Vigilará la Justicia el destino de los embriones congelados

Por primera vez en el país, los embriones humanos congelados en centros de fertilización asistida serán contabilizados y controlados para impedir que se los use en investigaciones científicas o en tratamientos cuyo objetivo no sea la búsqueda de embarazos.

Los aproximadamente 1300 embriones congelados que están en este momento en los centros de fertilización asistida de la ciudad de Buenos Aires, en recipientes con nitrógeno líquido a 196 grados centígrados bajo cero, serán supervisados cada seis meses para asegurar, además, que ninguno de ellos sea destruido. A partir de ahora su tutela estará a cargo de una defensora de menores.

Así lo acordaron los centros de fertilización asistida de la Capital y la Justicia, hasta tanto el Congreso apruebe una ley que regule las técnicas de reproducción asistida y la norma entre en vigor.

Con este convenio se puso fin a una larga controversia judicial que se inició hace 13 años, cuando el abogado y profesor de bioética Ricardo Rabinovich presentó una medida cautelar para que se protegiera a los embriones porque, a su entender, se trataba de seres humanos sujetos de derechos.

En 1995 un fallo determinó que los laboratorios debían notificar a la Justicia sobre cada tratamiento de fertilidad asistida, pero éstos apelaron y la resolución judicial nunca se cumplió. Lo que sí se determinó en la causa es que los óvulos fecundados son personas con derechos.

Algunos tratamientos de fertilización in vitro, cuyo costo varía entre 2500 y 5000 pesos, requieren que óvulos de la madre sean fecundados por los espermatozoides fuera del útero.

En una segunda etapa dos, tres o más embriones son implantados en el útero materno; en caso de que haya más embriones fertilizados, se los conserva en nitrógeno líquido para una eventual utilización posterior. El problema es qué ocurre con esos embriones crioconservados desde el punto de vista legal.

En primera instancia, el juez en lo civil Miguel Güiraldes entendió que se debían respetar los derechos peronalísimos de los embriones y nombrar tutor a Ricardo Rabinovich.

En 1999, la Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó el fallo, al considerar que el óvulo fecundado es una persona que debe ser protegida al igual que los ovocitos pronucleados, que son células peculiares con dos núcleos, uno masculino y otro femenino, que se comportan en forma independiente.

En el fallo, los camaristas ordenaron que la Secretaría de Salud porteña hiciera un censo de todos los embriones congelados e individualizara a los padres.

Prohibieron, además, la destrucción o experimentación con embriones y dispusieron que cada vez que se decidiera algo con respecto a algún óvulo que no sea implantarlo en el vientre de la madre, debía darse intervención a un juez en lo civil y a un defensor.

Por ejemplo, cuando ocurre el caso de que una madre que hizo el tratamiento de fertilización no desea tener más hijos y decide donar ese óvulo fecundado a otra mujer que no quedaba embarazada.

Medida incumplida

Esta resolución nunca se cumplió, pues, como se dijo, los institutos apelaron la resolución y argumentaron que informar sobre la identidad de los padres de los embriones implicaría una violación de la intimidad de los pacientes.

La situación empeoró cuando, sin poder hacer ese censo, Rabinovich renunció como tutor de los embriones el 28 de abril de este año. Fundamentó su dimisión en que había pedido una licencia de cinco años en la matrícula del Colegio de Abogados.

Ante semejante vacío legal y la imposibilidad de cumplir con lo ordenado por el fallo de la Cámara, una noticia sacudió el expediente: la publicación por parte de la prensa del caso de una señora que había dado a luz a un niño mediante la implantación de un embrión congelado durante años. A raíz de ello, el asesor de menores Alejandro Molina reclamó ante el incumplimiento de la sentencia.

La defensora de menores Silvia Dascal se reunió con representantes de los institutos de fertilización durante tres meses y finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo, plasmado en el convenio luego homologado por el juez Güiraldes.

Los firmantes del acuerdo son Fecunditas, Fertilab, Fertimed, Halitus, el Hospital Italiano, Ifer y Procrearte.

El convenio establece que a fin de año, es decir, en los próximos días, los centros de fertilización informarán sobre el número de embriones congelados que poseen y deberán actualizar esos datos cada seis meses, es decir, en mayo y noviembre próximos, en 2007, y cada año hasta tanto el Congreso dicte una ley que regle las técnicas de fertilización asistida.

En junio

A partir de junio de 2007, los centros deberán informar del número de embriones transferidos en ese semestre, de la cantidad de nuevos embriones y del nuevo total.

La defensora Dascal, que quedará como tutora de todos los embriones congelados, podrá a su vez nombrar a un experto, a propuesta de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva o de la Academia Nacional de Medicina, para revisar dichos datos.

Los institutos médicos se declararon satisfechos con esta resolución, pues entendieron que con ella no sólo se cumple la sentencia de Cámara, sino que se resguarda la confidencialidad de los pacientes.

Al homologar este acuerdo, el juez Güiraldes cerró la discusión hasta tanto se conozcan las reglas legales en estudio en el Congreso Nacional.

Un paso adelante en un viejo conflicto

• Se estima que en la ciudad de Buenos Aires existen hoy unos 1300 embriones congelados. El hecho de que nunca haya habido un censo impidió conocer el número exacto, el que estará disponible en los primeros días del año próximo.

• Al menos, eso es lo que surge del acuerdo al que arribaron los institutos de fertilización asistida y la Justicia, luego de que fracasara un intento previo por contabilizarlos.

• Ese convenio establece que los embriones hoy congelados a una tempratura de -196° deberán ser contabilizados y controlados cada seis meses para asegurarse de que ninguno de ellos será destruido ni utilizado para investigación.

• A fin del corriente año, es decir, en los próximos días, los institutos de fertilizacion deberán informar a la Justicia el número de embriones congelados que poseen.

• Además, las clínicas deberán actualizar esos datos cada seis meses, es decir, lo harán en mayo y en noviembre de 2007 y lo seguirán haciendo hasta tanto el Congreso Nacional sancione una ley que rija el destino y uso de este material.

• Los embriones tendrán un tutor: la defensora de menores Silvia Dascal, quien a su vez podrá nombrar a un experto médico para revisar los datos.

• Un fallo judicial previo a este convenio había dispuesto otro tutor, precisamente, quien había denunciado el vacío legal en la material, quien renunció a ese cargo al no poder concretar el censo requerido.

• El hecho de que ahora se disponga un recuento y control, sin requerirse la identidad de los integrantes de las parejas, parece haber sido la clave para destrabar el conflicto hasta tanto no se sancione una ley.