El Gobierno acepta cambiar la movilidad jubilatoria que aprobó Diputados para evitar un veto presidencial

Ante la amenaza de que el Senado convierta en ley la media sanción que aprobó la oposición de la Cámara de Diputados que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria, el Gobierno buscará persuadir a los bloques dialoguistas a que modifiquen el texto para amortiguar su impacto fiscal en las cuentas públicas. El objetivo es evitar que Javier Milei se vea obligado a vetar la norma y corra el riesgo de que ambas cámaras, con los dos tercios de los votos, confirme la ley y desautorice la figura presidencial.

El Gobierno tiene razones para preocuparse. El proyecto cosechó casi dos tercios en la Cámara de Diputados y el oficialismo en el Senado, aun con Pro como aliado, no tiene la fuerza numérica suficiente para neutralizar una eventual embestida de la oposición unida. Si bien Milei alardea de que le importará “tres carajos” vetar la norma si se aprueba, lo cierto es que en la Casa Rosada los lugartenientes del jefe de Gabinete Guillermo Francos –el vicejefe José Rolandi y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy- prefieren instrumentar cuanto antes un plan de control de daños preventivo.

“Sería un golpe político muy fuerte que el Congreso insista con la ley con los dos tercios de los votos. Es un escenario que a todas luces queremos evitar en un año en el que todavía la economía todavía se muestra frágil”, admiten en la Casa Rosada.

La iniciativa en cuestión contempla cinco puntos claves. El primero va en línea con el decreto 274, que el presidente dictó a fines de marzo pasado, el cual estipula una fórmula de movilidad que actualiza mensualmente los haberes en base al último índice de precios al consumidor (IPC). Los legisladores incorporaron una garantía para que el haber mínimo no sea inferior al valor de la canasta básica por adulto multiplicado por 1,09.

Además, en la media sanción los diputados dispusieron un incremento del 8,1% en los haberes para compensar la caída que sufrieron en enero pasado, cuando la inflación trepó al 20,6%. El Poder Ejecutivo, en el decreto 274, solo había concedido un aumento del 12,5% en abril. Estos tres ítems podrían ser considerados, según fuentes de la Casa Rosada.

Los dos puntos restantes del proyecto son los que más preocupan al Gobierno por su impacto fiscal. Ergo, son los que intentará negociar con la oposición dialoguista para que sean modificados o bien eliminados de texto.

Uno de ellos es el que incluye un aumento adicional a la fórmula de movilidad a aplicarse en el mes de marzo de cada año, el cual consiste en un 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del IPC del último año, siempre que esta resulte positiva. Caso contrario, no se aplicará.

El otro punto que irrita a la Casa Rosada es el que instruye a la ANSES a cancelar las deudas con las trece cajas previsionales provinciales no transferidas y los juicios con sentencia firme con beneficiarios del SIPA en un plazo de seis meses desde la aprobación de la norma, prorrogables por otros seis meses más. No hay estimaciones oficiales consolidadas sobre el volumen de ambas deudas, pero se estiman que son multimillonarias.

La incorporación de la variable salarial en la fórmula de movilidad, aun cuando sea una vez al año, provocaría un agujero fiscal inadmisible para un gobierno que hace del equilibrio de las cuentas públicas un dogma. La diputada de Pro y economista Daiana Fernández Molero lo advirtió en el recinto en la última sesión, cuando se discutió la Ley Bases.

“Esa fórmula es efectivamente explosiva. ¿Por qué? Porque incluye el RIPTE, que es la actualización por salarios. Este agregado es “asimétrico” ya que solo se aplica en los años que el salario real sube y no lo corrige cuando baja”, enfatizó economista, quien indicó que el impacto fiscal del 0,43% del PBI que calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) es una foto que sólo aplica para este año, en el que no se contempla el refuerzo por RIPTE.

La legisladora indicó a LA NACION que, con la incorporación de la variable salarial en la fórmula, el costo fiscal anual contando un período de cinco años se dispararía a 1,9% del PBI, a todas luces insostenible para el Gobierno.

“En privado muchos colegas ya me lo han reconocido y me dijeron: ‘Sí, nos fuimos de rosca’. Así que espero que lo corrijan”, aleccionó la legisladora en el recinto.

Quien recogió el guante fue Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, uno de los impulsores de la media sanción de Diputados.

“Como decía la diputada Fernández Molero, soy de los que reconoce que en la media sanción que hemos logrado y que ha buscado ser sustentable fiscalmente hemos cometido un exceso en el cálculo de la movilidad. Ahora bien, sería muy importante que el Gobierno entienda que acá no hay nadie buscando eso, que hay honestidad intelectual”, enfatizó Massot.

En el radicalismo, que fue punta de lanza de esta media sanción, también reconocen que el impacto fiscal de la media sanción es mayor al que habían previsto. En la Casa Rosada, Rolandi e Ibarzábal Murphy ya entraron en acción y, como con la Ley Bases, confían en negociar cambios al texto con la oposición dialoguista.

Las conversaciones no solo se centrarán en el Senado, sino también en Diputados, ya que, de sufrir modificaciones, la media sanción deberá retornar a la cámara de origen. En la Cámara alta el debate se inició la semana pasada. Allí los opositores dialoguistas ya dieron una primera señal favorable al Gobierno al retacearle los dos tercios de los votos que necesitaba el bloque kirchnerista para apurar la sanción de la ley en la sesión del jueves pasado.

La estrategia del oficialismo es, por ahora, demorar la firma del dictamen hasta el mes próximo para ganar tiempo en las negociaciones, por ahora incipientes. Ya hay voces en el radicalismo y en el peronismo federal que insinúan la necesidad de instrumentar cambios en el texto para que vuelva a Diputados; por caso, el senador Juan Carlos Romero (Salta), cercano al oficialismo, advirtió que tanto la ley de administración financiera como el reglamento del Senado establecen que todo proyecto que afecte recursos presupuestarios debería incluir su fuente de financiamiento.

El problema se suscitaría si el kirchnerismo, con sus 33 voluntades, reúne los cuatro votos restantes para alcanzar la mayoría en el recinto e imponer la media sanción de Diputados. De llegar a esta instancia, el Poder Ejecutivo deberá calibrar qué tipo de veto –total o parcial- impondrá en la norma frente al posible riesgo de que la oposición lo rechace.

Todas estas definiciones están atadas al acuerdo que alcance con los dialoguistas. El Gobierno cuenta con una ventaja: con el reloj electoral que tibiamente empieza a correr, muchos opositores ya no quieren aparecer en la misma vereda junto al kirchnerismo.

Por Laura Serra

• Actualidad política

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