Denuncian condiciones “inhumanas” en centro de detención del ICE cerca de Chicago
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CHICAGO (AP) — Defensores de derechos humanos en Illinois demandaron el viernes a las autoridades federales por presuntas condiciones “inhumanas” en una instalación federal de inmigración en el área de Chicago.
Abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Illinois y del MacArthur Justice Center afirman que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han negado llamadas privadas con abogados a las personas detenidas en la instalación de Broadview y han impedido que miembros del Congreso, líderes religiosos y periodistas entren al edificio, creando una “caja negra” que, según ellos, ha permitido a las autoridades actuar “con impunidad”.
Presuntamente, los agentes también han coaccionado a las personas detenidas en el centro de procesamiento para que firmen documentos que no entienden, llevándolos a renunciar a sus derechos sin saberlo y enfrentar la deportación, según la demanda.
Hasta el viernes, representantes del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no habían respondido a varios correos electrónicos donde se solicitan sus comentarios.
Alexa Van Brunt, directora de la oficina en Illinois del MacArthur Justice Center y abogada principal de la demanda, dijo que los miembros de la comunidad están “siendo secuestrados de las calles, amontonados en celdas de retención, privados de alimentos, atención médica y necesidades básicas, y obligados a renunciar a sus derechos legales”.
“Todos, sin importar su estatus legal, tienen derecho a acceder a un abogado y a no estar sujetos a condiciones horribles e inhumanas”, expresó.
Los abogados acusan al ICE, al DHS y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) de violar el derecho de los detenidos a un debido proceso en virtud de la Quinta Enmienda y el derecho a un abogado, consagrado en la Primera Enmienda, y han solicitado al tribunal que obligue a las agencias a mejorar las condiciones de la instalación.
Durante meses, los defensores han expresado preocupaciones sobre las condiciones en la instalación, que ha atraído la atención de miembros del Congreso, candidatos políticos y grupos activistas. Abogados y familiares de personas detenidas en el lugar lo han calificado como un centro de detención de facto, donde hasta 200 personas han sido retenidas a la vez sin acceso a asesoría legal.
El DHS desestimó anteriormente las afirmaciones, diciendo que los detenidos en la instalación reciben alimentos adecuados, tratamiento médico y acceso a la comunicación con familiares y abogados.
En el centro de Broadview también se han realizado protestas en las que se ha arrestado a numerosos manifestantes.
Las protestas son el centro de otra demanda, presentada por una coalición de medios de comunicación y manifestantes que afirman que los agentes federales violaron sus derechos de la Primera Enmienda al usar repetidamente gas lacrimógeno y otras armas contra ellos.
La jueza federal de distrito Sara Ellis se puso del lado de la coalición a principios de este mes y exigió que los agentes federales del área de Chicago usen placas de identificación y les prohibió el uso de ciertas técnicas de control de disturbios contra manifestantes pacíficos y periodistas. Más tarde, también exigió que los agentes que poseen cámaras corporales las porten, después de expresar preocupaciones sobre el incumplimiento de su orden inicial.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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