Una carga demasiado pesada

El incremento de la presión impositiva a la renta agropecuaria ejercida en los últimos años es indudablemente excesiva, inequitativa y se encuentra al borde de la confiscación.

Algunos relativizaron la carga fiscal al campo al hablarse de "las retenciones a los granos", y dijeron que no era un impuesto sino un instrumento de política económica y se justificaba por las superutilidades que obtenía este sector de la economía. Son un verdadero impuesto por cumplir todas las características de tal, injustificado antes e inaceptable también hoy. El argumento principal al aumento de las retenciones era el incremento abrupto del tipo de cambio que enriquecía a los productores agropecuarios, cuando lo justo es exigir con tenacidad el cumplimiento del Impuesto a las Ganancias que incluya el equitativo ajuste por inflación. La capacidad de contribuir es la esencia y el impuesto debe ser la consecuencia.

La agenda impositiva hoy la ocupa el incremento exponencial del impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires y sus efectos en algunos impuestos nacionales. Está demostrado en forma contundente con casos reales que -incluso antes de este impuestazo- el conjunto de Nación, provincias y municipios absorben más del 80% de la renta, por eso recordamos que el inmobiliario no está solo en este escenario de presión fiscal.

Que las valuaciones fiscales estaban rezagadas era una realidad, el aumento se dio por la aplicación de índices zonales de productividad desde el año 2006.

Hay un desconcierto y una preocupación fundados entre los productores del agro. En general son contradictorias las informaciones de este virulento cimbronazo a la renta, ante la aplicación de mayores impuestos patrimoniales. Mundialmente se reconoce la protección al capital productivo con una afectación impositiva ínfima para mantener su inalterabilidad. La Argentina siempre está en la vereda opuesta.

Métodos

La metodología utilizada por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) para determinar la valuación fiscal de cada campo, fue establecer un "valor optimo" por hectárea -en función de su capacidad de producción- en cada localidad y circunscripción.

Para este año se permite aplicar un 50 por ciento a dicho valor fiscal -lo cual significa que para años posteriores puede verse modificado- y el impuesto se determina en función de una tabla progresiva que luego de $ 2.000.000 dispone un porcentual del 2,21 por ciento.

Las variaciones de las valuaciones fiscales se incrementan para las zonas "privilegiadas" más de 12 veces, con un incremento del impuesto disperso entre un 40% y un 600 por ciento.

El impuesto a los bienes personales resulta un importante conflicto, pues a pesar de la exención expresa en la ley a los inmuebles rurales, la AFIP interpreta que cuando una persona física trabaja sus propias tierras rurales, integran su patrimonio empresario y quedan gravadas. Así el contribuyente está obligado a comparar su valor de incorporación con la valuación fiscal al cierre del período.

Este impuesto -que elevó su tasa máxima al 1,25% por encima de $ 5.000.000, se multiplicará varias veces a partir del ejercicio 2012, como consecuencia de sus valuaciones fiscales modificadas. La base son las valuaciones fiscales con el 100%.

Un ejemplo alarmante, entre otros tantos, podría ser el siguiente: un campo en General Pinto de 800 hectáreas, su valuación fiscal 2012 de $ 27.000.000, cuyo impuesto inmobiliario anual será de $ 262.500, que será en 2012 proporcional a los meses transcurridos desde la sanción reforma hasta el 31 de diciembre. El impuesto a los bienes personales 2012 será de $ 347.000. La suma de ambos da la friolera de $ 609.500, y eso todos los años.

Este contribuyente por el año 2011 abonó $ 52.000 de inmobiliario y de Bienes Personales $ 9600, es decir un total $61.600.

El Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta afectará sensiblemente a los productores, pues al resultar inexistentes las ganancias o ser ínfimas consecuencia justamente de estas mayores cargas fiscales, tendrá un impacto pleno por la imposibilidad de compensación con el impuesto a las ganancias.

Es manifiesta la necesidad de una reforma tributaria profunda que respete los principios esenciales y que distribuya el esfuerzo en el pago de los impuestos entre todos los actores de la economía.