Bronca entre Pedro Sánchez y la oposición por condena al fiscal general español

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición intercambiaron recriminaciones este miércoles en el Congreso de los Diputados en torno a la reciente condena al fiscal general, nombrado en 2022 a propuesta del Ejecutivo de izquierda.

"Estamos convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio", afirmó Sánchez, quien insistió en la inocencia de Álvaro García Ortiz, condenado el jueves pasado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para ejercer cargo público por haber filtrado información del novio de una figura de la oposición de derecha sospechoso de fraude fiscal.

El dirigente socialista sostuvo que su Gobierno siempre se posicionará "del lado de la verdad", recordando que varios periodistas aseguraron durante el juicio que García Ortiz no era la fuente de las informaciones que publicaron y la "mentira" que admitió haber dicho un testigo de la acusación.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP, derecha), el principal de oposición, acusó a Sánchez de ser "cada vez (...) más peligroso para la democracia española", y enumeró otras causas judiciales que afectan a personas de su entorno, como su esposa, su hermano y dos antiguos cercanos colaboradores.

"Lo que verdaderamente le inquieta es que se vuelvan a abrir las puertas de la prisión para que entre alguno de los suyos", le lanzó Feijóo.

El Gobierno propuso el martes a una veterana fiscal especializada en violencia de género para reemplazar a García Ortiz, un anuncio que fue recibido con "prudencia" por la oposición.

Teresa Peramato es "una mujer de dilatada trayectoria, reconocida, independiente, rigurosa y, por cierto, feminista", dijo Sánchez ante los diputados.

Nombrado en 2022 a propuesta del gobierno de Sánchez, Álvaro García Ortiz se sentó en el banquillo en el Tribunal Supremo a principios de noviembre.

Además de la inhabilitación, García Ortiz, que siempre negó ser el responsable de la filtración, también fue condenado a indemnizar con $10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta conservadora de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La condena es un golpe difícil para Sánchez y su Ejecutivo, que de manera reiterada defendieron la inocencia del fiscal general condenado por violación del secreto judicial.

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