Guatemala pide disculpas por desaparición forzada de cuatro activistas indígenas en 1989
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, pidió disculpas públicas este viernes a nombre del Estado a las familias de cuatro indígenas activistas de derechos humanos desaparecidos por el ejército en 1989.
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LA NACION
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, pidió disculpas públicas este viernes a nombre del Estado a las familias de cuatro indígenas activistas de derechos humanos desaparecidos por el ejército en 1989 durante la guerra contra la insurgencia.
Agapito Pérez, Nicolás Mateo, Macario Pú y Luis Ruiz fueron víctimas de desaparición forzada a comienzos de abril de 1989 al comprobarse que militares los sacaron de sus viviendas y nunca más se supo de ellos, según un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), que ordenó las disculpas en 2024.
Los crímenes ocurrieron en el marco de la ofensiva estatal contra grupos guerrilleros marxistas, un conflicto que dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996, según la ONU.
"El Estado falló y por eso en mi calidad de presidente y de representante del Estado pido disculpas públicas a los familiares" de los activistas mayas "por su desaparición forzada y por la posterior denegación de justicia", dijo Arévalo en un acto en el Palacio Nacional de la capital.
El mandatario socialdemócrata reconoció que el Estado guatemalteco "incumplió con sus obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a los responsables" y no promovió la búsqueda de los cuatro indígenas.
Los activistas fueron acusados de apoyar supuestamente a la guerrilla y negarse a integrar las Patrullas de Autodefensa Civil, grupos paramilitares creados por el ejército para controlar poblados indígenas, pero acusados de participar en masacres contra civiles.
Según el fallo, los cuatro indígenas vivían en una finca en el sur del país, de donde fueron raptados y desaparecidos, luego de verse obligados a desplazarse desde el departamento de Quiché (oeste).
La presidenta del Robert F. Kennedy Human Rights, Kerry Kennedy, que acompaña el caso, señaló en el acto que las familias de las víctimas vivieron por décadas "en silencio, con miedo e impunidad porque el Estado les falló en investigar y responderles".
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