Que dijo la ONG detrás de los abortos realizados en la clínica de Villa Ballester

La causa judicial que se abrió tras el hallazgo de ocho fetos en una clínica privada de Villa Ballester sumó en las últimas horas un actor central: la Fundación Cígesar, una organización no gubernamental dedicada a la salud sexual y (no) reproductiva que reconoció haber intervenido en los procedimientos realizados en ese establecimiento del partido de San Martín. La mención de la ONG aparece tanto en el expediente como en los comunicados difundidos por la propia clínica y por la fundación, en un caso que continúa bajo investigación y que involucra múltiples aristas sanitarias y judiciales.

El conmocionante episodio se originó a partir del seguimiento de una denuncia por abuso sexual contra una menor en Santiago del Estero, a más de 1100 kilómetros de la clínica. En ese contexto, la Justicia pidió localizar a la niña y a su madre, quienes finalmente fueron halladas en la Clínica Santa María, de Villa Ballester. Durante un posterior allanamiento, los investigadores encontraron restos biológicos humanos en un depósito de residuos del centro de salud, lo que dio lugar a dos hipótesis paralelas: la realización de abortos y la posible comisión de otros delitos. En ese marco aparece mencionada la Fundación Cígesar, que salió a dar explicaciones públicas y a fijar su posición.

Según su presentación institucional, la Fundación Cígesar se define como una organización orientada al “abordaje integral de la salud sexual y (no) reproductiva”, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de salud y el ejercicio de derechos vinculados con la maternidad, la anticoncepción y la prevención de infecciones de transmisión sexual. La entidad declara realizar tareas de atención clínica, formación de profesionales, capacitación en educación sexual integral y campañas de promoción de la salud, además de articular proyectos con organismos públicos y privados.

El vínculo entre la ONG y la clínica de Villa Ballester quedó expuesto tras el estallido del caso. Desde la Clínica Santa María indicaron que la fundación contrató exclusivamente la infraestructura del establecimiento, como quirófano e internación, y que los procedimientos se llevaron adelante con personal médico y paramédico propio de la ONG. En ese mismo sentido, la Fundación Cígesar difundió un comunicado que fue pegado en la puerta de la clínica, donde sostuvo que existe un convenio para “alquilar las instalaciones” cuando se requiere ese tipo de prestaciones.

En ese texto, la organización afirmó de modo explícito que “todas las prácticas realizadas se llevan adelante dentro del marco legal vigente, cumpliendo con la normativa aplicable y los protocolos sanitarios correspondientes”. En otro pasaje, aludió a las versiones surgidas tras el hallazgo de los fetos y señaló que las intervenciones se efectuaron “con las autorizaciones correspondientes”, en referencia a avales judiciales. También aclaró que, en relación con el procedimiento que dio origen a la investigación, “intervinieron autoridades con el objetivo de resguardar material genético necesario para la causa judicial”.

De acuerdo con información recabada por LA NACION a partir de fuentes sanitarias, la intervención de la ONG en el caso de la menor se inició tres o cuatro semanas antes del allanamiento a la clínica. En una localidad rural de Santiago del Estero, de unos 15.000 habitantes, la madre de la niña —menor de 13 años— se acercó a integrantes de la fundación luego de advertir “cambios en el cuerpo” de su hija y la posibilidad de un embarazo. Tras una evaluación médica, se confirmó una gestación avanzada.

Siempre según esas fuentes, y en el marco de la causa por abuso sexual, se resolvió avanzar en una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), no en una interrupción voluntaria, ya que el embarazo superaba el límite de 14 semanas que habilita la IVE. La decisión, indicaron, contó con aval judicial. Dado el tiempo de gestación, la Fundación Cígesar dispuso el traslado de la niña y de su madre a la provincia de Buenos Aires para realizar el procedimiento utilizando las instalaciones de la clínica de Villa Ballester.

Luego de la intervención, la menor regresó junto con su madre a Santiago del Estero, donde continúa la investigación penal por la violación. Sin embargo, el hallazgo de otros siete fetos en el centro de salud abrió un interrogante adicional y complejizó el expediente. Frente a ese punto, fuentes vinculadas a la ONG explicaron que, cuando la fundación alquila un quirófano, suele hacerlo para realizar más de un procedimiento de ILE, especialmente cuando se trata de pacientes provenientes del interior del país.

De acuerdo con esa versión, además del caso de la niña santiagueña, en la clínica se habrían realizado otros siete procedimientos, cada uno con su respectivo aval judicial.

Ahora, uno de los ejes centrales será establecer mediante estudios de ADN cuál de los fetos corresponde al embarazo de la menor y cuál es el período de gestación de los demás restos hallados. También se busca reconstruir la trazabilidad de cada procedimiento, verificar si se respetaron los protocolos exigidos por la ley vigente y delimitar eventuales responsabilidades administrativas o penales.

Por el momento, ni la clínica ni la Fundación Cígesar fueron formalmente imputadas. La clínica aseguró haber recibido una inspección del Ministerio de Salud bonaerense, tras la cual —según indicó— se constató que el establecimiento cumple con las normas vigentes. La ONG, en tanto, reafirmó que actuó dentro del marco legal y que aportará toda la documentación que le sea requerida por la Justicia.

LA NACION

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