Robaron en el Congreso documentos sobre Cabezas

Documentos considerados "sensibles" sobre la marcha de la investigación por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas fueron sustraídos anteanoche del despacho del diputado peronista Miguel Angel Toma.

Según denunció el legislador, titular de la comisión de seguimiento a los organismos de seguridad, que investiga el asesinato del reportero gráfico de "Noticias", los documentos fueron copiados de su computadora y después borrados de la memoria del sistema. Además de los datos sobre Cabezas, fueron sustraídos antecedentes sobre un proyecto de ley para regular la actividad de las empresas de seguridad y otros sobre una futura ley antimafia.

La comisión que preside Toma había escuchado en reuniones reservadas el testimonio del director de Noticias, Héctor D`Amico; del titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y del ministro del Interior, Carlos Corach, cuyos testimonios fueron sustraídos así como las recomendaciones que la comisión impartiría a los responsables de la investigación.

En tanto, el secretario de seguridad bonaerense, Eduardo De Lázzari, aseguró ayer que en el corto plazo se revelarán los resultados de una investigación a la que son sometidos policías bonaerenses, entre ellos, como anticipó ayer La Nación, un alto jefe que se desempeñó en la zona del asesinato.

Además, la fiscal de la Cámara de Apelaciones de Dolores pidió que el FBI realice un nuevo peritaje sobre el arma secuestrada en Mar delPlata y que según la policía habría sido con la que se dio muerte a Cabezas En tanto, dirigentes de la oposición se retiraron disgustados y defraudados de una reunión con Corach, y aseguraron, ante bla falta de datos concretos, que las autoridades nacionales y provinciales "mantienen una actitud complaciente pasiva" con realción a la investigación del crimen.

Robaron informes al diputado Toma

Desconocidos: entraron en el despacho del legislador del PJ y sacaron datos de su computadora, algunos sobre el crimen de Cabezas.

"Quienes ingresaron en el despacho no tenían el objetivo de robar. Lo que buscaban era la información almacenada en mi computadora". Para el diputado Miguel Angel Toma (PJ), no había otra explicación ante el despojo que padeció anteanoche, a las 21.49, en su despacho de la Cámara de Diputados.

Pese a que los autores de la operación copiaron los datos y los borraron de la memoria de su computadora, el legislador recuperó íntegramente el material mediante un procedimiento informático.

En su carácter de titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento a los Organismos de Seguridad e Inteligencia, en su ordenador el diputado tenía datos que consideraba "sensibles" relacionados con las recomendaciones que el cuerpo impartiría a los responsables de la investigación del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas.

Sin embargo, también había documentos sobre todos los antecedentes incorporados a su proyecto de ley de un nuevo marco regulatorio de las empresas de servicios de seguridad privada, que Toma presentó el viernes 7 de febrero: relaciona el robo con las amenazas telefónicas que desde ese día, a las 18, registró su teléfono celular. Consistían en cintas grabadas con música clásica y mensajes como "te vamos a reventar" o "vas a ser boleta".

"Todos sabemos cómo trabajan las empresas de seguridad privada; no aceptan ningún tipo de control", expresó con suspicacia un colaborador de Toma.

La comisión bicameral se reúne hoy para emitir un documento sobre el análisis anual de los organismos de seguridad e inteligencia.

Opiniones encontradas

En el Congreso, fuentes allegadas a la cúpula del PJ minimizaron el robo del despacho de Toma. Algunos lo consideraron "una fantochada".

Sin embargo, el radical Enrique Mathov, miembro del comité, consideró "muy grave" el episodio: "No hay que subestimarlo. Ellos se ríen para eludir su responsabilidad en el desborde que padece el Gobierno en el tema de seguridad interior. No es una fantochada que estemos ante grupos organizados que delinquen: el caso de Cabezas, la AMIA, el ataque a la casa de Eduardo Menem y ahora esto. Es muy serio", afirmó con contundencia.

Entre los archivos desaparecidos, existía documentación valiosa para la elaboración de un futuro proyecto de ley antimafia. Entre otras cosas, se trataban temas vinculados con el desarrollo de nuevos mecanismos de lavado de dinero.

