Sospechas de contrabando de fauna en Corrientes: un inspector, cazadores brasileños y un circuito bajo la lupa
Freeland International advirtió sobre viajes organizados por influencers con supuesta “colaboración” oficial; testimonios y múltiples causas judiciales
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En enero pasado, la organización Freeland International, especializada en la investigación de redes de tráfico de fauna, recibió una alerta que puso el foco en Corrientes. Desde abril de 2025, un grupo de cazadores e influencers extranjeros comenzó a promocionar viajes de turismo cinegético [caza deportiva] hacia la localidad de Sauce, uno de los principales polos provinciales de esta actividad.
Según la información relevada por esta organización, esos cazadores no solo organizan las excursiones, sino que también aseguran contar con “la colaboración” de un “inspector local de vida silvestre”. En coordinación con este funcionario, se encargarían de garantizar que los animales cazados sean exportados como “trofeos” sin inconvenientes hacia los países de origen de sus clientes.
La taxidermia es el oficio que se encarga de tratar animales muertos para conservarlos. Para lograrlo, se extraen sus órganos internos y se rellena el cascarón de piel y hueso. También se aplican químicos en el pelaje y la piel para evitar su deterioro. Luego se les incrustan ojos de vidrio o plástico para darles apariencia de vida.
Para poder transportar los “trofeos”, los cotos de origen deben contar con registro y habilitaciones de las autoridades provinciales. Si se quieren exportar a países como Brasil, Estados Unidos o España, además, se requiere la aprobación de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Sauce no cuenta con ninguna de estas habilitaciones para sacarlos del país. Así lo pudo corroborar LA NACION a través de un pedido de acceso a la información.
Un mes después de que esta información llegara a Freeland International, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) dentro de la Procuradoría General de la Nación (PGN) abrió una carpeta de investigación por sospechas de contrabando a partir de un pedido de la Policía Federal, tras detectar posibles funcionarios implicados en la presunta operación.
En Sauce existen un inspector de flora y fauna de la Dirección Provincial de Recursos Naturales, uno que fue señalado por múltiples fuentes consultadas –vinculadas tanto al turismo cinegético como al gobierno nacional– como un actor clave dentro de este presunto esquema de contrabando.
Su nombre es Diego Miguel Ruiz Díaz y trabaja ad honorem. Tiene además un negocio de aberturas de ventanas en Sauce. Hace menos de cinco años era conocido por ser cazador furtivo en la zona y fue catalogado así por su superior, el director de Recursos Naturales de la provincia, Agustín Portela, en diálogo con LA NACION. “Varios lo son. Saben perfectamente dónde están las trampas y anomalías en ese mundo”, justificó.
El inspector señalado
Antes de ser funcionario, Ruiz Díaz tuvo una carnicería donde vendía ciervo rojo, que luego fue clausurada por no tener aprobación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). En sus redes sociales se muestra como un amante de la pesca y de la caza, además de ser un ferviente promotor del radicalismo correntino del gobernador Juan Pablo Valdés.
Su momento de mayor presencia mediática fue en las elecciones presidenciales pasadas, cuando protagonizó una celebración peculiar del triunfo libertario: disparó al suelo al son de un “Vamos Milei, carajo”. Cuatro fuentes vinculadas al mundo de la caza en Sauce y localidades cercanas describieron a este funcionario como “abusivo” y “extorsivo”. Varias irregularidades han sido reiteradamente denunciadas incluso ante la justicia provincial.
Consultado por LA NACION por estas acusaciones, Ruiz Díaz explicó que desde que es inspector en 2021 ha recibido una serie de acusaciones del mundo cinegético local. “Hace cuatro o cinco años que estoy en esto. Al principio me volvía loco, porque te dicen: ‘Vos sos esto, vos sos lo otro’. Acusan, acusan, y después resulta que no pasa nada porque era toda mentira”, añadió.
Nueve denuncias
Entre 2022 y 2025, Ruiz Díaz acumuló nueve causas de acuerdo a información de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos de la localidad vecina de Curuzú Cuatiá, varias de ellos son delitos simples, aunque hay otras más graves. Los hechos incluyen abuso de autoridad, detenciones injustificadas, depositario infiel, incumplimiento de deberes, hurto, lesiones leves y asociación ilícita. Si bien fue absuelto en una de estas, el resto permanece en trámite.
El abogado de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia, Diego Diratchette, minimizó las denuncias. Agregó que son parte de una especie de organización coordinada de cazadores disconformes, pero que simplemente buscan manchar la imagen de la dirección. Lo planteó como una suerte de confabulación y advirtió que tienen identificados a todos los participantes. LA NACION le consultó si tomarían medidas legales, a lo que respondió que no. “Esperamos que todas las causas se caigan por su propio peso”, justificó.
El letrado consideró que varios de los expedientes serían archivados. Según él, uno de ellos –y el más grave de todos– es el de asociación ilícita. Consultados por este caso, desde la fiscalía de Curuzú Cuatiá negaron que vaya a ser archivado próximamente.
