Amnistía vincula el suministro de combustible a crímenes de guerra perpetrados por la junta militar birmana
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha alertado este jueves de que el suministro de combustible enviado a Birmania por terceros países está relacionado con los crímenes de guerra perpetrados por la junta militar del país contra civiles desde que tuvo lugar el golpe de Estado el 1 de febrero de 2021.
Así, ha pedido a estados y empresas de todo el mundo suspender las exportaciones de combustible destinado a la aviación tras una investigación que relaciona la exportación del crudo, que es enviado en buques, distribuido y almacenado hasta su traslados a bases militares donde es utilizado por el Ejército para llevar a cabo bombardeos que han dejado víctimas civiles.
"Estos ataques aéreos han devastado familias, aterrorizado a civiles, y matado y mutilado a víctimas. Pero, sin combustible, los aviones no pueden volar y causar estragos. Hoy pedimos a suministradores, agentes marítimos, armadores de barcos y aseguradores marítimos que se retiren de una cadena de suministro que beneficia a la Fuerza Aérea de Birmania", ha aseverado la secretaria general de AI, Agnès Callamard.
En este sentido, ha afirmado que "no existe justificación alguna para participar en el suministro de combustible a la aviación de un Ejército que muestra un flagrante desprecio hacia los Derechos Humanos y que ha sido acusado repetidamente de cometer crímenes de guerra y lesa humanidad".
La investigación, realizada con el apoyo de otras organizaciones de la sociedad civil, también incluye testimonios de supervivientes de ataques aéreos que compartieron sus experiencias para arrojar luz sobre las vidas que se han cobrado estos ataques. Las ONG estiman que las víctimas de los ataques aéreos del Ejército forman parte de los más de 2.400 civiles que han muerto a manos de las fuerzas birmanas desde el golpe de Estado.
Empresas implicadas
Así, la organización ha destacado que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los Derechos Humanos con independencia del lugar en el que desarrollen sus actividades.
Desde 2015, la principal empresa extranjera implicada en la gestión, almacenamiento y distribución de combustible para la aviación birmana es la singapurense Puma Energy, perteneciente en gran parte al gigante comercial Trafigura. Puma Energy ha desarrollado sus actividades en Birmania a través de su filial Puma Energy Asia Sun (PEAS) y de la empresa conjunta National Energy Puma Aviation Services (NEPAS).
Aunque Puma Energy ha asegurado desde febrero de 2021 y hasta el 5 de octubre de 2022 la empresa limitó sus operaciones, el informe de Amnistía muestra lo contrario. En sus conclusiones, el documento señala que el combustible entra en el país asiático principalmente por una terminal del puerto de Thilawa gestionada precisamente por PEAS.
Otras empresas también desempeñan papeles importantes en la cadena de suministro del combustible para aviación en Birmania, por lo que estarían vinculados a su vez a la violación de los Derechos Humanos.
Entre febrero de 2021 y septiembre de 2022, al menos siete petroleros descargaron ocho envíos de combustible en la terminal del puerto gestionada por la filial de Puma Energy PEAS en Thilawa, en Rangún.
AI ha confirmado que los envíos fueron realizados por Singapore Petroleum Company (SPC), de propiedad exclusiva de PetroChina (SPC), Rosneft, de Rusia, Chevron Singapore y Thai Oil. Además, ExxonMobil está vinculada a un envío realizado en junio de 2022.
"El combustible para aviación suministrado, importado, almacenado y distribuido por una serie de empresas ha sido fundamental para que el Ejército de Birmania lleve a cabo este tipo de atroces ataques aéreos. Es hora de romper definitivamente la cadena de suministro de combustible", ha puntualizado por su parte Montse Ferrer, investigadora de Amnistía sobre Empresas y Derechos Humanos.
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