Violencia: una semana con más de 200 ataques a balazos en Rosario
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
En la oscuridad los dos jóvenes caminan por la galería de uno de los edificios Fonavi en el barrio Municipal de Rosario. Tienen las manos ocultas en los bolsillos de sus camperas y la cara cubierta por los barbijos y gorras. Se detienen frente a un departamento de manera abrupta. Uno le ordena a su compañero: "Dispará". Primero la ráfaga de tiros se centra en la puerta blanca, pero la potencia del arma 9 milímetros doblega la muñeca del muchacho y los proyectiles recorren un radio de tres o cuatro metros hasta terminar incrustándose en una ventana. Por azar nadie fue herido por las 31 balas que el joven disparó en menos de cinco segundos, mientras su amigo lo filmaba con el celular.
En Rosario, los ataques a balazos contra casas y departamentos se transformaron en uno de los métodos más efectivos como parte de las amenazas que ejecutan las bandas narco. La fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren calculó que hay días que se presentan 20 denuncias por balaceras contra propiedades.
Las balas no solo sirven para dejar mensajes mafiosos y marcas en las paredes, sino que también provocan situaciones trágicas, como ocurrió el lunes pasado, cuando en un ataque a balazos contra una casa dos jóvenes no pudieron controlar el arma y balearon otras dos residencias vecinas. En una de ellas Tiziana Espósito, de 14 años, estaba lavando los platos en la cocina cuando un proyectil le atravesó la cabeza y murió. Los atacantes fueron detenidos.
Esos ataques aparecen como uno de los problemas más serios derivados de la guerra entre bandas narco es el incremento de la violencia con armas de fuego. Esto se trasluce no solo en el incremento de los homicidios –se produjeron 146 en lo que va del año–, sino también en la cantidad de heridos, muchos de ellos de gravedad, que provocan que se ocupen camas de terapia intensiva, en una situación de desborde del sistema sanitario por el covid-19.
En la semana entre el 2 y el 8 de septiembre, según datos oficiales que maneja el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Seguridad, se produjeron 217 hechos con presencia de armas de fuego. Los picos más altos en el año fueron en la primera semana de enero con 526 y en la segunda de mayo con 513,en pleno aislamiento obligatorio.
El valor de un sicario, $2000
La fuerte presencia de las armas de fuego, cada vez con mayor asiduidad, de acuerdo con los llamados al 911, se traslada al aumento de heridos. Según registros del Observatorio de Seguridad Pública, a los que accedió LA NACIÓN, en los primeros ocho meses de este año resultaron heridas de bala 575 personas en el departamento judicial Rosario.
"Creció la cantidad de hechos con armas de fuego, lo cual es preocupante porque genera un encadenamiento de violencia. A partir de un hecho se producen otros ataques y enfrentamientos", afirmó Marcelo Saín, ministro de Seguridad, quien detalló que se secuestraron 2190 armas a bandas criminales durante los primeros ocho meses del año.
La conjugación de sangre y balas que supura de los ataques y enfrentamientos entre bandas pone al descubierto la facilidad con la que los "soldaditos" narco acceden a armas y a proyectiles .
Es un fenómeno rosarino, que empezaron a usar Los Monos en 2013 y después adoptaron otras bandas y grupos narco. Configuran amenazas que generan terror y requieren de escasa logística y bajo costo. Ni siquiera se necesita a alguien que sepa disparar. Pagan entre $ 2000 y $5000 para hacer estos ataques, en su mayoría con jóvenes inexpertos, que muchas veces se confunden de blanco o se descontrolan disparando y provocan muertes. Se empezó a detectar que se sumó otro elemento a este método: filmar los ataques y exponerlos en las redes sociales como otro elemento de amedrentamiento.
