Se iba a tratar este miércoles: el municipio de San Isidro pasó para el año próximo el debate del nuevo Código Urbanístico

A poco más de 12 horas de que comenzará la sesión en el Concejo Deliberante en la que debatirían las modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano (COU) de San Isidro, que impulsa la administración a cargo de Ramón Lanús, el intendente informó que extenderán el debate legislativo para las sesiones ordinarias del año próximo. Lo hizo en una carta dirigida a los vecinos. Pero, al cierre de esta nota, según pudo saber LA NACIÓN, se iba a realizar la sesión convocada para este miércoles.

“Escuchamos a los vecinos de San Isidro y decidimos que vamos a extender el debate legislativo, con más instancias para explicar nuestro proyecto, que creemos que es lo mejor para San Isidro”, afirmó el intendente en la carta que difundieron pasadas las 20.30. Y agregó: “Lamentamos que en este proceso haya habido actores que tergiversaron los cambios buscados, implantando temores infundados. Frente a eso, entendemos que nos debemos un debate más profundo en el Concejo Deliberante local con la nueva apertura de sesiones en marzo del año que viene”.

La sesión para debatir la reforma a la norma que regula qué y en dónde se construye estaba convocada para este miércoles a las 12. El despacho del oficialismo, que consiguió la semana pasada cuatro firmas, se debatiría junto a otros dos de la oposición.

“Nuestras convicciones son las mismas: queremos una costa accesible para todos, queremos cuidar la barranca natural, queremos proteger nuestro patrimonio histórico y vamos a seguir apostando al desarrollo urbano de Villa Adelina y Boulogne”, agregó Lanús. Tres de los cuatro puntos que detalla el intendente –la prohibición para construir en la costa, la preservación del área de la barranca y el resguardo de inmuebles con valor patrimonial– eran los que contaban con mayor consenso y estaban incluidos en todos los despachos.

Los concejales tomaron conocimiento del proyecto el 20 de noviembre pasado y seis días después, Manuel Abella Nazar, subsecretario de Planeamiento Urbano de San Isidro, lo presentó formalmente ante la comisión el 26 de ese mes. Para su tratamiento, la gestión de Lanús solicitó que se extienda el período de sesiones ordinarias y esperaban lograr la sanción antes de que terminara el año.

Las explicaciones de Abella Nazar no conformaron a vecinos ni concejales, que asistieron a múltiples reuniones para analizarlo con expertos. Reclamaban “un debate serio”, juntaron firmas para rechazarlo y solicitaban que se extienda el tiempo de tratamiento del proyecto. A partir de ese momento, según dijeron desde el Ejecutivo, hicieron entre una y dos reuniones de vecinos por día, sumando más de 30 encuentros en todo el distrito, con 300 residentes, juntas vecinales, delegaciones, organizaciones de la sociedad civil y cámaras de comercio.

El jueves pasado Abella Nazar volvió a presentarse en el Concejo para explicar los ajustes que habían realizado en la reforma que intentan aprobar luego del debate que se generó y las objeciones de los vecinos. Pero los concejales no habían recibido las nuevas modificaciones, que luego comenzaron a circular por WhatsApp, cuando comenzó la presentación. Las críticas de la oposición, y en coincidencia con el reclamo de los vecinos, giraron entorno a la urgencia por aprobar las modificaciones.

“El criterio fue separar las cosas que son prioritarias e intentar avanzar. Estamos convencidos de que necesitamos avanzar en algunas cuestiones que son urgentes. El municipio hoy está en proceso de desarmar el caso Malloys [allí se iba a desarrollar un proyecto inmobiliario de casas frente al río] que fue desde el punto de vista jurídico muy complejo. Un poco la urgencia tiene que ver con cuestiones que si no logramos ajustar, como la construcción en la costa, podemos tener un riesgo para el municipio”, justificó Abella Nazar hacía solo cinco días.

Retiraron varios de los puntos que despertaron más polémica, como las modificaciones que afectaban a Avenida del Libertador, o la que buscaban modificar los lotes de Las Lomas, Santa Rita y La Horqueta e incorporaron un tope a las modificaciones de alturas. Y avanzarían con aquellos que contaban con más consenso. Tras un intenso debate, y con una importante presencia de vecinos que fueron a presenciarlo, los concejales que integran la comisión acordaron volver a reunirse al día siguiente. Ese viernes no se llegó a un acuerdo para continuar con su estudio y finalmente se presentaron tres despachos –el del oficialismo con cuatro firmas, el que presentó Walter Pérez del possismo que sumó tres, y el del concejal Marcos Díaz de Unión por la Patria, con una– que se debatirían en la sesión de este miércoles.