Ante la consulta, Ruiz Díaz dijo estar en conocimiento de una de estas denuncias, aunque luego agregó una segunda. “A mí, para que yo tenga una denuncia, me tienen que notificar. Yo no tengo ninguna notificación”, aseguró. Y añadió: “Yo fui solamente notificado cuando tuve el juicio con el tema de las astas, donde salí absuelto; perdieron el juicio”.
Por “astas” se refiere a un caso ocurrido en 2021, cuando en una requisa el inspector confiscó 582,8 kilogramos de astas de ciervo rojo [Axis axis] que tenían como destino final China y que, según fuentes del sector, estarían valuadas en alrededor de US$5000.
En los últimos años, este negocio se convirtió en un ingreso cada vez más relevante en provincias como Corrientes. Solo los locales habilitados pueden acopiar y transportar astas de “volteo”, es decir, aquellas que caen naturalmente. En el caso de Sauce, y de acuerdo con el expediente judicial al que LA NACION tuvo acceso, 71 de esas provenían de la caza furtiva.
Si bien esto está prohibido, la ley provincial lo considera una falta administrativa, por lo que el secuestro se resolvería con una multa. Sin embargo, según testimonios presentados ante la Justicia, las astas confiscadas se vendieron, lo que para la fiscalía constituía una violación de las atribuciones del funcionario.
De acuerdo a lo que dijo a LA NACION Ruiz Díaz, él hizo entrega de las astas a la Dirección de Recursos Naturales de la provincia y se desentendió. Desde esa oficina tampoco revelaron el destino de la venta y el juez absolvió al inspector por “falta de pruebas”. Al parecer, la fiscalía no había encontrado la documentación original que daba la trazabilidad del depósito. Ante la consulta, Agustín Portela dijo no recordar a quién fueron enviadas, ni siquiera que habían sido vendidas.
“No quiero hablar porque no me acuerdo de la causa”, reconoció, aunque aclaró: “Una vez que pasa el tiempo que determina la Justicia, procedemos a la destrucción”. Sin embargo, en este caso no se destruyeron.
Diratchette explicó que las astas se fueron vendiendo a distintos acopiadores y que, en realidad, es una facultad que tiene la provincia. En rigor, la ley es bastante amplia en ese sentido, ya que estipula que pueden “dar a los productos y animales comisados el destino que más convenga”.
Sobre las ganancias de la venta tampoco hay trazabilidad. Lo único que se sabe es que se vendieron y que, de acuerdo con la disposición provincial 1305/23, que reforma la ley de caza y conservación de la fauna silvestre de Corrientes, el dinero debe ir directamente a un “Fondo para protección y conservación de la fauna”, un depósito de uso exclusivo de esa dirección, y que, según Portela y lo que la ley estipula, se utiliza para infraestructura y operativos. A este fondo también va el pago de todas las multas que los inspectores aplican en la provincia por irregularidades como caza furtiva, uso de miras nocturnas o silenciadores, o falta de permisos en regla.
Otras denuncias
De acuerdo con fuentes vinculadas al turismo cinegético en Sauce y alrededores, los permisos se tramitan a través del portal de internet de la provincia, aunque, en última instancia, avanzan o no según la relación que tengan con Ruiz Díaz. “Si vos querés cazar y no tenés un campo, hablás con él y te facilita el proceso. Te da los permisos de caza y los registra como si fuera habilitado”, describió un abogado rural que lleva varias causas vinculadas a la caza y que pidió no revelar su nombre.
Fabio Ávalos, dueño del coto La Alemana en Sauce, afirmó en diálogo con LA NACION que desde que inició su actividad ha sido hostigado por Ruiz Díaz. “Poco después de que entré a ese coto, llegó y me dijo que quería llevar a sus cazadores. Pero yo no lo dejé. Entonces me dijo que yo no podía cazar ahí. Yo le respondí que tenía todos los permisos. Él me pidió el 20% o 30% de las ganancias”, describió. Entre ellos hay una disputa judicial, ya que se enfrentaron en reiteradas ocasiones, incluso hasta llegar a los golpes, lo que derivó en un proceso judicial por lesiones leves en la provincia que aún sigue en curso.
Todas las fuentes consultadas vinculadas a la cacería en Sauce señalaron que Ruiz Díaz ha facilitado permisos a dos cotos que en sus redes sociales muestran an influencers y cazadores extranjeros promocionando el turismo cinegético en la localidad. Estos son los negocios investigados por Freeland International. En sus páginas no solo muestran la caza del ciervo colorado, que está permitida dentro de cotos, sino que también aparecen con armas con silenciadores o miras nocturnas, cuyo uso está prohibido en el país.
El inspector afirmó que es común que los cazadores cometan estas infracciones. “Después los cotos pagan y pueden seguir”, aclaró. Reiteró, además, que el motor de estas “infundadas acusaciones” es fruto de su trabajo férreo. “El que anda mal es el que acusa. Yo hago mi trabajo como corresponde. El cazador furtivo es el que le va a decir estas cosas de mí”, advirtió.
Portela defendió a su inspector y sostuvo: “Quizá no tiene una formación académica de lo que es un inspector, pero tiene el conocimiento empírico y sabe perfectamente las anomalías y todas las trampas que uno puede hacer”.
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