San Isidro: denuncias cruzadas en una disputa por la tenencia de un menor

La representación legal de la madre del niño de 8 años que fue entregado la semana pasada a su padre, pese a las denuncias de ella por abusos contra el menor, violencia de género e incumplimiento de la cuota alimentaria, presentó el pedido de juicio político contra la jueza subrogante del Juzgado N° 2 de Familia en San Isidro, Laura Sabrina Citraro, y la fiscal de la UFI especializada en género de San Isidro, Laura Zyseskind.

Familiares y allegados del chico reclaman desde la semana pasada que se restituya al menor con su madre. El caso ocurrido en San Isidro tomó visibilidad luego que se viralizara un video desgarrador en el que puede observarse el operativo donde le es entregada la custodia y la tenencia del niño al padre.

Pese a su resistencia y llanto desesperado, L., el menor de 8 años, fue entregado a A. R., (las iniciales del acusado) denunciado por abusos contra el niño y su hermana, de ejercer violencia de género contra su expareja y por el incumplimiento de la cuota de asistencia y alimentos.

El pedido de recusación contra la jueza y la fiscal se dio luego de hacerse efectiva la medida de tenencia unipersonal al padre del menor. La defensa de la madre alegó contra Citraro “prejuzgamiento” y “afectación de la garantía de imparcialidad”, pero sobre todo se presentó el pedido de recusación por “no haberse tenido en cuenta en todo el proceso la situación y el deseo del menor”.

En el caso de la fiscal Zyseskind la defensa de la madre a cargo del abogado Daniel Mercado argumentó una “falta de confianza”.

“La recusación se funda en la existencia de razones legítimas para considerar que existen circunstancias suficientes que, por su gravedad, afectan los principios de la objetividad, legalidad y oficialidad de la magistrada que pretendemos apartar”, se aclaró en el documento judicial presentado por la defensa. “Asimismo el accionar de la Sra Agente Fiscal ha violado y lesionado la totalidad de los derechos del niño y de toda la normativa vigente conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño”, se agregó.

Las denuncias que la madre de L. hizo se remontan desde 2015, 2017, 2018 y 2020. “La última fue porque me amenazó que me iba pegar un tiro en la cabeza. Durante la pandemia empezó a desobedecer las perimetrales, a buscar a L. cuando no le correspondía. Trepaba el portón de la casa, me hostigaba por mensajes. Un mal menor en comparación de cuando se ponía a patear la puerta. Él sabía siempre dónde estaba y me amenazaba”, había revelado la madre del niño a LA NACION.

Es a raíz de este hostigamiento que la mamá del menor fue a la UFI especializada en género de San Isidro e hizo una denuncia ante la fiscal Zyseskind.

Sin embargo, Zyseskind sostuvo que las veces que citaron a la madre a realizar una declaración testimonial, o presentar documentación de respaldo que acreditara su denuncia, se negaba a hacerlo. “En este caso a pesar de todo lo que pusimos de nosotros no pudimos acreditar el hecho que ella denunció y sí pudimos acreditar las denuncias del papá”, argumentó a LA NACION la fiscal, recién apartada de la causa.

Por otro lado, Zyseskind explicó que si bien no es habitual tomar “Cámara Gesell” a menores por situaciones que no sean de abuso, en este caso al no contar con testigos que pudieran acreditar el hostigamiento denunciado, desde la fiscalía le pidieron a la mamá de L. que llevara a sus hijos para una serie de entrevistas previas para determinar si los chicos estaban en condiciones de atravesar por una “Cámara Gesell” para dar cuenta de los hechos denunciados por su madre.

“Necesito testigos. En mi experiencia personal soy muy cuidadosa de involucrar a los niños para que no queden entrampados en un conflicto de lealtades entre sus padres. Son excepcionales los casos, pero eso no fue posible porque la mamá nunca apareció con los niños, con lo cual la causa de esas amenazas la archivé”, sostuvo la fiscal.

“Mientras ella hacía la denuncia por amenazas el padre cada vez que no podía ver a su hijo hacía denuncias también”, destacó la fiscal en relación a las infracciones de la ley 2470 que se le adjudicaron a la madre, por “no permitir el contacto” y “mudarse sin aviso”.

El padre presentó una “búsqueda de paradero” y el juzgado le realizó una imputación por desobediencia” al calificarla de “obstruccionista”. Según la madre de L. todas las situaciones de hostigamiento denunciadas la llevaron a temer por su vida y la de sus hijos, además de L. ella tiene una hija de 15 años de una relación anterior.

Según aclaró la mujer, ella dejó asentado en la UFI especializada en género de San Isidro que se radicaría en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y remarcó que pidió ante las autoridades que dieran aviso de su movimiento al Juzgado de Familia. No obstante, la fiscal negó cualquier tipo de aviso.

En tanto, la abogada del padre del niño, Liliana Bolatti, aclaró a LA NACION que se desestimaron todos los hechos denunciados contra su cliente y dijo que eran falsos. “No se ajustan a la realidad jurídica porque el cuidado unipersonal que se le otorgó al padre el 18 de marzo está fundamentado y fundando en cantidad de resoluciones que tienen que ver con un incumplimiento de la madre y con el riesgo físico, emocional que tiene el chico. A. R. no está procesado por ningún delito ni la madre nunca denunció daños físicos hacia el chico”, resaltó la letrada en relación a la causa tratada en el Juzgado N° 2 de Familia en San Isidro, a cargo de Laura Sabrina Citraro, la jueza recientemente recusada,

Y sobre ello, precisó: “La denuncia de abuso, entonces, es del 17 de marzo cuando ya estaba resuelto el cuidado unipersonal para el padre que iba ser llevado a cabo incluso con auxilio de la fuerza pública”. Además, la abogada apuntó contra la defensa de la madre por violar el bozal legal que se interpuso en relación al caso, puntualmente sobre las causas judiciales que están en trámite, y al menor implicado.

“Entre otras cosas, la medida se ordenó para preservar la salud del niño que estando bajo el cuidado exclusivo de su madre mostró haber aumentado muchos kilos, tener dificultades respiratorias y de desborde emocional. Toda esta información fue aportada por la psiquiatra de la madre y constatada por el equipo técnico del Juzgado. Sumado a la falta de escolaridad desde julio de 2020, lo que se encuentra debidamente acreditado en los expedientes”, detalló.

En tanto, la causa pasará ahora a manos del Juzgado N° 6 de San Isidro, mientras que la defensa de la madre exige la restitución urgente del menor, a quien dicen no escucharon. Y es por ello que en una de las marchas realizadas en San Isidro solicitaron la intervención de la defensora nacional de niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham, para que actúe de oficio. Al igual que pidieron la de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta.