Los Moyano comienzan a ser un dolor de cabeza para el Gobierno

Ella o vos. El eslogan de campaña los alió inesperadamente en contra de Cristina Kirchner. Corría 2013 cuando Hugo Moyano y Francisco de Narváez sellaron un acuerdo electoral que anidó bajo la denominación de Unidos por la Libertad y el Trabajo. La novedosa alianza ubicó en el mismo barco al sindicalista más poderoso e influyente del momento y a un empresario millonario empecinado en triunfar en la política. Fracasaron a pesar de los esfuerzos desde ambas orillas por enterrar prejuicios y desconfianzas, y de ensayar giros discursivos para la ocasión. El pragmatismo y la química no confluyeron ni siquiera con la donación a la CGT por parte del empresario del uniforme que vistió Perón al asumir su tercer mandato, por el que pagó 93.000 euros en una subasta en Roma. Recuerdos que parecen hoy una ironía.

Los caminos de Moyano y De Narváez vuelven a cruzarse. El empresario compró a fines de 2020 la cadena de supermercados Walmart y ahora el Sindicato de los Camioneros pretende que despida, indemnice y reincorpore en forma inmediata a 500 empleados que trabajan en un complejo de Moreno. El Ministerio de Trabajo intentó sin éxito una conciliación y el conflicto se anticipa inevitable. Pablo Moyano, el número dos del gremio, ya advirtió que avanzará con paros o asambleas. Parte del empresariado del país está expectante por el desenlace de la pulseada. También el Gobierno sigue con atención los próximos pasos del gremialista aliado.

A la hora de hacer el reclamo, los Moyano argumentan que a partir de la venta de Walmart Argentina al grupo De Narváez, se trata de una nueva empresa. Por lo tanto, según el gremio, hubo una transferencia de los contratos de trabajo, cuyos empleados deben ser indemnizados. Una disputa similar mantiene con el nuevo dueño de Garbarino.

La raíz de la demanda de los camioneros se remonta a sus tiempos de sintonía fina con la familia Macri. Moyano acumulaba muchos años de relación con Franco Macri por el manejo de la recolectora de residuos Manliba. Mauricio, siendo jefe de gobierno porteño y ya con sus intenciones de dar el salto a la Casa Rosada, no solo que mantuvo el vínculo que heredó de su padre sino que lo estimuló al validar el pago de indemnizaciones a los trabajadores del servicio en cada renegociación de los contratos, con la garantía de que además conservaban sus puestos. La gestión de Pro afrontó entonces una deuda por indemnizaciones pendientes desde 1998, cuando culminó el contrato con la empresa Manliba. Nació así lo que algunos denominan la “ley Moyano”.

Hombre de las leyes, Alberto Fernández no se detuvo en la pelea gremial tal vez por estar dedicado a tiempo completo a gestionar la crisis económica y sanitaria, cuyo alcance es hoy inimaginable. Pero quien sí se involucró fue el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, forjado en el fuero laboral en Avellaneda y uno de los amigos del Presidente de la época universitaria en la UBA. “El sindicato exige un pago de compensaciones de las cuales no entendemos el origen. Es un conflicto de intereses. No hay norma que lo ampare”, dijo en radio el 1° de abril, cuando la disputa comenzó a tensarse. Hoy, un mes después, ratifica tajante su postura.

La intervención de Moroni generó cortocircuitos en el vínculo entre los líderes camioneros y el Gobierno. Combativo y de verba inflamada, Pablo Moyano acusó al ministro de hablar “a favor de los empresarios” y de ser “pseudo peronista”. Su padre, en cambio, no apuntó los cañones contra el funcionario. Movió fichas en silencio.

Nadie por ahora lo imagina, pero en el sindicato advierten que una escalada del conflicto con Walmart podría impactar en medidas de fuerza en otros supermercados o ramificarse a otros servicios que prestan los camioneros. Se gestiona por estos días un encuentro furtivo y urgente entre Hugo Moyano y De Narváez para explorar una tregua. “Los dos van a tener que ceder”, imagina un experto que conoce a los protagonistas y que está al tanto de las conversaciones. Un bono por única vez de un monto menor a la hipotética indemnización sería la llave. La misma fuente traslada una preocupación generalizada entre los empresarios que están acostumbrados a negociar con los Moyano: “Ojalá que haya Hugo [tiene 77 años] para rato porque con Pablo es imposible consensuar”.

El heredero natural de la dinastía es observado con recelo. Y no solo por los hombres de negocios. La hipotética sucesión no sería tan sencilla puertas adentro del gremio porque hay dirigentes de peso que no comulgan con su estilo confrontativo.

Con 51 años, Pablo Moyano se jacta en algunas tertulias de haber barnizado un perfil más dialoguista y constructivo. Trabaja con el deseo de conformar un frente gremial que fuerce una renovación en la CGT. Se entusiasma con liderar alguna vez la central obrera, como lo hizo su padre durante más de una década. En su afán por explorar acuerdos con otras tribus sindicales, dio pasos ambiguos: dinamitó los puentes con la actual conducción cegetista, a la que le enrostra haber pactado un proyecto de reforma laboral durante la gestión de Macri. Enfrentado a “los Gordos” (grandes gremios) y al sector de los autodenominados “independientes” (Uocra, UPCN y Obras Sanitarias), difícilmente avance hacia la unidad de la CGT, como sugirió el martes pasado, sin una tregua con ellos, también interlocutores privilegiados del Presidente.

Genera inquietud en el Gobierno la escalada de los conflictos gremiales que abrió Camioneros. Hoy son Walmart y Garbarino, pero ayer fueron Mercado Libre o una pyme de un centro de logística de Munro. Durante el mes en curso dará el campanazo de largada para negociar su paritaria. La meta inflacionaria de 29% anual proyectada en la ley de presupuesto ya es un espejismo. Pablo Moyano dio una pista: caminó con pies de plomo sobre la política oficial de control de precios. La guadaña cae sobre Paula Español, pero también sobre empresarios y supermercadistas, los mismos a quienes De Narváez calificó hace ocho años, durante su fugaz alianza con Moyano, de “cagones” por no plantarse ante las presiones de Guillermo Moreno.

La influencia de los Moyano comenzó a generar dolores de cabeza en el oficialismo. La semana pasada, ante la mirada pasiva de las fuerzas de seguridad y con cuatro ministerios en la gestión del conflicto, una tropa de camioneros bloqueó durante seis días el cruce fronterizo a Brasil por Paso de los Libres en reclamo de mayores controles sanitarios. La demanda llegó a los escritorios del Mercosur y ahora el PCR será obligatorio para los camioneros que ingresen al país. Un triunfo de la patria camionera que se entusiasma ahora con colonizar diferentes áreas del Ministerio de Transporte, que será ocupado por el massista Alexis Guerrera tras la muerte de Mario Meoni.