San Martín: juicio a 35 ex funcionarios

Comenzó ayer en San Martín un juicio que se destaca por dos peculiaridades: ser el debate con mayor cantidad de imputados, 35, desde la vigencia del nuevo código procesal bonaerense en San Martín, y tener como acusados sólo a políticos, dos ex intendentes (Antonio Libonatti y Pablo Landolfi), un ex secretario de Economía de aquel municipio, 31 ex concejales y el actual presidente del cuerpo legislativo del partido, José María Fernández (PJ).

Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que en la primera de las 15 audiencias previstas los fiscales Raúl Sorraco, Ana Armetta, Mónica Rodríguez y Laura Leiva pidieron que los ex funcionarios fueran juzgados por fraude a la administración pública en concurso ideal con abuso de autoridad, ambos por haber refinanciado, entre 1996 y 1998, una deuda de $ 5.931.384,40 con la constructora Victorio Gualtieri SA (Vagsa) -por un contrato de repavimentación de 1993- hasta llevarla a $ 20.249.088 cuando, según la Justicia, y en función de una ley provincial vigente, esa deuda era de $ 10.935.202,63, de los cuales el municipio ya había pagado 5.389.807,48 pesos.

A su turno, las defensas de los acusados (representadas por 14 abogados particulares) pidieron que se declarara la nulidad de un informe presentado por el perito oficial sin la firma de los peritos de parte. Sobre este punto, la fiscalía plantea que se trata de una extensión del peritaje central, mientras que las defensas sostienen que se trata de un nuevo peritaje.

Como segundo punto, algunas de las defensas plantearon la eventual inconstitucionalidad de la ley 11.752 -de saneamiento financiero de los municipios-, en función de la cual, precisamente, la deuda consolidada de San Martín con Gualtieri era de casi la mitad de lo que los ahora acusados aprobaron entre 1996 y 1998 con sendas ordenanzas.

Esas cuestiones serán resueltas por los jueces del Tribunal Oral Nº 6 mañana, antes de que declare como testigo el actual intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus. El caso comenzó, precisamente, cuando Gualtieri denunció a Ivoskus por fraude por desbaratamiento de derechos acordados y abuso de autoridad. Es que el intendente se negó a responder con los fondos públicos a los pagarés del municipio que la constructora había entregado al Banco Provincia a cambio de su propia deuda.

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