, publicó en su perfil de Instagram un posteo en el que hizo referencia al valor histórico del puente, calificándolo de “emblemático”.
Luego, en un abrupto giro, el gobierno porteño encargó a AUSA la demolición del puente centenario y la construcción de uno nuevo. Esta empresa estatal fue creada originariamente para operar las autopistas de la ciudad, y su actividad no tenía vinculación con la reparación o la construcción de puentes. A pesar de ello, la Ciudad le encomienda obras, lo cual le permite evitar los procedimientos administrativos de licitación pública a los que está obligada la administración central, y además eludir la necesaria aprobación presupuestaria previa de la Legislatura.
El 27 de junio, el área de Compras de AUSA llamó a licitación para la contratación del nuevo puente, a partir del proyecto de nueva estructura elaborado por la empresa española Arenas, para lo cual otorgó a los posibles interesados un mes para la presentación de ofertas. Luego, al tomar estado público la controversia, el plazo fue prorrogado por unos días, al 11 de agosto de 2025.
Este proceso expone otra irregularidad. El gobierno porteño, a través de AUSA, convocó al CAAP para obtener la aprobación de la descatalogación del puente como bien histórico con posterioridad al llamado de licitación para su demolición, lo cual sugiere que consideró que la Comisión se la aprobaría en un trámite exprés y a libro cerrado, según las organizaciones que se oponen a los planes de demoler el puente.
En la reunión del CAAP del 29 de julio, según pudo reconstruir LA NACIÓN, AUSA presentó un informe conjunto con el Ministerio de Infraestructura de la Ciudad en el que, contradiciendo el mencionado informe de 2024 del director Claudio Cané, menciona que “Desde el punto de vista estructural se puede decir que se encuentra en estado de falla…La reparación y rehabilitación se considera imposible por la clase de acero que la compone y por su antigüedad (más de 100 años) …el puente no puede repararse.”
Vecinos y organizaciones que objetan la demolición del puente afirman que el cambio de posición del gobierno de Jorge Macri resulta llamativo, debido a que el puente ya fue reparado hace pocos meses y que hoy circulan fluidamente vehículos y personas. Plantean la duda de por qué se invirtió en su rehabilitación, si supuestamente no se podía reparar, y por qué constituye un peligro, cuando antes el gobierno de la ciudad había afirmado que está en condiciones para el tránsito y su uso está habilitado.
La semana pasada el gobierno porteño explicó que pretende construir allí un nuevo puente para habilitar el tránsito de vehículos pesados, sobre todo camiones de basura del Ceamse, cuya planta de tratamiento de residuos sólidos se encuentra en Colegiales, pretensión a la que se oponen los vecinos de Palermo, ya que los camiones de gran porte tienen hoy en día otras alternativas para llegar hasta la planta. Se difundieron renders del próximo puente, incluso sin esperar que el CAAP haya todavía retirado la protección patrimonial. Los dictámenes del CAAP son vinculantes.
Ana Bas, presidenta de la asociación civil Basta de Demoler (BDD), expresó que “no hay explicación lógica para el reemplazo” del puente, y recordó que “AUSA propone el cambio de uso para un puente que, hasta ahora y desde que se dejó de usar el tranvía, fue para tránsito liviano. La calle Ciudad de la Paz no formó ni forma parte de la Red de Tránsito Pesado, según el artículo 9.10.5 del Código de Tránsito (Ley 2148)”.
En su presentación ante el CAAP para lograr la aprobación de la demolición del puente, la Ciudad eludió compartir con sus miembros las citadas conclusiones de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura que proponían la recuperación y, en cambio, incorporó en el informe del 29 de julio (al que tuvo acceso LA NACIÓN), fotos viejas de la corrosión del puente, tomadas con anterioridad a los trabajos de rehabilitación, según surge de la comparación de esas imágenes con el estado actual de la estructura metálica restaurada.
Las organizaciones vecinales y los especialistas en la protección del patrimonio urbano se movilizaron y reclaman la conservación del puente y que, de ser necesario, se lo vuelva a poner en condiciones. Desde hace varias semanas convocan a marchas cerca del puente y a colocar cintas sobre la estructura.
Marcelo Magadán, reconocido arquitecto y especialista en patrimonio urbano, subraya que el Código de Planeamiento establece textualmente que “La salvaguarda […] de los lugares, edificios u objetos considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental, obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de su protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.”
En el mismo sentido, Magadán afirma que, “en vez de debatir sobre la demolición, el CAAP debería concentrar sus esfuerzos en la protección del puente y establecer con el gobierno porteño los criterios y límites de la intervención de rehabilitación, de acuerdo con las buenas prácticas de conservación y las recomendaciones internacionales para este tipo de operaciones, como se ha hecho con los puentes centenarios en otras partes del mundo, que funcionan y son el orgullo y la memoria viviente de las ciudades”. Sostiene, además, que “existen las técnicas, los criterios, los materiales y profesionales entrenados; es totalmente posible reforzar la estructura del puente, reemplazar las escaleras por rampas y mejorar el alumbrado público, respetando el bien histórico.” Y advierte: “hay que actuar con la prudencia del caso, a sabiendas de que lo que se demuele se pierde para siempre”.
LA NACION
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