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Preocupa en Punta del Este la usurpación de una vivienda
Los intrusos exigen 2000 dólares cada uno para abandonar la residencia
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PUNTA DEL ESTE.- Faltando poco para que comience la temporada de verano, empresarios y dirigentes políticos del principal balneario uruguayo emitieron una señal de alerta porque aseguran que las autoridades toleran la ocupación de un chalet en el centro de la península, por parte de unas personas que se instalaron a vivir en el jardín de la residencia y exigen 2000 dólares para cada uno para abandonarla.
La denuncia fue presentada por los diputados Pablo Pérez (oficialismo de izquierda), Darío Pérez (Liga Federal-Frente Amplio), Nelson Rodríguez y Federico Casaretto (Partido Nacional) y Germán Cardoso (Partido Colorado).
Los cinco diputados nacionales por el departamento de Maldonado se presentaron ante la justicia penal para reclamar una acción que determine la desocupación inmediata de la vivienda.
La casa -situada en 18 y 28 de Punta del Este- pertenece a un ciudadano norteamericano y está valuada en casi medio millón de dólares. En la ocupación de la residencia esteña hay una decena de personas que duermen, comen y hacen sus necesidades en los jardines del frente, a la vista de todos.
"Tenemos que preservar [el turismo], esta fuente de ingresos fabulosa que tiene nuestro país y nuestro departamento. De esto depende la vida de muchos trabajadores y de los empresarios que dan trabajo", dijo el diputado por la Liga Federal Darío Pérez al diario Correo de Punta del Este.
Pérez integra un sector que forma parte de la coalición oficialista Frente Amplio. En las últimas elecciones de Punta del Este se presentó como candidato a intendente, pero perdió los comicios con el actual jefe comunal Oscar de los Santos, con quien acumuló votos en la alianza izquierdista.
En el juzgado en lo penal de Maldonado estaban presentes, a la hora de registrar la denuncia, conocidos empresarios de la zona, incluidos el presidente de la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, Mario Costa, el presidente de la Cámara Empresarial Maldonado, Juan Pígola, y la titular de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, Isabel Alegresa.
Empresarios locales dijeron a LA NACION que una inmobiliaria ya había denunciado el hecho, pero que la Justicia había entendido que el planteo debía ser hecho por el dueño de casa, que no se encuentra en el país.
Sin embargo, los diputados locales consideraron que no podían quedarse con los brazos cruzados y decidieron actuar. Así, el legislador frenteamplista Darío Pérez explicó la señal que se pretende dar por la unanimidad del espectro político local.
"Es un mensaje muy claro de los legisladores de Maldonado porque tenemos que preservar esta fuente de ingresos fabulosa que tiene nuestro país y nuestro departamento. De esto depende la vida de muchos trabajadores y de los empresarios que dan trabajo. El mensaje es claro: no queremos que se cometa este tipo de desmanes en nuestra zona".
En el texto presentado al juzgado, los diputados se refirieron a algunas declaraciones hechas por los ocupantes a medios locales: "Los denunciantes somos representantes nacionales por el departamento de Maldonado. En consecuencia, en nuestra calidad de funcionarios públicos, nos encontramos obligados a denunciar la existencia de hechos con apariencia delictiva".
Los ocupantes habían dicho que tienen derecho a ocupar el jardín y que para irse pretenden que les den unos 2000 dólares para cada uno.
Los legisladores dejaron constancia de que no querían interferir en la actuación de la Justicia, para que no se entendiera que su acción trataba de afectar la separación de poderes.
La denuncia
Los diputados consideraron que el hecho constituye un ilícito. En la denuncia que presentaron consta que tomaron conocimiento de la ocupación indebida a través de los medios de comunicación.
"A través de las declaraciones de estas personas a dichos medios de prensa, conocimos que ingresaron en él en forma clandestina y con fines de ilícito aprovechamiento y, según versiones de prensa, estos habrían requerido sumas de dinero a fin de desocupar el inmueble."
En la radio local de Maldonado FM Gente, una persona que se identificó como Miguel Angel y dijo ser vocero de los ocupantes sostuvo: "Ellos [los diputados] salen en defensa de estos señores que tienen mucha plata y no se ocupan de nosotros, que somos ocho personas que no tenemos nada. Yo no soy un ocupa; yo soy una persona que no tiene lugar y por instinto humano va a buscar un refugio. No lo veo como un delito".
Los legisladores añadieron: "El hecho ha generado una situación de alarma pública, que ha tenido su caja de resonancia en los medios de comunicación, en las diversas organizaciones sociales de la comunidad y en la población en general debido a que atenta contra la principal fuente de ingresos, que es el turismo".
Destacaron que justamente esto se da "en un momento del año en el que se cierra la mayor cantidad de negocios inmobiliarios, lo que es determinante a los efectos del éxito de la próxima temporada turística".
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