Un jueza de Arizona anula la suspensión de una ley que impone una prohibición casi total del aborto
Una jueza del Tribunal Superior del condado de Pima, en Arizona, Kellie Johnson, ha dictaminado retirar la suspensión de una ley de antes de que Arizona fuera un estado que prohíbe en la práctica y bajo amenaza de consecuencias penales cualquier interrupción del embarazo salvo en casos de peligro para la madre.
La norma había estado suspendida desde hace 50 años, pero ahora ha sido restaurada, por lo que las clínicas y su personal tendrán que cesar de inmediato las prácticas abortivas con medios químicos, farmacológicos o quirúrgicos bajo amenaza de penas de entre dos y cinco años de prisión, según recoge la radio pública estadounidense NPR.
El fiscal general del estado, el republicano Mark Brnovich, había solicitado anular la suspensión hace un mes después de que el pasado 24 de junio el Tribunal Supremo anulara el reconocimiento del derecho al aborto a nivel federal dejando su legislación a cada estado.
"Aplaudimos al tribunal por defender la voluntad del legislador y dar claridad y uniformidad a esta cuestión tan importante", ha apuntado Brnovich tras conocer el fallo.
La doctora DeShawn Taylor, quien regenta una clínica que ofrece abortos, ha manifestado su desolación por la medida, pero ha asegurado que no le sorprende. "La gente que gobierna este estado quiere que el aborto sea ilegal. Claro que en el fondo nos aferramos a la esperanza, pero lo primero que viene a mi mente es que llevo tiempo preparándome para la prohibición total", ha explicado.
Desde la derogación de la sentencia del caso Roe contra Wade hasta doce estados con gobiernos republicanos han impuesto normativas restrictivas sobre el aborto. Este domingo entra en vigor una nueva ley que prohíbe los abortos en Arizona a partir de las 15 semanas de embarazo.
La Presidencia estadounidense ha advertido ya de que se trata de una decisión "peligrosa" y que "sitúa a las mujeres de Arizona hace más de un siglo, cuando Arizona ni siquiera era un estado".
"Las consecuencias potenciales de esta decisión son catastróficas, peligrosas e inaceptables", ha añadido. "Las víctimas de violación e incesto es verán obligadas a gestar al niño de los agresores", ha destacado la Casa Blanca, que ha prometido que seguirá trabajando para que se apruebe una ley del derecho al aborto a nivel federal.
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