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Riachuelo: la Corte criticó las demoras en el saneamiento
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Cuatro veces seguidas Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia, formuló la misma pregunta: "¿Cuánto van a tardar en cumplir la sentencia?". La insistente indagación era dirigida a Dorina Bonetti, titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), para que precisara cuándo se cumplirá la orden de sanear la cuenca más contaminada del país.
Pero en vez de obtener como respuesta una fecha -al menos aproximada-, Lorenzetti solo recibió de Bonetti vaguedades, intrincados circunloquios y expresiones de buena voluntad.
Lejos de tratarse de la única imprecisión registrada en la audiencia pública celebrada ayer ante la Corte para determinar el grado de cumplimiento de la sentencia, fueron muchísimas las preguntas respondidas con imprecisiones por representantes de la Acumar, el organismo tripartito integrado por los Estados nacional, bonaerense y porteño.
En 2008, como respuesta a la causa "Mendoza", que dio origen a este mecanismo, el máximo tribunal ordenó recomponer el daño ambiental de la cuenca, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir nuevos perjuicios.
Pero ya en sus palabras preliminares Lorenzetti explicó que se contaba con indicios sobre incumplimientos serios en las obligaciones de la Acumar, según se desprendía de un informe de la Auditoría General de la Nación, que denuncia inestabilidad en el desarrollo del plan y subejecuciones presupuestarias. Los jueces se concentraron en señalar atrasos en la creación de viviendas y en la eliminación de basurales, demoras en la recabación de datos e incumplimientos en varios plazos.
Aunque admitió demoras en el período 2016, Bonetti destacó que el año siguiente se registraron avances significativos. De las 17.771 soluciones habitacionales previstas, por el momento fueron entregadas 3902; 4880 están en construcción.
"¿Son conscientes de que en diez años se cumplió solo con el 22% de las viviendas que debían ejecutarse?", preguntó el juez Juan Carlos Maqueda. Y cuando Lorenzetti indagó cuánto falta para terminar todas las viviendas, el director nacional de Vivienda Social, Ramiro Masjuan, contestó: "Tendría que agarrar la calculadora". Luego hizo una cuenta en el aire y respondió que unos seis años. A lo que Lorenzetti inquirió: "¿Acaba de hacer la estimación ahora? ¿No es demasiado precario? ¿No debería haber acuerdos firmados?".
Bonetti adjudicó las demoras a que las ejecuciones son más complicadas de lo estimado en el plan inicial, y calculó que para 2019 estarían relocalizados el 100% de los vecinos de la villa 21-24, de Barracas, uno de los barrios más afectados.
La jueza Elena Highton de Nolasco mostró su preocupación por denuncias que recibió el tribunal sobre la baja calidad constructiva de algunas nuevas viviendas: "No tienen servicios básicos: cloacas, gas, luz... ¿Cómo puede ser?".
Tras la audiencia, Andrés Nápoli, integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) -una de las ONG encargadas de controlar los avances del plan- denunció falta de voluntad política: "En nombre de la provincia de Buenos Aires expuso una funcionaria de bajísimo rango: una asesora de la Subsecretaría de Hidráulica".
En efecto, cuando esa funcionaria se presentó para exponer ante el tribunal, Lorenzetti no ocultó su sorpresa. "¿Asesora de una subsecretaría?", le preguntó con algún desconcierto, y apenas la escucharon un minuto.
Entre los déficits más importantes del plan, Nápoli mencionó los problemas para controlar la contaminación industrial, la permanencia de basurales a cielo abierto y el retraso para entregar las nuevas viviendas. Sin embargo, mencionó algunos avances: "Se mejoraron el acceso a la información y la limpieza de los márgenes". Aunque calculó que del total del plan recién se ejecutó, "como mucho", el 25% del total. Nápoli agregó que cuando la Corte se expida podría fijar sanciones a funcionarios.
"El gobierno porteño es un mentiroso serial. Las relocalizaciones deberían haber estado listas en 2013", se indignó Mario Gómez, que tiene su casa sobre el camino de sirga de la villa 21-24, en Barracas, espacio que debe ser liberado.
Aunque la Acumar admitió que en 2016 se ejecutó solo el 54% del presupuesto, aclaró que, en 2017, la cifra se elevó al 95%, y que para 2018 se estima el mismo valor.
Lorenzetti consideró que el entusiasmo no alcanza: "Siempre se les echa la culpa a los funcionarios anteriores. Pero si hicieron las cosas mal, ¿por qué no hubo una demanda penal? Cada funcionario nuevo establece otros plazos".
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