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Un comisario regenteaba 50 prostitutas
La organización funcionaba en cinco hoteles de la zona de Congreso y del barrio de Flores; el oficial está en disponibilidad.
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El golpe en la puerta fue discreto, como lo requería el ambiente íntimo del que se trataba.
- ¡Policía Federal !-, gritó el oficial y abrió. La escena en el cuarto de hotel era confusa. Dos travestis estaban haciendo un show para un cliente, quitándose las ropas lentamente, forzando una imposible sensualidad para sus gruesos físicos. Uno de ellos estaba vestido y el otro todavía conservaba una mínima tanga negra.
Así, una a una, fueron allanadas la semana última un centenar de habitaciones de cinco hoteles en el barrio de Flores y en la zona de Congreso para poner al descubierto a un comisario mayor de la Policía Federal en actividad hasta hace un mes, acusado de manejar una red de prostitución, junto con su familia, que funcionaba en estos cuatro establecimientos de su propiedad, dijeron a La Nación fuentes ligadas a la investigación.
"Buena parte de la prostitución en la zona era facilitada por el jefe policial", dijo uno de los investigadores.
El alto oficial, cuya identidad no se difundió, fue puesto en disponibilidad con los pases habituales de fin de año, sin posibilidad de ascenso.
El Juzgado de Instrucción Nº 31, con su secretario Domingo Altieri, y el fiscal Rodolfo Cudicio investigan también a las comisarías con jurisdicción en la zona de los hoteles - la 50a. y la 5a.- para determinar si estaban en connivencia con la banda.
Según las fuentes, hay evidencias suficientes para que el alto jefe policial sea indagado por los delitos de facilitación de la prostitución en la causa que instruyó la División Asuntos Internos de la Policía Federal.
Hasta ahora había antecedentes de policías que daban protección a prostitutas y cabarets, pero nunca de un oficial que directamente manejara el negocio, como en esta causa. El ex jefe de Seguridad Personal de la Federal, comisario Roberto Rosa, se fue de la fuerza cuando se lo vinculó con el escándalo del cabaret Spartacus, que llevó a la calle al juez federal Norberto Oyarbide. En la Justicia hay causas en las que se investiga a 15 de las 53 seccionales porteñas por supuesto cobro de coimas, algunas ellas para avalar el funcionamiento de burdeles y no molestar a las prostitutas.
El policía propietario
El caso se inició en agosto último a raíz de una denuncia anónima recibida en la Procuración General de la Nación, que involucraba al oficial, que tiene una jerarquía inmediatamente inferior a la del jefe de Policía.
Las investigaciones lograron establecer que las prostitutas y los travestis pagaban una tarifa de entre 30 y 50 pesos diarios a los hoteles para asegurarse un lugar donde atender a sus clientes. Al mismo tiempo, muchos de ellos concurrían solos a los albergues y allí les proporcionaban las meretrices. En uno de los hoteles se brindaban servicios especiales, como sexo grupal, con alternadoras contratadas directamente desde el albergue transitorio.
De este modo el hotel obtenía un doble ingreso: cobraba a sus clientes y a las prostitutas. La facturación anual del grupo, según fuentes de la investigación, oscila entre 1,5 y 2 millones de pesos al año.
Los efectivos de Asuntos Internos recibieron la denuncia en agosto último y comenzaron a trabajar. Primero obtuvieron del Registro de la Propiedad y de la Inspección General de Justicia los datos sobre los propietarios de los cinco hoteles y las sociedades que los administran: el Casa Grande, de Aranguren al 2500; el Arenas, en Yerbal al 2800; el Casino, en Fray Cayetano Rodríguez al 400; el Fénix, de Bacacay al 2400 y el hotel Plaza, de Rivadavia al 1600.
En todos los casos coincidían los nombres del comisario mayor, de su hijo, de su esposa y de una hija de ésta. Las identidades de los imputados se mantuvieron en reserva.
Incluso se estableció que sólo uno de los cinco alojamientos estaba habilitado como albergue transitorio. El resto, para el Gobierno de la Ciudad, eran hoteles de pasajeros, donde debería haber un control policial semanal del registro de huéspedes.
Una vez obtenida esa información, los policías realizaron una discreta vigilancia en la zona, fotografiaron a las parejas ingresando en los hoteles y se hicieron pasar por clientes.
La investigación avanzó y con una orden judicial se realizaron escuchas telefónicas entre los distintos establecimientos y la casa de sus propietarios, que permitieron grabar conversaciones supuestamente incriminatorias. La tarea fue delicada debido a la experiencia policial del jefe de la organización.
Una cámara oculta, introducida en los hoteles, terminó de probar la maniobra a partir de la cual se estableció la conexión entre los locales y las prostitutas que trabajaban allí.
El jueves y el viernes últimos, los efectivos de Asuntos Internos allanaron los albergues. Allí secuestraron libros y planillas con anotaciones de los "pases" que realizaban las prostitutas con sus clientes, para llevar un control de cuánto debía pagar cada una.
En los allanamientos, la policía sorprendió en los cuartos a más de 90 personas, entre prostitutas, travestis y clientes y a los 10 encargados, que en tres turnos regenteaban los lugares.
Además de la posible facilitación de la prostitución se investigan los establecimientos por evasión impositiva y de aportes jubilatorios, tareas que realizaron en el lugar inspectores de la AFIP y de la Anses.
Con pedido de captura
- Durante los allanamientos realizados el jueves y el viernes últimos en hoteles de Flores y Congreso, la policía encontró a un prófugo de la Justicia, con tres pedidos de captura. No se trataba de uno de los integrantes de la red de prostitución que comanda un comisario mayor en actividad de la Policía Federal, por medio de sus hospedajes, sino de uno de los clientes que había recalado en el albergue transitorio con una alternadora. Al momento de su detención, se resistió, pero una vez reducido se descubrieron las razones de sus protestas.
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