Quitas en sueldos por no cumplir una orden judicial

LA PLATA.- Un juez de esta capital dispuso retener parte de los sueldos del ministro de Desarrollo Social bonaerense y del secretario de Desarrollo Social de la municipalidad local por haber "incumplido parcialmente" una orden para proteger a un grupo de chicos de la calle.

Además, pidió a la justicia penal que investigara si al no acatar la medida judicial, los funcionarios no incurrieron en un delito.

Según el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, Luis Arias, al que tuvo acceso LA NACION, reprocha la falta de "funcionamiento de un parador para los menores en situación de calle, el funcionamiento regular y continuo del servicio de atención telefónica, la instrumentación y ejecución de programas, la difusión de los derechos del niño y la presentación de informes periódicos".

Según la decisión de Arias, se trata de la efectivización de un apercibimiento que implica "la retención de toda retribución que perciba el ministro de esa área, Daniel Arroyo, hasta cubrir la suma de 800 pesos diarios, desde el lunes pasado, y hasta el cese de la renuencia administrativa".

La sanción también alcanza al secretario de Desarrollo Social platense, Juan Pablo Crusat. En este caso, el juez dispuso retener "hasta cubrir la suma de 200 pesos diarios, desde el 29 de abril pasado, y hasta el cese de la renuencia administrativa".

Los funcionarios deberán depositar el dinero en una cuenta a nombre del magistrado para ser usada en beneficio de los menores.

Según el fallo, "las medidas que aquí se disponen no podrán exceder el 20 por ciento de los salarios que los citados funcionarios perciban. Superado ese tope, los descuentos respectivos serán deducidos de los haberes correspondientes a los períodos sucesivos".

Se aclara, asimismo, que de no cumplirse esta medida se aplicará la misma sanción "al funcionario responsable de practicar las liquidaciones de haberes del personal de la Gobernación y de la Municipalidad de La Plata".

Si el incumplimiento sobrepasara los 30 días, la retención alcanzará al intendente y al gobernador, pero por el doble del importe.

Ayer, voceros del Ministerio de Desarrollo Social provincial distribuyeron un comunicado en el que aseguraron haber "demostrado efectiva asistencia a los niños a través de diversos programas y servicios".

Además, calificaron de "desproporcionadas" e "improcedentes" las medidas requeridas por el juez de quien sostuvieron: "Arias pretende direccionar la política pública arrogándose funciones propias del poder ejecutivo".

"Se deja aclarado que el poder ejecutivo provincial no ha incumplido con la asistencia a las personas menores de edad, cuyos derechos se pretende proteger a través del amparo", se indicó.

En noviembre de 2008, el juez Arias hizo lugar a un amparo presentado por unas organizaciones defensoras de la niñez, encabezadas por la Asociación Civil Miguel Bru, y dispuso, con carácter cautelar, una serie de medidas "dirigidas a brindar una urgente protección y resguardo de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de calle dentro del radio de la ciudad de La Plata", al ordenar a la administración provincial y, subsidiariamente, a la administración municipal que "destinen todos los esfuerzos humanos y presupuestarios para cumplir con las siguientes prestaciones, en el ámbito de la ciudad".

Exigencia

Arias exigió, en un plazo máximo de diez días, la creación de un parador abierto las 24 horas con psicólogos, médicos y especialistas en adicciones; un servicio especial para niños en situación de calle en el Hospital de Niños platense, la ampliación del plantel de "operadores de calle" y la habilitación de una línea gratuita para alertar sobre casos de chicos de la calle, además de la instrumentación de programas de atención integral.

Pasado el tiempo, y ante denuncias de las ONG, el juez pudo constatar que la mayoría de las medidas solicitadas no fueron adoptadas tal como él las había requerido.

Seguimientos de los casos

• En su fallo de noviembre pasado, el juez platense Luis Arias también instó a la apertura de expedientes por cada caso para conformar un archivo y poder realizar un seguimiento exhaustivo de la situación del grupo de chicos que viven en la calles de la ciudad de La Plata.

Por Pablo Morosi

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