Polémica en Italia por el decreto del gobierno de derecha contra las fiestas electrónicas
En nombre del orden y la ley, el gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni se estrenó esta semana con un controvertido decreto contra las fiestas electrónicas que incluye penas de cárcel de hasta 6 años para organizadores y participantes.
El texto, aprobado durante el primer Consejo de Ministros, suscita fuerte preocupación entre la oposición, que teme que se extienda a todo tipo de manifestaciones, entre ellas la ocupación de escuelas y universidades a modo de protesta.
"Se trata de un error muy grave. Los raves o fiestas electrónicas no tienen nada que ver con ese texto. Se está poniendo en cuestión la libertad de los ciudadanos", lamentó el líder del Partido Democrático, Enrico Letta, en Twitter.
La medida, llamada en internet "Se terminó la fiesta", ha sido criticada por la dureza de las condenas y porque de hecho autoriza las escuchas telefónicas, lo que en principio sirve para delitos muy graves, como mafia o fraude fiscal.
"La juventud condenada al patíbulo", reaccionó el escritor Erri de Luca al defender las manifestaciones musicales libres y gratuitas de varios días y que generalmente se celebran sin autorización en un edificio abandonado o al aire libre, llamados rave.
La medida contra esos jolgorios fue tomada tras el desalojo pacífico de 3.000 jóvenes, después de 48 horas bailando entre alcohol y drogas, en un galpón abandonado de la ciudad de Módena.
Además propone castigar con cárcel a los organizadores de reuniones no autorizadas de más de 50 personas si se consideran peligrosas para la seguridad o la salud, así como confiscar los equipos de música, camiones y furgonetas y poner una multa de entre 1.000 y 10.000 euros.
Las disposiciones, propuestas por el nuevo ministro del Interior, Matteo Piantedosi, conocido por sus posiciones ultraderechistas, fueron defendidas por el gobierno.
"Ofrecen nuevos y más efectivos instrumentos gracias a los cuales será posible intervenir rápidamente para frenar un fenómeno que es particularmente costoso para el Estado, y por ende para la comunidad, ya que requiere el compromiso de importantes recursos y de muchos agentes del orden público", explicó el ministro.
Bur-kv/avl
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