Polémica por la villa Rodrigo Bueno

El gobierno porteño volvió a anunciar ayer la erradicación de la villa Rodrigo Bueno, ubicada al costado de la Reserva Ecológica. Esta vez el plan será ejecutado por el Ministerio de Espacio Público, que conduce Lía María.

Esa funcionaria fue la que ayer aseguró en la Legislatura porteña: "La erradicación de la villa Rodrigo Bueno comenzará en noviembre (por el mes actual) con la gente que no tiene chicos en el colegio y, en diciembre y en enero se la hará con la totalidad (de los habitantes del asentamiento)". No hubo más detalles del plan en la explicación ante los diputados, que la habían convocado para dar explicaciones sobre el presupuesto del área que conduce.

LA NACION intentó obtener más información respecto del plan, pero en Espacio Público sólo dijeron que "no está establecido el monto de los subsidios" que les ofrecerán a las 400 familias que viven en el asentamiento, y que la transferencia del programa (antes manejado por la Secretaría de Desarrollo Social, que conducía Jorge Telerman) aún no se había concretado.

Curiosamente, a esa falta de precisiones le siguió una más: por la tarde, cuando ya estaba anunciada la erradicación para este mes y la entrega de subsidios, voceros de la ministra aclararon que falta hacer el correspondiente censo de habitantes.

"Hasta donde yo entiendo lo que programa el gobierno es ofrecer subsidios a los habitantes que se quieran ir [del asentamiento], pero no un desalojo compulsivo. Y los habitantes entienden que no les resuelven el problema habitacional con esa entrega de dinero. En la última reunión con el gobierno, que fue hace un mes, se planteó la urbanización de la villa o tratar de conseguir una respuesta que solucione el problema habitacional de fondo", explicó a LA NACION Carola Escalada, representante legal de los ocupantes.

En coincidencia con esa abogada, Marino Sosa, ocupante de la villa, agregó: "Este problema viene desde el año pasado. Hubo mucha gente que se fue, pero después volvió porque el gobierno no da una solución verdadera. Ahora trata de reunirse con los vecinos, pero tampoco trae ninguna propuesta en concreto".

Sosa se refiere al plan de desalojo que el gobierno porteño comenzó en septiembre de 2005. Según datos oficiales, de las 420 familias censadas, unas 180 alcanzaron un acuerdo con las autoridades para dejar ese predio. El decreto por el cual se dispuso esa desocupación dice que tal espacio será integrado a la Reserva Ecológica.

Los subsidios fijados en 2005 por el gobierno eran de 20.000 pesos para el núcleo familiar, más 700 pesos por hijo a partir del segundo. Dos meses más tarde el proceso se paralizó porque, ante una medida cautelar presentada por los habitantes de la villa, la Justicia dictaminó que "debería haber existido un relevamiento de la población y una unidad ejecutora del pago de subsidios". Además, pidió que se hiciera un peritaje psicológico a los menores que habitan allí.

El gobierno porteño culpó a la Justicia de impedir el desalojo haciendo trascender que la magistrada actuante, Elena Liberatori, exigía la urbanización del lugar, con lo cual la erradicación se hacía imposible.

Sin embargo, esa jueza en lo contencioso administrativo aclaró a LA NACION que sólo había ordenado la suspensión de toda tarea que implicara la remoción de tierras sin que previamente se adoptaran las medias necesarias para el traslado de las personas a un lugar en condiciones dignas de habitabilidad; despejar las calles y remover los residuos, así como proveer agua potable, luz eléctrica y desratizar.

La jueza destacó a LA NACION que su fallo no se inmiscuyó nunca en las funciones del Poder Ejecutivo. Es decir, que el gobierno no estaba ni está a la fecha impedido de promover el desalojo.

Un estudio realizado por el gobierno porteño hace dos años determinó que buena parte de la villa está habitada por ciudadanos de países limítrofes. El grupo más numeroso proviene de Bolivia y de Paraguay. El asentamiento, que empezó a formarse hace más de cinco años, está pegado a la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, y tiene varias casas que superan los dos pisos. Cuenta con un frente de unos 100 metros, por unos 400 m de fondo.

"Somos más de 2000 personas. Y tenemos mucho arraigo. Nosotros a la provincia [de Buenos Aires] no nos vamos. Acá hay muchos chicos que estudian en la zona", agregó Sosa.

El gobierno insiste en que esos terrenos no son urbanizables. Los últimos desarrollos permitidos en la zona son las construcciones de Puerto Madero Este y el proyectado para la isla de Marchi, en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.

Por Laura Rocha

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