Conservacionistas demandan a Trump por construcción de salón de baile en la Casa Blanca
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LA NACION
El presidente estadounidense Donald Trump fue demandado el viernes por conservacionistas que solicitaron a un tribunal federal la suspensión de su proyecto de salón de baile en la Casa Blanca hasta que pase por distintas revisiones independientes y obtenga la aprobación del Congreso.
El Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica, un grupo financiado de manera privada, solicitó al tribunal federal de distrito que bloquee el proyecto de salón de baile de Trump en la Casa Blanca, para el que ya se ha demolido el Ala Este de la misma, hasta que pase por exhaustivas revisiones de diseño, evaluaciones ambientales, comentarios públicos y debate y ratificación del Congreso.
El proyecto de Trump ha suscitado críticas en las comunidades de preservación histórica y arquitectónica, así como entre sus adversarios políticos, pero la demanda es el esfuerzo más tangible hasta ahora para alterar o detener los planes del presidente para una adición que, en sí misma, tendría casi el doble del tamaño de la Casa Blanca antes de la demolición del Ala Este.
“Ningún presidente tiene la autorización legal de derribar partes de la Casa Blanca sin ninguna revisión —ni el presidente Trump, ni el presidente Biden, ni nadie más”, se afirma en la demanda. “Y ningún presidente tiene la autorización legal de construir un salón de baile en una propiedad pública sin dar al público la oportunidad de opinar”.
Además, el fideicomiso desea que el tribunal declare que Trump, al acelerar el proyecto, cometió diferentes violaciones a la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Política Ambiental Nacional, además de exceder su autoridad constitucional al no consultar a los legisladores.
No se debería realizar ningún otro trabajo, argumenta el fideicomiso, hasta que los funcionarios gubernamentales “lleven a cabo las revisiones requeridas —revisiones que deberían haberse realizado antes de que los Demandados demolieran el Ala Este, y antes de que comenzaran la construcción del Salón de Baile”.
Hasta el momento, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no ha respondido las preguntas de LA NACION sobre la demanda y el proyecto, incluyendo si el presidente tenía alguna intención de consultar al Congreso. Desde que anunció el proyecto, el mandatario republicano ha enfatizado que lo está haciendo con dinero privado, incluido el suyo propio. Pero eso no necesariamente cambiaría la manera en que se aplican las leyes y procedimientos federales a lo que sigue siendo un proyecto del gobierno de Estados Unidos.
El presidente ya ha eludido las prácticas habituales de construcción del gobierno federal y las revisiones históricas con la demolición del Ala Este. Recientemente añadió a otro despacho de arquitectura al proyecto.
Trump ha dicho durante mucho tiempo que se requiere un salón de baile en la Casa Blanca, quejándose de que los eventos se realizaban afuera bajo una carpa porque la Sala Este y el Comedor de Estado no podían alojar multitudes más grandes. Entre otras quejas, el mandatario dijo que los invitados se mojan los pies si llueve durante tales eventos.
Se espera que la Casa Blanca presente los planes para el nuevo salón de baile de Trump ante una comisión de planificación federal antes de que termine el año, aproximadamente tres meses después de que comenzara la construcción.
Will Scharf, nombrado por Trump como presidente de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, dijo la semana pasada, en la reunión mensual del panel, que sus colegas de la Casa Blanca le informaron que los esperados planes se presentarían en diciembre.
“Una vez que se presenten los planes, es realmente cuando comenzará el papel de esta comisión y su personal profesional”, dijo Scharf, quien también es uno de los principales asesores del presidente republicano en la Casa Blanca.
Señaló que el proceso de revisión se llevaría a cabo a un “ritmo normal y deliberativo”.
Además de ser demasiado tarde, argumenta el fideicomiso, eso no es suficiente.
El fideicomiso afirma que los planes deberían haberse presentado ante la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, la Comisión de Bellas Artes y el Congreso antes de emprender cualquier acción. En la demanda se indica que el fideicomiso escribió a esas entidades y al Servicio de Parques Nacionales el 21 de octubre, después de que comenzara la demolición del Ala Este, instando a detener el proyecto y pidiendo el gobierno que cumpla con la ley federal.
“El Fideicomiso Nacional no recibió respuesta”, se indica en la demanda.
En la demanda se mencionan una serie de estatutos y reglas federales que detallan el papel que desempeña la comisión de planificación y bellas artes, así como los legisladores, en los proyectos de construcción del gobierno de Estados Unidos.
Entre ellos se encuentra un estatuto: “No se erigirá ningún edificio o estructura en ninguna reserva, parque o terrenos públicos del Gobierno Federal en el Distrito de Columbia sin la autorización expresa del Congreso”.
El fideicomiso también señala que las revisiones de diseño y ambientales, junto con la deliberación del Congreso, requerirían la participación pública.
“Esta participación pública, aunque importante en todos los asuntos de preservación, es particularmente crítica aquí, donde la estructura en cuestión es quizás el edificio más reconocible e históricamente significativo del país”, dice la queja.
Además del presidente, en la demanda se nombran como demandados al Servicio de Parques Nacionales, el Departamento del Interior y la Administración de Servicios Generales, junto con los líderes de esas agencias federales.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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