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Tragedia de Cromañón: qué pasó con el boliche donde murieron 194 personas
El objetivo de sobrevivientes y familiares de víctimas es crear en el lugar una muestra permanente que dé cuenta de todo lo ocurrido el 30 de diciembre de 2004
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LA NACION
Tras la Tragedia de Cromañón, el boliche ubicado en el barrio porteño de Once no volvió a abrir sus puertas. Hace un año se aprobó una ley que expropia el local y que busca convertirlo en un espacio para la memoria. Alberto Fernández impulsó su reglamentación durante sus últimos días como Presidente de la Nación.
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De esta forma, quedó definido el destino del local, donde el 30 de diciembre de 2004 murieron 194 personas y más de 1500 sufrieron heridas luego de que se produjera un incendio durante un recital del grupo de rock nacional Callejeros. El fuego, originado por una bengala que incendió parte del techo, dio comienzo a la mayor tragedia no natural de la historia argentina.
Pero el fuego no fue el único culpable: en el local había 3500 personas, muy por encima del máximo de 1031 habilitado por el Gobierno porteño, que había concedido la licencia en base a planos que no coincidían con la arquitectura del lugar. El croquis marcaba una puerta donde había una pared, no funcionaban los matafuegos ni la manguera de incendios y tampoco había plano de evacuación.
Por eso, el juicio posterior determinó responsabilidades en varios ámbitos: el dueño de Cromañón, Omar Chabán, fue condenado a diez años y nueve meses; también recibieron penas los miembros de Callejeros: siete años para el cantante Patricio Santos Fontanet, seis para el baterista Eduardo Arturo Vázquez, y cinco años para los restantes músicos de la banda. El escenógrafo del grupo, Horacio Cardell fue sentenciado a seis años de prisión, mientras que el colaborador de Chabán -Raúl Villarreal- recibió una pena de seis años, todos ellos por los delitos de incendio culposo seguido de muerte y cohecho.
Las condenas también alcanzaron a funcionarios policiales y políticos del gobierno porteño: el subcomisario Carlos Díaz recibió ocho años de prisión e inhabilitación especial por los delitos de incendio culposo, seguido de muerte y cohecho. La exsubsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin y el exdirector general de Fiscalización y Control Gustavo Torres recibieron cuatro años. Por último, la exdirectora general adjunta de la misma dirección, Ana María Fernández, recibió tres años y seis meses de prisión por el delito de omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal con incendio culposo seguido de muerte.
La Tragedia de Cromañón y una ley por la Memoria
Luego de las condenas, para los sobrevivientes y los familiares de los fallecidos, la lucha por la justicia siempre se presentó de la mano de la necesidad de preservar la memoria.
Una de las primeras iniciativas para expropiar República de Cromañón tuvo lugar en 2019, meses después de que el Tribunal Oral Criminal 24 restituyera de manera definitiva el local a sus dueños, los propietarios de la sociedad offshore Nueva Zarelux SA.
Las organizaciones de familiares de víctimas y sobrevivientes se mantuvieron firmes en su propósito y, con la ayuda de la Secretaría de Derechos Humanos, lograron que un proyecto de ley llegara al Congreso.
La ley contó con apoyo mayoritario en Diputados y Senadores y obtuvo la sanción en octubre de 2022. El recinto donde tuvo lugar la tragedia fue declarado “de utilidad pública y sujeto a expropiación”. La propuesta: convertirlo en un espacio dedicado a la memoria.
Las claves de la reglamentación de la ley que convierte República de Cromañón en un espacio para la memoria
En octubre de este año, familiares e integrantes de los distintos movimientos que surgieron tras la tragedia reclamaron que, a 12 meses de la sanción de la ley, la misma aún no se había reglamentado.
El pasado 1° de noviembre, el gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández publicó en el Boletín Oficial el decreto que establece la reglamentación de la ley.
El mismo nombra al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como “sujeto expropiante del inmueble”. Entre otras cosas, hace mención de “efectivizar el uso” de la propiedad de manera inmediata.
El decreto crea también una Comisión Administradora del predio que está formada por miembros del Ministerio, de la Secretaría de Derechos Humanos y de las distintas organizaciones de sobrevivientes y familiares de víctimas.
Esta Comisión se encargará de la administración del espacio dedicado a la memoria. La idea es crear una muestra permanente que refleje lo ocurrido en el lugar y organizar distintas actividades culturales y testimoniales.
A casi dos décadas de los acontecimientos, la noticia recuerda la importancia de la memoria histórica para evitar que se vuelvan a repetir tragedias como la de Cromañón.
LA NACION
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