EEUU: compensan a migrante hondureño tras lucha laboral
LA NACION
José Martín Paz posa a las afueras de Boston el miércoles 13 de julio del 2022. (AP Photo/Charles Krupa)
NUEVA YORK (AP) — José Martín Paz pasó casi dos semanas en un centro de detención migratoria de Estados Unidos después de que su empleador hablara sobre él con la policía.
Hace pocos días, sin embargo, los miembros de un jurado en el estado de Massachusetts decidieron que la empresa de construcción que lo denunció debe pagarle más de medio millón de dólares en compensación.
"Muchos nos callamos por temor a represalias de nuestros patrones y no buscamos cómo informarnos. Hay que buscar ayuda para defender nuestros derechos", dijo Paz a The Associated Press en una entrevista telefónica desde su casa a las afueras de Boston.
Su caso, según varios grupos de activistas, demuestra que todos los trabajadores tienen derechos aunque se encuentren ilegalmente en Estados Unidos.
La saga judicial del hondureño de 43 años empezó cuando en 2017 se rompió una pierna al caer de una escalera. Fue llevado en ambulancia a un hospital y operado.
El Departamento de Bomberos llamó entonces al Departamento Federal de Trabajo para reportar la caída. Paz inició además una solicitud de compensación económica con las autoridades.
Un par de meses después la empresa llamó a Paz y le dijo que fuera a buscar un cheque a la oficina. Al salir se encontró con agentes de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas, (ICE, por sus siglas en inglés), que lo estaban esperando. Lo arrestaron allí mismo porque se encontraba ilegalmente en el país. Su hijo de dos años y el amigo que lo había llevado a la oficina presenciaron el arresto.
Durante su detención grupos de activistas presentaron una queja ante el Departamento de Trabajo a nombre de Paz y eso contribuyó a que el hondureño quedara en libertad y el gobierno iniciara una investigación.
El mismo Departamento de Trabajo interpuso una demanda en 2019 contra la empresa tras alegar que tomó represalias contra el inmigrante con el objetivo de que fuera deportado.
“Intentaron que Martín Paz fuera deportado porque él había simplemente intentado ejercer los derechos que todos los trabajadores tienen, independientemente de su estatus migratorio”, dijo Audrey Richardson, la abogada de Paz.
Los miembros del jurado decidieron a fines de junio que la empresa, Tara Construction, y su director ejecutivo, Pedro Pirez, paguen a Paz un total de 650.000 dólares por los daños causados.
Criado en San Pedro Sula, Paz abandonó su país natal en el año 2000 agobiado por la violencia y el asesinato de su hermano, relató. En la actualidad vive con su esposa hondureña y sus cinco hijos, dos de los cuales nacieron en Honduras. Ahora cuenta con un permiso de trabajo temporal y sigue trabajando en la construcción.
Daniel Dwyer, abogado de Pirez, dijo a AP que su cliente quedó confundido cuando el hospital le dio varios nombres para identificar a Paz. El hondureño tenía un número de seguridad social falso y una tarjeta de residencia permanente falsa, sostuvo el abogado. Entonces Pirez llamó a un primo que trabaja para la policía.
“Le explicó que el hospital le estaba dando distintos nombres. ‘Quiero saber el nombre de mi empleado’, le dijo. ‘¿Por favor puedes encontrar su nombre?’, le preguntó. Eso fue todo lo que Pedro (Pirez) hizo”, dijo Dwyer, quien describió a su cliente como un jefe que siempre entregaba dinero extra y ayudaba a empleados que sufrían lesiones en el trabajo.
La policía fue la que luego contactó a ICE. Dwyer dijo que él y su cliente están considerando una apelación.
Diego Low, director del Metrowest Worker Center, un centro de ayuda a trabajadores y que apoyó a Paz en el proceso legal, dijo que la mitad de los casos en los que hay accidentes serios los trabajadores dicen que sus empleadores les recomiendan no reportarlo a las autoridades.
“Muchísimos deciden no arriesgarse y vuelven a trabajar y no se recuperan completamente porque no obtuvieron precisamente los fondos para poder quedar fuera del trabajo recuperándose”, dijo Low.
Paz describió su larga batalla contra la empresa como un proceso “bien difícil", durante el cual no pudo trabajar durante dos años tras la caída y agradeció el apoyo que obtuvo de activistas y el gobierno.
"Tuve temor, pero con las personas que tenía alrededor, me sentía con valor también”, dijo.