Corrieron igual suerte archivos en los que el legislador almacenaba información sobre el proyecto de ley de aeropuertos, como así también borradores sobre la reestructuración de las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

Historia de sustracciones

El robo al despacho de Miguel Angel Toma no es el primero ni el único ocurrido en la Cámara de Diputados. Desde hace tiempo, muchas han sido las protestas que se elevaron a raíz de las sustracciones que se registraron en distintas oficinas, tanto del Palacio como del anexo de la Cámara baja.

Toma, con gesto indignado, amenazó con plantear este problema en el bloque de diputados de su partido. Para él, resulta inconcebible que estos hechos ocurran con demasiada repetición en uno de los organismos donde -supuestamente- mayor seguridad debería existir.

Quienes recorren asiduamente los pasillos de la Cámara baja no dudan en afirmar que la inseguridad dentro el Congreso es preocupante. No sólo se robaron informes, sino también dinero y elementos de trabajo.

La seguridad en el Congreso está a cargo de un cuerpo de vigilancia, controlado por la secretaría administrativa del Parlamento e integrado, en gran parte, por empleados retirados de las fuerzas de seguridad. Ellos deben exigir, tanto a visitantes como a periodistas, su documentación.

Admiten que investigan a un comisario

El secretario De Lázzari reconoció que tres policías forman parte de una de las hipótesis de la pesquisa por el crimen

DOLORES.-El secretario de Seguridad bonaerense, Eduardo De Lázzari, afirmó ayer que "a corto plazo" se revelarán los resultados de una investigación a la que son sometidos policías bonaerenses, entre ellos un alto jefe, que se desempeñó en la zona del crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas, ocurrido el 25 del mes último en Pinamar.

De tal manera, De Lázzari confirmó la primicia de La Nación publicada ayer, acerca de que se estaba investigando a un comisario retirado que residía en Mar del Plata.

"Los recientes movimientos de efectivos policiales y las prescindibilidades dictadas contra algunos de ellos, no terminarán ahí porque no ha concluido el análisis y cada día se profundiza más", aseguró el funcionario.

La posible vinculación entre el alto jefe policial, que es investigado por su eventual relación con los cinco sospechosos detenidos en Mar del Plata por su presunta participación en el asesinato de Cabezas, pareció consolidarse luego de que un allegado a la investigación informara a La Nación que este oficial habría intervenido en las pesquisas que llevaron a la detención de Margarita Di Tullio, alias "Pepita la pistolera", en 1985, acusada de ser la autora de un triple homicidio.

Como se recordará, en aquella oportunidad, Di Tullio, hoy imputada de ser la instigadora de la muerte del reportero gráfico de la revista Noticias, baleó y dio muerte a Omar Córdoba y a los hermanos Alejandro y Mariano Losada, los que, según los testimonios de la época, ingresaron en el domicilio de la mujer con el propósito de cobrarle una deuda.

Asimismo, trascendió que en la zona de Sierra de Los Padres, situada a unos 16 kilómetros del casco urbano marplatense, funcionaría un polígono de tiro, a la vez que la fuente consultada reveló que el ex policía sospechado poseería una importante colección de armas del más variado calibre.

Policía y terrateniente

Por otra parte, trascendió que el oficial sería propietario, además, de varios establecimientos agropecuarios en esta zona.

Esta circunstancia resulta muy llamativa lo que para los investigadores, dado que el comisario retirado su situación patrimonial al ingresar a la fuerza "no era la más floreciente", como la describió la fuente consultada.

Y esta es una de las líneas de investigación a la que apuntarían los responsables del denominado "Caso Cabezas", ya que la sospecha de "enriquecimiento ilícito" que pesa sobre el alto oficial podría vincularlo con maniobras delictivas cometidas en convivencia con delincuentes comunes.

Además, la trayectoria del policía durante su paso por la fuerza bonaerense incluye una prisión preventiva por "omisión a la persecución de la delincuencia", cuando se encontraba al frente de la instrucción del caso de la célebre "Superbanda", episodio en que se lo vinculó a maniobras ilícitas de las que también habrían tomado parte el ex juez Guillermo Vallejo y el abogado Hugo Sala, actual defensor de Margarita Di Tullio.

Tampoco descartarían los sabuesos la denuncia efectuada por una mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, la que habría conocido al policía cuando éste se encontraba al frente de la Brigada de Investigadores marplatense, hace unos seis años.

