Habitantes de pueblo peruano contaminado por minera dan testimonio ante CorteIDH
Habitantes de la comunidad andina de La Oroya, en Perú, denunciaron el miércoles al Estado peruano por considerar que incumplió su obligación de fiscalizar a una empresa minera permitiendo que generara altos niveles de contaminación, durante una audiencia en Montevideo ante la CorteIDH.
En su 153 período ordinario de sesiones, que tiene lugar esta semana en Uruguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a tratar la responsabilidad del Estado peruano en el caso, luego de décadas de exposición de los pobladores de La Oroya a metales pesados (plomo, cadmio y arsénico) del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú.
"El Estado fue como un padre que nunca nos dio la cara", dijo Rosa Amaro, de 74 años, quien residió en la localidad hasta 2017. Durante ese tiempo, atestiguó cómo los cerros quedaron "pelados" porque "no crecían las plantas" y cómo los pobladores sufrían ardor en los ojos y garganta, dolor de cabeza y dificultades para respirar.
Relató que luego de sufrir dos abortos se sometió a un tratamiento de fertilidad para poder ser madre a los 43 años. De sus dos hijos, uno padece sordera.
Entre lágrimas, Amaro, que presidió el Movimiento por la Salud de La Oroya, dijo que tuvo que dejar el pueblo en el que vivió toda su vida por las amenazas de parte de familiares de trabajadores de la mina, quienes consideraban que los pedidos de la organización iban en contra de su fuente de trabajo.
En 2006, ante la ausencia de respuestas a nivel nacional, habitantes de La Oroya demandaron al Estado peruano por violación de sus derechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 estableció la responsabilidad del Estado y remitió el caso a la CorteIDH.
Los demandantes argumentan que el Estado peruano no sólo incumplió su obligación de fiscalizar a la empresa, sino que tampoco garantizó al acceso a la información de los habitantes sobre decisiones que les afectarían, ni investigó las amenazas y hostigamientos en su contra.
La Oroya, un pueblo de 30.000 habitantes situado 175 km al este de Lima que vive de la minería desde hace un siglo, fue nombrado en 2007 uno de los lugares más contaminados del mundo por el Instituto Blacksmith, informaron las oenegés AIDA y APRODEH, que representan legalmente a los demandantes en el caso.
Doe Run Perú, propiedad del estadounidense grupo Renco y que operaba el complejo metalúrgico en La Oroya desde 1997, se declaró en bancarrota en 2009 y tras un largo proceso fue cedida en julio pasado a sus trabajadores.
Actualmente el complejo no está operativo, pero los 1.305 mineros acreedores de Doe Run pidieron al gobierno reactivarlo este 2022.
Órgano consultivo de la OEA, la CIDH con sede en Washington investiga casos que presenta a la CorteIDH cuando determina que hubo violaciones a los derechos humanos no subsanadas por los Estados.
Los fallos de la CorteIDH, con sede en San José de Costa Rica, son definitivos e inapelables.
Gv/ad
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