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Santa Fe: un sector del peronismo se alió con la oposición para forzar la renuncia del ministro de Seguridad
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CORRESPONSAL EN ROSARIOGermán de los Santos
ROSARIO.- Con la mira puesta en el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín,todo el arco de la oposición y un sector del peronismo "tradicional" se unieron para votar dos leyes "hechas a medida" contra el funcionario y dejaron al gobernador Omar Perotti en la disyuntiva de vetar las normas que se aprobaron. Todo ante la sorpresa del oficialismo, que desconocía la estrategia.
Si el gobernador no veta esas leyes está en juego la continuidad de Saín, en una provincia donde la violencia derramada del narcotráfico deja sangre cada día en las calles de Rosario. Una muestra es que horas después de que terminara la sesión en la Legislatura, este viernes a las 8 de la mañana, fueron ejecutados de más de 12 balazos dos hombres en Rosario. El miércoles a la noche, atacaron con ráfagas de disparos con una ametralladora la comisaría 32 de esta ciudad.
Ante esta compleja situación, con 188 homicidios en lo que va del año, el Ministerio de Seguridad de la Nación apostó por instalar de manera permanente una delegación de esa cartera en Rosario para coordinar investigaciones contra el crimen organizado. Y la Jefatura de Gabinete envió 3000 millones de pesos para reforzar el área que conduce Saín, exdirector de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Después de que la pandemia empezara a dar un poco de respiro en Santa Fe, los sectores de la oposición, que incluyen a los senadores peronistas, comenzaron a jugar fuerte. La primera apuesta que unió voluntades para golpear a la actual gestión fue poner en la mira a Saín.
Desde que asumió en el cargo, este funcionario acusó a un sector de la dirigencia del PJ, encabezada por el senador Armando Traferri y la vicegobernadora Alejandra Rodenas, de haber sido gestores de tramas oscuras, que fueron reveladas en investigaciones judiciales, de juego clandestino y narcotráfico. Sus nombres aparecieron mencionados en los legajos, algo que ese sector del peronismo le adjudica a Saín. Antes de asumir como ministro, el exdiputado bonaerense ocupó el cargo de titular del Organismo de Investigación del Ministerio Público.
El desafío de los senadores peronistas, convertidos desde el inicio de la gestión de Perotti en un foco de poder autónomo (en parte gracias a un presupuesto de 2500 millones de pesos), es que Saín se vea forzado a renunciar y no pueda regresar a su antiguo cargo en el Organismo de Investigación.
En medio de esta discusión, que exaltó los ánimos de uno y otro sector, la administración de Perotti no mostró una rápida reacción para medir una estrategia que –según coincidieron varias fuentes- se empezó a gestar desde hace seis meses, cuando Saín comenzó a generar repudio permanente en distintos sectores de la clase política santafesina.
El viernes de la semana pasada, renunció el ministro de Gobierno Esteban Borgonovo, que a su modo pegó un portazo, luego de que surgieran fuertes versiones de que sería uno de los relevados en el cambio de gabinete que planea Perotti para diciembre. "Es un gobierno en el que renuncia el ministro que se encarga de las relaciones políticas y por ahora no tiene reemplazante", reconoció un legislador del PJ.
El ministro de Gestión Pública, Ruben Michlig, quien subroga temporalmente el puesto de ministro de Gobierno, usó una metáfora futbolera para dimensionar el rol de un sector del peronismo en esta movida política. "Muchos años jugué de arquero en un equipo de ‘compañeros’. Los goles que más me dolían eran los goles en contra", escribió en una red social.
Una de las leyes de la discordia reforma dos artículos de la normativa orgánica del Ministerio Público de la Acusación, uno del Servicio Público provincial de la Defensa Pública y cinco del Organismo de Investigaciones. La lupa se puso en las incompatibilidades que existen para que un funcionario del Ejecutivo pueda ocupar cargos en el Poder Judicial. Cuando asumió como ministro de Seguridad, Saín pidió licencia como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público. El legislador peronista Leandro Busatto afirmó que "es una ley hecha a medida para sacar del medio a Saín".
La otra ley que se sancionó es sobre el control de los gastos reservados que maneja el Ministerio de Seguridad. El ministro argumenta que esos fondos se utilizan para investigaciones contra organizaciones criminales, como ocurre en todas las áreas de seguridad de las provincias.
"Pusimos luz en contra de la mafia y es esto lo que intentan impedir", aseguró el ministro de Seguridad en diálogo con LA NACION. "Hay investigaciones que se están llevando adelante con el gobierno nacional, que hizo una apuesta fuerte en Santa Fe, que están empezando a dar frutos y hay mucha gente preocupada y comprometida dentro del propio peronismo", apuntó Saín.
"Se intentan poner obstáculos a la lucha contra la mafia que este gobierno inauguró. Las investigaciones que se hicieron estos meses fiscales y jueces no se vieron nunca en Santa Fe, porque fueron contra las estructuras de poder que convalidaban el universo criminal. Está preso el jefe de los fiscales de Rosario, que era un funcionario que nombró el peronismo en el Senado. Hay estructuras policiales comprometidas también en esa asociación ilícita que manejaba ese sector del peronismo. No quieren que se avance en una depuración institucional", señaló.
Fuentes cercanas al ministro señalaron a este diario que Perotti le prometió a Saín que vetaría las leyes. Si eso no ocurre, Saín renunciaría, advirtieron fuentes cercanas al ministro de Seguridad.
Una mayoría imponente
Lo que sorprendió al gobierno de Perotti, que fue sorprendido por la sanción de estas leyes que apuntan contra Saín, fue el consenso que obtuvo la oposición para aprobar estos proyectos. De 50 diputados, 40 aprobaron las iniciativas, y en el Senado avalaron las leyes 15 de los 19 senadores.
Joaquín Blanco, diputado del Frente Progresista, consideró que "estas leyes que surgieron tras un acuerdo transversal de distintas fuerzas políticas buscan garantizar una mayor independencia del Poder Judicial".
Julián Galdeano, jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, aseguró a LA NACION que "se buscó con estas dos leyes generar herramientas de transparencia". Y dijo: "Evitamos que se politice la designación de cargos en la Justicia".
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