Si bien los dichos de la mujer son analizados con mucho cuidado, pudo saberse que acusó al ex comisario de "haber organizado el operativo que finalizó con la muerte de Cabezas".

Cabe recordar que desde el crimen del reportero gráfico hay 14 policías que separados de sus cargos o exonerados por presuntas irregularidades cometidas en la primera etapa de la investigación del homicidio.

Entre los efectivos separados de sus cargos se encuentran los ex comisarios de Pinamar y de General Madariaga, Alberto Pedro Gómez y Mario Aragón, respectivamente.

Hermanos buscados

Por último, los responsables de la investigación de este caso admitieron que en Villa Gesell se busca afanosamente a dos hermanos con apellido Ginepro o Ginestro.

El aspecto de ellos coincidiría con la descripción realizada por los empleados de una estación de servicio de esta localidad, establecimiento en el que los individuos habrían comprado kerosene la madrugada en que fue ultimado Cabezas.

Pidieron otro peritaje del arma

DOLORES.- La fiscal de Cámara pidió la ampliación del peritaje que realizó la Policía Bonaerense sobre el arma presuntamente usada en el asesinato de José Luis Cabezas y exigió que las pruebas las realice el FBI.

En tanto, el juez en lo Criminal y Correccional N° 3 de esta ciudad, José Luis Macchi, dictaría el lunes próximo los autos de prisión preventiva a por lo menos tres de los cinco detenidos, sospechosos de haber participado del asesinato del fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas, según confirmó una fuente de la investigación.

La resolución recaería sobre Luis Martínez Maidana, presunto autor material del crimen; Margarita Di Tulio, imputada de ser la posible instigadora, y su pareja, Pedro Villegas, sospechado de ser partícipe necesario y señalado por cuatro testigos como uno de los tres sujetos que ocupaba el Fiat blanco estacionado a pocos metros de la residencia del empresario Oscar Andreani en Pinamar el 25 de enero último.

El motivo que podría prolongar el plazo que tiene el juez para resolver la situación procesal de los imputados consiste en que el magistrado haga lugar al pedido presentado ayer por la fiscal de Cámara, doctora María Helena Irignoles de Nazar, quien solicitó la ampliación del peritaje realizado por el Servicio Especial de Investigaciones Técnicas de la Policía Bonaerense (SEIT) en el revólver Colt calibre 32 encontrado en la casa de Martínez Maidana.

Además, la fiscal pidió que el FBI se haga cargo de los nuevos peritajes sobre el proyectil y el arma, "porque dada la repercusión pública del caso apuntamos a lograr mayor seguridad, no desconfiamos de la efectividad, pero queremos estar más seguros".

Declaró Micchi

Ayer a las 4, con la manifiesta intención de evitar a los colegas, el redactor de Noticias y compañero de José Luis Cabezas durante la cobertura que ambos realizaban en Pinamar, Gabriel Micchi se presentó a declarar ante el juez Macchi.

Según señaló una importante fuente judicial, "no aportó mayores datos a los que brindó en su primera declaración. Amplió algunas cosas, pero siempre girando sobre lo mismo", indicó la fuente.

Micchi ya había declarado ante el juez Macchi en tres oportunidades sobre las actividades y los trabajos periodísticos que realizaba en Pinamar con Cabezas. Aunque, salvo la nota sobre los robos en esa ciudad, no habrían encarado ninguna investigación que pudiera convertirse en el móvil del crimen.

Los camaristas

En caso de que el magistrado dicte la prisión preventiva a tres de los cinco detenidos, éstos tienen 72 horas para apelar la resolución ante la Cámara Federal integrada por tres jueces: Jorge Luis Dupuy, presidente; Susana Marian Darling Yaltone, vicepresidente y camarista más nueva, y Raúl Pedro Begue, vocal.

De acuerdo con los abogados del foro local consultados por La Nación, se trata de un tribunal serio, duro y totalmente independiente, con jueces de perfil bajo y que no tienen una marcada uniformidad en sus fallos. Esto significa que han revocado resoluciones de jueces de primera instancia y también confirmaron otras, según su criterio lo indica.

El Código de Procedimientos Penal de la provincia no establece un plazo para que el tribunal superior confirme o revoque las resoluciones de los magistrados de primera instancia, aunque la costumbre indica que una decisión debe adoptarse en breve.

