Una auditoría reveló severas irregularidades y una deuda de casi 100 mil millones de pesos en una obra social
Se trata de Osprera, la tercera obra social más grande del país; en octubre, la Superintendencia de Servicios de Salud se presentó como particular damnificada y, a fines de noviembre, el interventor tomó control de la obra social
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LA NACION
La intervenida Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera), administrada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), enfrenta una crisis financiera sin precedentes que afecta a miles de trabajadores agrarios en la Argentina. Un informe de gestión y de auditoría reveló evidencia de severas irregularidades en la administración de fondos durante los últimos años y que la deuda acumulada hasta el momento de la intervención ascendía a más de 97.000 millones de pesos.
En el informe, el interventor Marcelo Petroni anunció que se implementaron medidas para asegurar la continuidad de los servicios médicos, atender urgencias y reorganizar los recursos con el fin de maximizar la eficiencia y transparencia en la administración. El informe y la auditoría, presentados ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), también fueron remitidos al Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora, donde se investiga al secretario General de la Uatre, José Antonio Voytenco, por presunto enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.
En octubre del año pasado, la Superintendencia se presentó como particular damnificada en la causa, solicitando a la Justicia la intervención de Osprera. Luego, a fines de noviembre, el interventor tomó control de la obra social y, en la actualidad, debe lidiar con una deuda total que ascendería a $97.889 millones al 31 de octubre de 2024.
El detalle del informe de auditoría
- La deuda total es un 94% superior a la informada previamente.
- Identificaron obligaciones impagas con prestadores médicos, farmacias y proveedores de servicios esenciales.
- Detectaron desvíos de fondos y falta de documentación en procesos clave.
- Irregularidades en la contratación de proveedores y en las prestaciones: sobrefacturación y contratos sin contraprestación.
- Estructura sobredimensionada con fines políticos sin beneficio a los afiliados.
Durante este período de intervención también se presentaron denuncias penales por amenazas y amedrentamientos contra el Interventor de Osprera por parte de sectores vinculados a la gestión anterior, según precisaron.
José Voytenco acusó al Gobierno y a la Justicia de “una operación” para quedarse con la obra social
El dirigente chaqueño José Voytenco apuntó contra el Gobierno y a la Justicia. “Los allanamientos fueron parte de una operación política y judicial bochornosa basada en una falsa investigación periodística”, argumentó en diálogo con Radio Mitre. Y planteó: “Creo que la Superintendencia de Servicios de la Salud se ha extralimitado en sus funciones”.
De acuerdo a cifras que publicó la Superintendencia, la obra social recibió $26.090 millones del Estado en los últimos cuatro años pero no logró regularizar deudas que se incrementaron y que hasta agosto ascendieron a $43.949 millones. En consecuencia, en el Gobierno hablaron de “serias dudas” sobre el manejo del dinero. La SSS está a cargo de Gabriel Oriolo, un exejecutivo de Osde que llegó de la mano de Mario Lugones antes de que el empresario fuera nombrado como ministro de Salud tras la salida de Mario Russo.
Según la orden de allanamiento que dispuso el juez federal Federico Villena en octubre pasado, el denunciante, Marcelo Andrada, quien es secretario general de la Uatre en La Plata, describió una supuesta disonancia entre el patrimonio atribuido a Voytenco y su actividad como representante de los trabajadores rurales. La denuncia le atribuye la construcción de una “mansión” en un club de campo en Cañuelas, una colección de relojes de lujo y vuelos en aviones privados.
En ese entonces, Voytenco no respondió al llamado de LA NACION y en Radio Mitre no fue consultado sobre su patrimonio. Por su cargo en Osprera, Voytenco percibe un salario de $14.005.643 mensuales.
“El juez Federal Federico Villena dictó una medida judicial que nosotros consideramos ilegal, arbitraria y perjudicial para nuestra institución y nuestros beneficiarios. La denuncia la hicieron opositores a los que les he ganado y estoy hoy legítimamente al frente del gremio”, sostuvo Voytenco.
LA NACION
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