
Grupos de derechos piden sanciones tras fallo de ONU sobre genocidio en Myanmar contra los rohinyá
Global court rules Myanmar committed genocide against minority group; rights advocates now urge international sanctions
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NACIONES UNIDAS (AP) — Grupos de derechos humanos piden sanciones militares y económicas contra Myanmar después de que el máximo tribunal de las Naciones Unidas, en el primer fallo de su tipo, determinara que el gobierno del país asiático cometió genocidio contra la minoría rohinyá en una brutal operación militar en 2017.
La Corte Internacional de Justicia no tiene poder para hacer cumplir el fallo del jueves, que ordena al gobierno apoyado por los militares de Myanmar que permita que quienes huyeron de la violencia regresen a casa de manera segura, pague indemnizaciones a los musulmanes rohinyá y procese a las personas sospechosas de haber cometido genocidio.
El gobierno de Myanmar ha negado haber cometido genocidio y ha afirmado que actuó contra insurgentes, por lo que se considera poco probable que cumpla con alguna de las demandas del tribunal. El presidente Min Aung Hlaing, el exlíder militar, estuvo a cargo de la operación de 2017. El tribunal señaló que, según las pruebas, las fuerzas de Myanmar mataron a unos 100.000 rohinyá.
Khine Khine Soe, la portavoz del presidente, señaló que la decisión de la Corte Internacional de Justicia emitida el jueves fue el resultado de una votación de los jueces, con 9 sufragios a favor y 6 en contra.
“No todos los 15 jueces estuvieron de acuerdo con la decisión”, dijo a los periodistas en Naipyidó, la capital. “Así que no fue una decisión tomada por unanimidad. Yo diría que fue injusta”.
Aunque los fallos de la Corte Mundial son definitivos y legalmente vinculantes, no tiene recursos más allá de informar el incumplimiento al Consejo de Seguridad de la ONU.
El Consejo de Seguridad de la ONU tiene el poder de imponer sanciones
El Consejo de Seguridad programó consultas cerradas sobre el fallo el próximo miércoles y una reunión privada el 7 de diciembre a solicitud de Reino Unido, que expulsó al agregado de defensa de Myanmar tras el fallo del jueves.
Pero Daniel Forti, jefe de asuntos de la ONU del International Crisis Group, dijo que es poco probable que haya alguna acción inmediata por parte del Consejo de Seguridad, compuesto por 15 miembros, que podría imponer sanciones a Myanmar. Señaló que cualquier acción probablemente sería bloqueada por China y Rusia, ambos miembros permanentes con poder de veto.
“China ha desalentado al Consejo de Seguridad de actuar sobre el expediente de Myanmar desde 2021, ya que es reacia a ceder cualquier influencia en su propio patio trasero”, dijo Forti a The Associated Press. “El fallo de la CIJ no alterará los cálculos de China, y es difícil imaginar que Beijing o Moscú apoyarían cualquier posible resolución del Consejo de Seguridad que intente hacer cumplir las recomendaciones del tribunal”.
Forti dijo que Gambia, que inició los procedimientos judiciales, podría buscar una resolución en la Asamblea General de 193 miembros en la que se pida a Myanmar que cumpla con las demandas de la CIJ, aunque sus acciones no son legalmente vinculantes, a diferencia de las del Consejo de Seguridad.
Justice for All, una organización estadounidense de derechos humanos que aboga por los derechos de las minorías musulmanas, pidió al gobierno del presidente Donald Trump que apoye una resolución de la Asamblea General que exija el cumplimiento de Myanmar con el fallo y establezca un monitoreo y seguimiento internacional.
Grupos de derechos piden apuntar a la economía y el ejército de Myanmar
Justice for All, que tiene un grupo de trabajo de 38 organizaciones musulmanas de Estados Unidos y Canadá que han abogado por los derechos de los rohinyá desde 2017, argumentó que las sanciones deberían apuntar al sector de petróleo y gas de Myanmar y a las redes que proporcionan armas y otros apoyos a su ejército.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, instó a los gobiernos a no recibir al presidente “en el escenario internacional, especialmente mientras continúan las graves violaciones sin control dentro de Myanmar”.
“En su lugar, deberían detener cualquier transferencia de todas las armas, equipos de seguridad y vigilancia, y asistencia militar y de seguridad a Myanmar”, afirmó. “El Consejo de Seguridad de la ONU debería imponer un embargo global de armas y remitir toda la situación en Myanmar a la Corte Penal Internacional”.
Sin embargo, ese tribunal afronta sanciones de Estados Unidos junto con muchos de sus jueces y personal, por lo que cualquier acción del Consejo de Seguridad enfrentaría un veto casi seguro de Estados Unidos.
Los fiscales de la CPI solicitaron una orden de arresto para Min Aung Hlaing a finales de 2024, alegando que fue responsable de crímenes de lesa humanidad contra los rohinyá. Los jueces del tribunal que tendrían que emitir una orden no han hecho ningún anuncio público sobre una decisión.
La fiscalía del tribunal dijo por correo electrónico, en respuesta a preguntas de The Associated Press, que el fallo de la CIJ “no tendrá ningún impacto en los asuntos que actualmente están ante los jueces de la CPI”, y señaló que ese organismo se ocupa de las acusaciones de responsabilidad penal individual de personas, a diferencia de la responsabilidad estatal.
Las indemnizaciones para los rohinyá no tienen un camino claro
Human Rights Watch instó a los gobiernos a dar un paso adelante para ayudar a los rohinyá.
“Los gobiernos preocupados deberían apoyar firmemente a los rohinyá y promover la justicia por las atrocidades, presionar a la junta militar de Myanmar para que cumpla con el fallo y garantizar el regreso seguro y voluntario de los refugiados rohinyá a Myanmar”, dijo en un comunicado Maria Elena Vignoli, asesora principal de justicia internacional del grupo.
Justice for All pidió apoyo global para un fondo de indemnizaciones para los rohinyá y medidas para avanzar en su educación, protección, búsqueda de ciudadanía y regreso seguro y voluntario desde Bangladesh, donde unos 1,2 millones de rohinyá viven actualmente en campamentos superpoblados.
Myanmar, que es mayoritariamente budista, ha afirmado durante mucho tiempo que los rohinyá son migrantes “bengalíes” de Bangladesh, aunque sus familias han vivido en el país durante generaciones. Casi todos los rohinyá han sido privados de la ciudadanía desde 1982, lo que, en los hechos, los convierte en apátridas, y se les niega la libertad de movimiento y otros derechos básicos.
Yasmin Ullah, una activista por los derechos de los rohinyá que escuchó el fallo del tribunal en La Haya, Holanda, dijo que la decisión “solo significará algo si los gobiernos actúan en consecuencia”.
“Así que le digo a cada estado miembro de la ONU, tomen medidas contundentes para implementar el fallo de la CIJ”, dijo, comenzando con sanciones contra el presidente.
“Hagan que Myanmar indemnice a las personas que destruyó”, dijo. “Devuélvannos nuestras vidas. Devuélvannos un futuro. Queremos ser parte de un Myanmar estable, próspero y floreciente”.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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