Fundamentos de la preventiva

En el juzgado penal N°3 parecerían estar convencidos de contar con los elementos necesarios para dictar la prisión preventiva de tres sospechosos. Para hacerlo el juez debería tener justificada la existencia del delito y que hubiera semiplena prueba o indicios vehementes para creer que los detenidos son los responsables del crimen.Hasta el momento el juez tiene el arma homicida encontrada en casa de Martínez Maidana, la declaración de un testigo de identidad reservada y el reconocimiento en rueda de detenidos de Villegas.

El círculo comenzaría a cerrarse aunque todavía falta capturar a tres sospechosos más, aunque no hubiera surgido el móvil del homicidio y aunque nadie pueda explicar cómo el arma utilizada en el asesinato con más repercusión de los últimos tiempos pueda aparecer en ña cómoda de un reducidor de autos robados.

La oposición se siente defraudada

Los dirigentes de la oposición se retiraron disgustados y defraudados de la Casa de Gobierno ante la falta de novedades sobre la investigaciones que se desarrollan para dilucidar el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas.

Como todos los martes, desde la semana siguiente al asesinato, ocurrido en Pinamar el 25 del mes último, el ministro del Interior, Carlos Corach, recibe al titular de la UCR, Rodolfo Terragno, al diputado frepasista Carlos "Chacho" Alvarez, y al senador justicialista Eduardo Bauzá.

El encuentro de ayer se efectuó en el Salón de los Escudos de la cartera política y se sumaron el gobernador Eduardo Duhalde, a quien se consideraba clave para los opositores, por cuanto se insistió en días previos que aportaría "datos importantes", y el jefe de la Policía Federal, comisario general Adrián Pelacchi.

Silencio, tras dos horas

Después de dos horas de conversaciones, tanto Duhalde como Bauzá se retiraron de la Casa Rosada en estricto silencio, evitando el contacto periodístico.

Terragno y Alvarez, por el contrario, no dudaron en coincidir en que las autoridades provinciales y nacionales "mantienen una actitud complaciente y pasiva" en relación con la investigación de la muerte de Cabezas.

Rodolfo Terragno advirtió que "no hay hipótesis alternativas ni voluntad de investigar activamente", y cuestionó al justicialismo por "acompañar la línea de investigación del juez (José Luis Macchi) de avanzar sobre la culpabilidad o responsabilidad de los cinco detenidos, con todas las dudas que ello representa".

El titular de la UCR enfatizó que "mi impresión personal es que hay una actitud complaciente y pasiva porque estamos frente a un crimen que es un asunto de Estado".

El diputado Alvarez, por su parte, reclamó airadamente que la investigación judicial debería retomar "la idea de un crimen por encargo o con vinculaciones con importantes sectores cercanos al poder", ya que "la sociedad desconfía abierta y absolutamente de este intento de que una banda de delincuentes comunes sea la reponsable del crimen".

Estuvieron acompañados por los abogados Jorge Maier, Ricardo Gil Lavedra y Jorge Valerga Aráoz.

El juez no quiso relacionar el homicidio con el atentado

PINAMAR.-El frustrado atentado explosivo contra el copiloto del campeón de Turismo Carretera Juan María Traverso, cuyo prinicpal patrocinante es la empresa OCA, propiedad de Alfredo Yabrán según el ex ministro Cavallo, provocó un inocultable nerviosismo entre los responsables de la pesquisa, aunque en sus declaraciones públicas buscaron minimizar el incidente.

Ayer por la tarde en la comisaría de Pinamar se reunieron para cotejar datos el encargado de la investigación policial del asesinato de José Luis Cabezas, con los máximos responsables por la investigación del atentado en contra el piloto Rubén Luis Valentini.

Por decisión de los involucrados, no trascendió lo que conversaron el comisario mayor Víctor Fogelman, que investiga la muerte del reportero gráfico de la revista Noticias, con el juez de Dolores Abel Musomano y el Comisario de Pinamar Amadeo D Angelo, quienes cargan con la responsabilidad de descubrir quiénes pusieron una bomba de trotyl en la ventana del coequiper de Juan María Traverso y amigo de la familia del d presidente Carlos Memen, el pasado sábado por la noche.

