Próvolo: usarán un software para que uno de los curas entienda las acusaciones

Uno de los curas acusados de abuso
Uno de los curas acusados de abuso Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar
Pablo Mannino
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14 de agosto de 2019  • 12:18

Buscando sortear las trabas y limitaciones que planteó la defensa de los curas acusados por los abusos de niños sordos en el ex instituto Antonio Próvolo , se reanudó hoy el histórico juicio en los tribunales provinciales, con algunas definiciones claves para avanzar.

De esta manera, se determinó que los problemas auditivos que aduce tener el sacerdote Nicola Corradi (84) serán resueltos con la aplicación de un software de transcripción en tiempo real de todo lo que se diga en la sala de debate, para que el imputado pueda leer y comprender. De esta manera, se descartó la presencia de taquígrafos simultáneos.

"El escrito se transmite a una pantalla que se encuentra frente a Corradi para que vaya leyendo. Ante la posibilidad de errores del software, la Suprema Corte, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoria Publica ofrecieron dos auxiliares cada uno por día que se encargarán de ir transcribiendo lo que se va diciendo en la audiencia y así cubrir la necesidad de lectura del imputado Corradi", indicaron a LA NACION desde la Justicia local.

Una vez más, ya en la tercera jornada, Corradi junto al cura Horacio Corbacho (61) y al ex jardinero del establecimiento, Armando Gómez, ingresaron en total silencio a la sala, para conocer cómo sigue el proceso en su contra por una treintena de vejaciones, por lo que arriesgan penas de 50 años de cárcel.

Decisión

En tanto, se espera que el tribunal dé a conocer su decisión sobre los resultados de las pericias psicológicas realizadas a Gómez, quien es hipoacúsico y asegura desconocer la Lengua de Señas, por lo que no entendería lo que sucede en el juicio y las acusaciones en su contra. En este caso lo que busca la abogada defensora, Alicia Arlotta, es que el hombre sea declarado inimputable. Sin embargo, de acuerdo a uno de los peritos de parte, el acusado "comprende la criminalidad de sus actos".

Por eso, a la espera de la decisión de los jueces, se informó el resultado de la pericia psíquica al imputado, aunque resta esperar el informe del Ministerio Público Fiscal. Así, según el estudio de la profesional Patricia Gorra, perito de la Facultad de Medicina de la UNCuyo, el imputado "conoce y entiende Lengua de Señas; por lo que tiene las condiciones necesarias para estar y comprender lo que sucede en el juicio". Sin embargo, de acuerdo a la pericia de la Defensa Publica, el nivel educativo del imputado es de "analfabetismo", con un núcleo familiar "violento que ha generado complicaciones físicas y psicológicas". Por tal motivo, indica que Gómez "no puede comprender la situación que atraviesa por su pasado, por lo que no se encuentra en condiciones de afrontar un proceso judicial".

Sistema

Cien testigos deben declarar en el juicio
Cien testigos deben declarar en el juicio Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

"Para nosotros, Gómez entiende la criminalidad de los actos. En cuanto a Corradi, vemos que se ha resuelto con un sistema informático para que lea todo, aunque desconocemos cuánto hay de verdad y cuánto de estrategia en esto de que no escucha", expresó Lucas Lecour, uno de los abogados de las víctimas, miembro de la asociación de Derechos Humanos Xumek.

Por otra parte, desde esta audiencia, a la espera de que comiencen a declarar unos 100 testigos, se avanzará con la exposición de los videos de las Cámaras Gesell realizadas a las víctimas, ya que quedó descartada la posibilidad de que los denunciantes tengan que declarar en el debate, con el fin de no "revictimizarlos".

En total son 14 las personas imputadas, entre religiosos, ex empleados y directivos de la escuela religiosa, y más de 20 víctimas las que han declarado desde el inicio del caso en noviembre del 2016. Se trata de un debate histórico e inédito por la cantidad de abusos eclesiásticos a niños sordos del ex instituto que nació en Verona, Italia y tiene sede también en La Plata, en Buenos Aires, donde también existen graves denuncias.

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