En el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (Safyb) aseguran que es un secreto a voces que "por lo menos el 50% de las recetas que se prescriben es ilegal" porque no incluyen el nombre genérico, sino la marca o el nombre comercial. Si es ilegal, ¿por qué el farmacéutico no la devuelve? "Porque las prepagas y el PAMI, que es la principal obra social pública del país, lo aceptan", responde Marcelo Peretta, presidente del Safyb.
Los afiliados al PAMI consumen el 25% del total de los remedios bajo receta. Ese consumo lo audita la empresa Farmalink, que en su sitio online indica que revisa más de 6 millones de recetas por mes en un mercado con más de 60 obras sociales y prepagas. En la Argentina, operan más de 600 prestadores, sin incluir las obras sociales municipales. LA NACION no pudo conocer qué cantidad de prescripciones del PAMI son por nombre genérico.
El mes pasado, cuando el ministro de Economía presentó el índice de precios al consumidor (IPC) de mayo, se refirió a los medicamentos. Tras la imprecisión histórica de que "bajo este gobierno se promulgó una ley de medicamentos genéricos", por la ley 25.649 vigente desde 2002, Axel Kicillof dijo: "Está reglado que cuando se prescribe un medicamento, hay que poner la llamada denominación común internacional o nombre genérico, o de la droga. Tenemos una ley que indica que esto hay que hacerlo, y esa ley sabemos que tiene un cumplimiento dispar porque hay que reforzar los controles todo el tiempo".
La industria farmacéutica mueve 50.000 millones de pesos por año en el país. Un informe de Poder Ciudadano sobre la campaña presidencial de 2007 identificó a los aportantes: 28 de los 104 donantes del Frente para la Victoria (FPV) eran empresas de medicina prepaga y la industria farmacéutica. La consultora IMS Health Argentina, que releva el mercado farmacéutico, estima que las farmacias del país venden por año unos 380 millones de recetas de productos de venta bajo receta.