Tema no les faltó

Si los asesinos de Cabezas demostraron saberse impunes al elegir secuestrarlo en una cuadra infestada de custodios, los autores del atentado se burlaron de lo que hoy debería ser, por despliegue de efectivos, la ciudad más segura del país.

Si la muerte de Cabezas tuvo elementos rituales que delatan un accionar mafioso y la complicidad casi necesaria de policías de la zona, los autores del atentado se valieron de un material que no usan delincuentes comunes, pero sí conocen los expertos en explosivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

Si Cabezas fue elegido como blanco, no por sus acciones sino por lo que representaba, también es el caso de Valentini.

Si la muerte de Cabezas estuvo marcada por una serie de hechos sospechosos que la policía no ha podido explicar -el cambio de guardia en la comisaría de Pinamar, la elección de la ruta de pesca del gobernador Duhalde para dejar el cadáver, la falta de respuesta a las llamadas que se hicieron delatando la presencia de personajes sospechosos en el lugar donde fue secuestrado el fotógrafo- el atentado de sábado a la noche también estuvo repleto de coincidencias hasta ahora inexplicables.

Según el actor Vícto Sueiro, vecino de Valentini, hacía más de un mes y medio que el piloto no dormía en su casa. Los autores del atentado, entonces, habrían esperado a que apareciera en Pinamar para atentar en contra de su vida.

Y justo esa noche se cortó la luz, entre las 22:30 y las 23:00 en toda la zona norte del balneario, circunstancia que habrían aprovechado los delincuentes para colocar la bomba. Según empleados de la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar (CALP) consultados ayer, en los libros de la empresa figura que el corte se debió a un morseto sulfatado, una causa recurrente para este tipo de inconvenientes. Sin embargo, ningún funciuonario de la cooperadora quiso confirmar el dato.

También llama la atención que el primer atentado con explosivos en la historia de Pinamar se mantuvo bajo secreto durante tres días, a pesar del contacto diario que mantienen decenas de periodistas con autoridades policiales que trabajan aquí. Valentini declaró que la investigación cobró fuerza cuando tomó estado público.

Se apagó la mecha

Quizas el dato más sorprendente es que tras demostrar un alto grado de e sofisticación en la elección del lugar, el momento y el material utilizado, los autores del atentado fracasaron de manera casi infantil por utilizar, en las palabras del juez Musomano, "una mecha que estaba húmeda." El impedimento citado se entiende en un tirador de cohetes en año nuevo, pero no en un experto en explosivos que opera en las narices de los principales expertos de inteligencia del país.

Sueiro, quien dijo que no saber mucho de explosivos pero sí algo de religión, lo explicó en estos términos: "Para mí, fue un acto milagroso." A pesar de las dudas que se acumulan día a día desde el horrible crimen de Cabezas, ayer Fogelman y D Angelo se negaron a contestar las preguntas de los periodistas y Musomano apenas se detuvo un par de minutos ante los micrófonos antes de regresar a Dolores. Aprovechó la oportunidad para minimizar el hecho.

El juez dijo que la explosión no habría hecho volar toda la manzana -como informó un matutino que no es LA NACION- sino apenas un boquete de cuatro metros de diámetro. Valentini, dijo el magistrado, no hubiera muerto porque la bomba fue colocada en la ventana frente a la habitación principal y "él estaba en otra habitación." También señaló que "no podemos aseverar que esto tenga motivaciones políticas." Ni se puede concluir, según el juez, que el atentado estaba dirigido a Valentini, "aunque él esté convencido de eso." Musomano señalo otro blanco posible: "La casa estaba vendida. Los dueños nuevos llegaron al día siguiente."

¿Quién es el dueño nuevo?

"Un empresario que no anda en nada raro" , contestó el juez.

El magistrado también se ocupó de subrayar que Valentini no tenía una relación directa con el empresario Alfredo Yabrán. "Tiene la publicidad de Oca, nada más, no es representante legal de Yabran ni nada," apuntó, dejando en claro que esa posible pista no lo entusiasmaba.

"Esto es una tentativa, nada más," dijo antes de subirse a su automóvil.

"Como no tenemos autores, manejamos un montón de pistas", aseguró.

Por Por Santiago O´Donell

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