El Gobierno activa la segunda etapa de la “batalla cultural” en derechos humanos

Luego de casi dos años de discusiones con los organismos de derechos humanos y sin energía para dos años más de “batalla cultural”, el abogado y ex juez Alberto Baños renunció el jueves pasado a seguir siendo subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Javier Milei, en la estructura que encabeza el Ministerio de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

A su reemplazante, que según voces del oficialismo ya estaría definido y se anunciará este martes, le espera la ardua tarea de encabezar lo que en Balcarce 50 definen como la “nueva fase” de ajuste en el área, tendiente a consolidar una subsecretaría con énfasis en “la defensa jurídica” del país en temas como libertad de prensa o represión en manifestaciones, y lejos de “las cajas” cuyo manejo le adjudican a los organismos de derechos humanos.

En este contexto, los organismos denuncian que a la hostilidad ideológica contra ellos, instalada desde que Milei llegó a la Casa Rosada, se le ha sumado la progresiva escasez de fondos y el deterioro evidente de los edificios y actividades vinculados a recordar los horrores del terrorismo de Estado, cuyas principales cabezas fueron condenadas por la Justicia el 9 de diciembre de 1985, hace exactamente cuatro décadas.

“Es evidente que no gozamos de su simpatía”, dice con ironía un importante dirigente de derechos humanos, que conoce el trabajoso día a día de Baños-que llegaba a su despacho, en la sede de la ex ESMA-ante las quejas constantes de los organismos de derechos humanos, en el Entre tripartito que también integra el gobierno porteño, encargado de administrar el predio, de 17 hectáreas, y que contiene 20 edificios, cada uno de ellos adjudicado a entidades, como las dos vertientes de Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, y la agrupación Hijos, entre otras.

En principio, según fuentes oficiales, el Presupuesto anual asignado por el Gobierno para el Ente será de $3908 millones, el mismo monto que recibió en 2025 y que incluye el pago de los salarios de los 170 empleados, entre personal de vigilancia, mantenimiento, visitas guiadas y logística, como rubros centrales. “No hay plata para nuevas obras, ni para sostener algunas de las actividades que se hacían, ni siquiera para sostener los edificios”, dicen cerca de la representante de los organismos, la ex legisladora porteña Gabriela Alegre.

Contabilizan 800 empleados despedidos en los últimos meses del Museo Sitio de Memoria ESMA, al Archivo Nacional de la Memoria y al Banco Nacional de Datos Genéticos, y dan como ejemplo las paredes descascaradas y enormes goteras que, cada día de lluvias intensas, pueden verse en el edificio Cuatro Columnas, uno de los más emblemáticos del predio.

En otro de los edificios del predio funciona el Instituto de Derechos Humanos del Mercosur. El ex embajador y parlamentario del Parlasur Gabriel Fuks afirma que a pesar de tener la obligación de sostener el edificio y sus actividades, el gobierno de Milei decidió no hacer más aportes, “lo cual compromete el cumplimiento de las principales funciones del instituto”.

Otro ejemplo: el denominado Museo Sitio de Memoria ESMA, ubicado en el ex centro clandestino de detención durante la última dictadura e inaugurado en mayo de 2015, funciona hoy solo de jueves a domingo, dos días menos que hasta hace pocos meses.

Frente a las críticas, el Gobierno asegura que los despedidos eran “militantes”, y la demanda de fondos “es incesante” por parte de los organismos, porque “en cada metro del predio se pone mucha plata”. Dan como ejemplo reciente que “nos pidieron $16 millones para cortar el pasto” y que “todo eso lo ponemos nosotros, porque la ciudad no llega con su aporte ni al 10 por ciento”. Aseguran que “la gente que nos piden tener de seguridad es exagerada, casi que quieren una fortaleza ahí”, y amenazan con revisar los gastos de cada rubro, la cantidad de empleados y el porcentaje que aporta el gobierno porteño, cuyo representante en el Ente es la actual directora de derechos humanos de la ciudad, Natasha Steimberg.

En febrero de este año, Baños fue noticia cuando, en la previa a un show gratuito del artista Milo J en uno de los predios de la exESMA, presentó ante la Justicia una cautelar que logró suspender el recital. La excusa fue que no contaba con autorización ni había suficientes medidas de seguridad. En mayo, a través del portavoz Manuel Adorni se anunció que la entonces secretaría de Derechos Humanos bajaba un escalón y pasaba a ser subsecretaría, con un ahorro estimado de $9000 millones anuales.

Desde los organismos afirman que los gastos “cubren solo lo básico” y retrucan con un dato reciente: dos edificios del predio fueron restaurados en tiempo récord, para trasladar allí los archivos de la causa AMIA. “Quiere decir que cuando quieren, hay plata”, se quejan voces de los organismos de derechos humanos.

El trasfondo de la pelea es, claramente, que hay dos miradas contrapuestas sobre lo ocurrido en la década del setenta. En su última disertación pública, en el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, Baños afirmó que “se hizo un negocio del pasado que esta gestión no va a tolerar”. Recalcó, en línea con el Gobierno, que la idea es reforzar la “memoria completa, no soslayada ni negada” de los “mil muertos por la acción de las milicias guerrilleras”, cuyos familiares –según aclaró- “no cobraron indemnizaciones, ni les hicieron monumentos”.

Desde el Gobierno dan por descontado que, más allá de la impronta que pueda darle a su cargo, serán estos los principios que seguirá quien ocupe el lugar de Baños, que llegó al cargo por su amistad con Cúneo Libarona, quien en principio se iría del Gobierno en marzo próximo.

La desconfianza entre el Gobierno y los organismos es palpable. Del acto oficial previsto para conmemorar en la ex Esma el Día internacional de los Derechos Humanos, el próximo miércoles, los funcionarios nacionales solo dejaron trascender que se hará por la tarde, sin listado de invitados ni detalles adicionales.

Los organismos, en tanto, especulan con que, a partir de las palabras de Baños, se inicie una ofensiva destinada a que las víctimas de los muertos por el accionar de la guerrilla accedan a indemnizaciones y que se conceda la libertad a los militares que aún cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos. Conectan ese dato con la consolidación del grupo Pañuelos Negros, que encabeza Asunción Benedit, y que integran, entre otros Lucrecia Astiz, (hermana del ex marino condenado Alfredo Astiz), y las legisladoras porteñas libertarias Rebeca Fleitas y Lucía Montenegro. La contraposición con los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo habla por sí sola.

“Las víctimas son víctimas, eso lo entendemos. Pero en la ex ESMA estamos nosotros, los organismos”, declaran desde uno de los organismos, en preparativo para nuevas batallas.

Por Jaime Rosemberg

• Derechos Humanos

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