El juez de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky, que preside la comisión de expertos que estuvo abocada al análisis de la normativa vigente para la confección de un nuevo código que, al tiempo de actualizar las tipificaciones vigentes, contenga respuestas a las infracciones más novedosas, al uso ilegal o doloso de las nuevas tecnologías y a la complejidad de las organizaciones criminales internacionales, y aumente el peso de la participación de las víctimas en la persecución y la sanción penal.
Entre los puntos salientes, el anteproyecto agrega 15 nuevos títulos al libro segundo del actual Código, que incluye delitos referidos al terrorismo y su financiamiento; de narcotráfico y estupefacientes (dejan de formar parte de una ley especial, como la actual 23.737); delitos fiscales, aduaneros, cambiarios y militares; de tráfico y permanencia de migrantes; contra la libertad y la dignidad del trabajo; de tráfico de sangre, órganos y delitos genéticos; contra el ambiente; contra el patrimonio arqueológico y paleontológico; del deporte; informáticos; contra la propiedad, y electorales.
En cuanto a las drogas, en general se aumentan las escalas penales, se incorpora la referencia específica a una pena más gravosa para el caso del paco o "cualquier sustancia de desecho o residual que se genere en el proceso de producción".
Y como aspecto saliente, toma nota del fallo "Arriola" de la Corte, que despenalizó la tenencia de drogas para consumo personal, pero solo será no punible cuando la tenencia no trascienda del ámbito privado: se prevén penas de un mes a dos años por la tenencia de escasa cantidad de estupefacientes para uso propio.
Se vedará el acceso a la libertad condicional a reincidentes y a condenados por delitos violentos que hayan producido resultados de muerte o de graves daños físicos o mentales a las víctimas, como homicidio, abuso sexual y secuestro extorsivo agravado, trata de personas, tortura, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad, genocidio, delitos de guerra y terrorismo hasta que se hayan cumplido 35 años de prisión o 40, en caso de múltiple reincidencia. Lo mismo para los delitos de corrupción de menores, explotación de la prostitución, contrabando agravado, financiamiento del terrorismo y tráfico de estupefacientes.
También se incorpora el "seguimiento sociojudicial" de los condenados tras la aplicación de las penas.