Pese a que el oficialismo anunció que levantaría su proyecto, según pudo saber este medio, los otros dos siguen en pie hasta que los bloques no decidan lo contrario.

La prohibición para construir en la zona de la costa y preservar el acceso público es, desde hace tiempo, uno de los reclamos de los vecinos. Se oponían a un proyecto inmobiliario de casas frente al río, que había autorizado la anterior administración que encabezaba Gustavo Posse y que, finalmente, se canceló. Pedían que se respete la zona del Parque de la Ribera y que la costa sea abierta y de uso público.

Además de prohibir la construcción en la zona costera, el proyecto del Ejecutivo proponía modificar la normativa vigente para que las reformas de las viviendas existentes en ese área que cuenten con planos aprobados reciban un tratamiento particular.

Todos coinciden en declarar “Área Intangible de Protección Ambiental” los predios en la barranca para preservar “la integridad del relieve y el libre escurrimiento de las aguas, evitando modificaciones topográficas que interfieran con su funcionamiento ecológico, hidrológico y paisajístico”.

Y también acuerdan en modificar la definición de “inmuebles de valor patrimonial” para que cuando busquen cambiar las propiedades que presenten “valores arquitectónicos, patrimoniales, históricos, paisajísticos y/o culturales” deban pasar por una evaluación para establecer los criterios de la intervención. Aunque los tres proyectos presentados fijaron distintas fechas: el oficialismo define que serán todos aquellos anteriores a 1943, mientras que el de Pérez lo marca en 1970 y el de Díaz en 1955.

Ante las quejas de los vecinos, el oficialismo había optado por modificar las unidades mínimas de construcción y los requerimientos de estacionamiento solo en las localidades de Villa Adelina y Boulogne. Buscaban allí “promover el desarrollo urbano” y fomentar la “construcción de viviendas más accesibles para jóvenes”, un punto que también apoya Unión por la Patria.

El proyecto propone una disminución de los tamaños mínimos para las unidades de un ambiente, pasarían a ser de 35 metros cuadrados, y para las de dos, de 45m². La flexibilización de los requisitos para construir cocheras fue uno de los puntos más cuestionados, que ahora se mantendría solo en esta zona.

Si bien desde la intendencia señalaban que este proyecto no modifica ni alturas ni zonas, los opositores denunciaron que se introducían cambios a las alturas permitidas. Ahora, incorporaron “un tope de 10% siempre que eso no implique la creación de otro nivel” en la flexibilización de la altura máxima vigente en las avenidas Santa Fe, Centenario, Andrés y Avelino Rolón y Avenida de Mayo. Aunque los proyectos serán analizados por oficinas técnicas “a fin de determinar su altura máxima”. Este es otro punto que también comparte la propuesta oficialista y la que presentó Unión por la Patria.

Otro de los aspectos que generó polémica fue que la modificación inicial incluía el concepto de “sala de juegos” como uno de los usos permitidos en las construcciones, que podría interpretarse como bingos o casinos. Desde el oficialismo, sin embargo, explicaron que era para incluir salas de escape y ahora se modificó a “salas de recreación”.

“¿Por qué el apuro? Si en dos semanas se mejoró un montón. Yo estoy de acuerdo en algunas de las modificaciones, pero en realidad en el fondo subyacen los vecinos. ¿Por qué lo tenemos que hacer tan rápido? Es una cuestión de sentido común”, planteó el concejal Juan Viaggio (Conservador Popular) en la presentación de Abella.

En esa misma línea opinaron desde Unión por la Patria. “Hubiese estado bueno que los concejales hubiésemos tenido acceso a las modificaciones, porque volvemos al punto inicial. Lo que nos reclamaron todos los vecinos es que los concejales tuviéramos tiempo para verlo. No es caprichoso, fue el pedido que más escuchamos. Si nosotros recibimos recién ahora la modificación en comisión, ¿qué tiempo nos queda?”, dijo Manuela Schuppisser.

“Para nosotros se tendría que postergar para el próximo año, porque modificaciones de esta envergadura del Código, que le cambian la identidad a San Isidro, exigen un estudio exhaustivo que es imposible hacerlo en menos de un mes. No entendemos el apuro del oficialismo en sacarlo entre gallos y medianoche”, señaló María Feldtmann de La Libertad Avanza a LA NACION. La falta de estudios técnicos que evalúen el impacto potencial de las modificaciones es otro de los reclamos de los vecinos.

Por Lucila Marin

• San Isidro

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