
Tras el fallo de la Corte, un informe asocia la difusión de los resultados de Aprender con mejoras educativas
Un análisis pone el foco en el rol de la presión social para mejorar la educación
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CÓRDOBA.- La consultora Idesa, dirigida por Jorge Colina, subrayó la importancia del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó al Gobierno nacional entregar los resultados de las pruebas Aprender por escuela. “Publicar únicamente resultados agregados y mantener en secreto los resultados de cada establecimiento es una particularidad argentina. En otros países, como Chile y Perú, el acceso a la información es más amplio”, enfatizó.
Para Idesa, el objetivo de transparentar estos datos es “obligar a que el sistema educativo rinda cuentas a las familias por la calidad de la enseñanza que reciben sus hijos”. En ese sentido, consideró que el fallo de la Corte es consistente con las tendencias internacionales en materia de acceso a la información educativa.
La decisión del máximo tribunal fue la respuesta a la batalla judicial que libró el salteño Rafael Argañaraz Olivero desde que, hace poco más de ocho años, intentó conocer los resultados de las pruebas Aprender de distintos establecimientos para evaluar un cambio de escuela para su hija. Invocando el denominado “secreto estadístico”, el Estado se negaba a difundir esa información.
Idesa sostiene que la falta de publicación de los resultados por escuela constituye una particularidad argentina que contrasta con sistemas como los de Chile y Perú, donde esa información está disponible para las familias y la sociedad. Para la consultora, despertar el interés por el desempeño de cada establecimiento es una condición que puede contribuir a mejorar la calidad educativa.
El informe compara los resultados de lectura de las pruebas PISA entre 2000 y 2025. Según esos datos, la Argentina pasó de 418 a 389 puntos, mientras que Chile mejoró de 410 a 436 y Perú pasó de 327 a 390. La evolución argentina contrasta con la mejora sostenida que registraron ambos países durante ese período.
La comparación no permite atribuir esas diferencias a una única política pública. Sin embargo, para Idesa, la difusión de los resultados por escuela ayuda a “despertar interés por la calidad de la educación en las familias y en el público en general”, lo que, a su vez, contribuye a mejorar el desempeño del sistema.
El planteo no se limita a que los padres puedan elegir entre colegios. La información también permite identificar problemas, reclamar ante las autoridades y exigir que los recursos se orienten a corregir dificultades de aprendizaje.
En los fundamentos del fallo, la Corte destacó precisamente que las comunidades necesitan herramientas para conocer los resultados educativos y peticionar ante los organismos responsables cuando detectan malas prácticas o deficiencias.
Idesa señala que, a diferencia de Chile y Perú, la organización del sistema educativo argentino es federal. Las provincias financian y administran las escuelas, mientras que la Nación tiene, entre otras funciones, la responsabilidad de evaluar y difundir información sobre los resultados.
“La decadencia educativa se explica por la confusión de funciones”, plantea el informe. “Por un lado, la Nación debilita el control social al negarse a difundir los resultados por escuela. Por otro, dados los malos resultados mantenidos en secreto, se inmiscuye en funciones provinciales como fijar y pagar parte del salario docente o enviar fondos para arreglos edilicios, compra de equipamiento y libros. De esta manera, se promueve el derroche de recursos, se anula la rendición de cuentas sobre los resultados y se diluyen las responsabilidades”.
Bajo esta perspectiva, el fallo de la Corte Suprema abre una oportunidad para revisar cómo se genera, distribuye y utiliza la información educativa. No implica que la transparencia reemplace las políticas de formación docente, la inversión o una mejor gestión de las escuelas, pero sí puede convertirse en una herramienta para evaluar si esas políticas están dando resultados.