Según la fiscalía de Rosario, este método de amenaza surgió en 2013, cuando Los Monos empezaron a copar búnkeres de bandas contrarias. Disparaban a las casas para ganar el lugar. El 15 de mayo de ese año fue asesinada Lourdes Cantero, una chica d 14 años, que se encontraba mirando televisión cuando un tiro entró por la ventana y la mató. La orden la había dado Ramón Machuca, Monchi Cantero. Es uno de los cuatro homicidios por los que fue condenado a 37 años de prisión.
En la fiscalía de Rosario consideran que no solo creció la cantidad de casos, sino también el poder de fuego de estos grupos criminales. Apareció durante los últimos dos años con mayor incidencia en el mercado de armas la pistola 9 mm con cargador de 30 y 31 disparos, que transforma el arma en una ametralladora. Hoy es la pistola más usada para este tipo de ataques, según señala Juan Sánchez, secretario general de la Fiscalía de Rosario, encargado de relevar las estadísticas criminales de Rosario.
El acertijo de las municiones
¿De dónde salen tantas balas? El Ministerio de Seguridad de Santa Fe realizó un control de municiones en la policía y se encontró con una sorpresa. En abril de 2018 a través de una licitación pública el gobierno adquirió 1.000.0000 de balas 9 mm –entre otro tipo de municiones– a Fabricaciones Militares. La licitación no tuvo objeciones. Esas municiones se producen en la planta de Fray Luis Beltrán, a 20 kilómetros de Rosario. En febrero de 2015 desaparecieron 19.600 balas calibres 9 mm y 32 del Batallón 603 San Lorenzo, que está al lado del predio de FM.
La sorpresa llegó cuando los funcionarios de la Agencia de Prevención de Violencia con Armas de Fuego, a cargo de Lautaro Sappietro, realizaron un arqueo y se encontraron que habían sido utilizadas 881.840 balas 9 mm, algo "imposible".
Sappietro consideró que esa cantidad de municiones se podrían haber usado en dos situaciones: entrenamiento de los efectivos o enfrentamientos en operativos policiales. Ninguna de las dos parece viable.
Una particularidad de la Policía de Santa Fe es su reticencia a participar en situaciones donde el efectivo está en una situación de riesgo y está autorizado a usar su arma.
El registro que da una pauta de este perfil son las muertes que provocó la policía de Santa Fe en 2019. Según datos oficiales del Ministerio Público de la Acusación, hubo siete homicidios en los que particulares resultaron muertos por balas policiales. Cinco en Rosario, uno en Santa Fe y uno en Capitán Bermúdez. Cuatro de estos hechos fueron encuadrados como casos de gatillo fácil.
Otra fuente posible de municiones a las bandas es un mercado negro que funciona sobre bases legales. "Se usan testaferros para adquirir municiones. Buscan a una persona que es legítimo usuario y tiene la tarjeta de consumo para adquirir proyectiles. Compra legalmente las balas pero las usa otro. No hay ningún control", afirmaron fuentes del sector de las armerías.
Martín Angerosa, abogado, especialista en políticas de desarme, señaló: "No hay controles en las armerías ni tampoco en la trazabilidad de las municiones que se venden a los legítimos usuarios. Hay una zona gris también en la transacción legal. Se pueden adquirir en cada compra 1500 balas. Desde el momento de la adquisición no hay más controles. Esa es una falencia del sistema". Angerosa alertó también sobre la cantidad de armas que tienen documentación vencida, por lo que se calcula que un 70 por ciento de los usuarios están en una situación irregular.
La Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) tiene dos oficinas en Santa Fe y Rosario, pero están cerradas desde la aparición de la pandemia. Santa Fe busca que le deleguen la fiscalización de las armas de fuego, a partir de la sanción el año pasado de un Registro de Identificación Balístico de las Armas de Fuego.
El otro problema es la cantidad de armas que hay en las comisarías y unidades regionales, cuyo control se pierde. Son armas que están bajo custodia judicial, pero la queja es que desde la Justicia nadie controla y que tampoco se las puede destruir, porque el único que lo puede hacer es la Anmac. En esa situación hay más de 3174 armas de fuego desperdigadas en comisarías.
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