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Cambios previsionales: proponen una reforma integral, en lugar de los proyectos que se debaten en el Congreso
En Diputados hay 11 iniciativas de ley con dictamen, que consideran desde la reposición de la moratoria, hasta la recomposición del bono y el envío de fondos a provincias; una propuesta del Cippec busca eliminar el requisito de 30 años de aportes y disponer un nuevo cálculo del haber inicial
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LA NACIONSilvia Stang
Luego de una serie de reuniones conjuntas de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, en la Cámara de Diputados de la Nación hay 11 proyectos de ley con dictamen, todos vinculados con cambios en el sistema jubilatorio.
A grandes rasgos, las propuestas incluidas en los diferentes dictámenes firmados por legisladores de la oposición son las siguientes: la reposición, por dos años, de un sistema de compra de aportes -moratoria- para personas en edad de jubilarse; la puesta en vigencia de prestaciones de montos proporcionales para quienes tengan aportes, pero no lleguen a los 30 años exigidos por ley; la eliminación del requisito de 30 años de contribuciones; cambios a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); un aumento para todos los haberes de 7,2%, y un reajuste del monto del bono de $70.000 que cobran quienes tienen ingresos más bajos, para luego establecer que esa parte del ingreso tenga subas por inflación, al igual que ocurre con haberes jubilatorios propiamente dichos.
Además, en un par de proyectos se incluyó una respuesta a un viejo reclamo de las provincias que mantienen cajas jubilatorias propias para empleados públicos. Se propone que la Nación les pague a las jurisdicciones “anticipos” para la compensación de los déficits, sin que exista auditorías previas en las que se hayan puesto de acuerdo las dos partes. También está en danza la idea de promover la transferencia al sistema nacional de las cajas de las provincias que no dieron ese paso en la década del 90, que son, justamente, las que mantienen conflictos por la compensación de desequilibrios.
Legisladores de La Libertad Avanza y algunos del Pro, en tanto, pusieron su firma en un proyecto que solo busca disponer la creación de la “Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma integral del sistema previsional argentino”, cuya misión sería trabajar durante ocho meses (a partir de la eventual aprobación de la ley), para exponer conclusiones sobre los posibles cambios en materia previsional. Luego, tendrían 30 días corridos (o 90, si media una prórroga), para presentar “propuestas concretas”, en un anteproyecto de ley “acompañado de sus fundamentos técnicos, jurídicos y económicos” y de una estimación del impacto presupuestario que tendría su aplicación.
Con todo ese panorama en el Congreso, y en vistas de que los proyectos serían tratados en el recinto ya en los próximos días (probablemente, la semana próxima), desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), insistieron en la recomendación de que no se avance en cambios que solo serían parciales, para un sistema que necesita una revisión integral. Es el mensaje que los referentes de este think tank dieron ante diputados semanas atrás, cuando varios expertos fueron convocados para exponer en una reunión conjunta de las ya mencionadas comisiones, tal como informó en su momento LA NACION.
“La Argentina tiene una ventana de oportunidad, con un gobierno que es reformista, con un sector de la oposición que es amigable y estaría dispuesto a ayudar, y otra parte de la oposición que no coincide con el oficialismo, pero sí reconoce que algo hay que hacer”, señaló en un encuentro con periodistas el economista Rafael Rofman, investigador principal de Protección Social del Cippec. Entre los hechos que marcan que es un momento oportuno, está el vencimiento, el 23 de marzo último, de la moratoria de la ley 27.705, que rigió durante dos años para quienes tenían o iban cumpliendo la edad mínima jubilatoria.
Uno de los cambios propuestos por el Cippec es la eliminación del requisito de contar con 30 años para acceder a la jubilación. Según la iniciativa, al solicitar alguien su jubilación, se considerarían todos los aportes de la vida laboral (actualizados), y, sobre la base de ese monto, se calcularía la jubilación teniendo en cuenta la expectativa de vida de la persona en particular (con ese cálculo, cuanto más postergue la jubilación, mejor beneficio mensual se conseguiría).
Habría, por otro lado, un ingreso mínimo garantizado, que sería la PUAM, cuyo monto equivale al 80% del haber mínimo. Con esa fórmula de cálculo, se eliminaría la regla hoy vigente, por la cual se utilizan, en la fórmula del haber inicial, los salarios (actualizados) de los últimos 10 años trabajados. Ese cambio propuesto significaría para un grupo de personas una baja de la prestación respecto de la expectativa actual. Pero, según Rofman, para la gran mayoría de los hoy activos -que no llegarán a reunir 30 años de aportes- habría una mejora en relación con lo que hoy podrían esperar del sistema.
Con el esquema propuesto toda la población tendría, según el proyecto elaborado por el Cippec, un ingreso mensual al pasar la edad mínima jubilatoria, si así se lo requiere. En caso de que no haya aportes, se recibiría la PUAM, para la cual ya no se requeriría pasar un examen socio-económico (que sí es requerido actualmente).
La reforma propuesta por el centro de estudios contempla también la revisión de todos los regímenes que tienen reglas de excepción a las vigentes en el sistema general (se contemplan, por ejemplo, edades más bajas para la jubilación o montos mayores de ingresos). El objetivo sería determinar cuáles deberían mantenerse y definir, para esos casos, “reglas claras sobre su financiamiento”.
Además, se propone la eliminación de las futuras pensiones vitalicias por fallecimiento de cónyuge, en el caso de personas jóvenes, y se limitaría la duplicación de beneficios. Y, en cuanto al sistema de movilidad, se propone asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), como ocurre ahora, pero incorporando a la vez reajustes en función de lo que ocurra con los salarios reales.
“Hace falta que haya acuerdos políticos” para avanzar en una reforma “estructural y sostenible”, afirmó Rofman, para quien la mayoría de los proyectos legislativos priorizan cuestiones de corto plazo. Según las conclusiones del trabajo del Cippec, los debates que se dan en el Congreso “muestran voluntad de ampliar derechos, pero sin definir con claridad cómo garantizar su financiamiento.
Se trata de debates que podrían terminar, según advirtieron varios expertos que pasaron por las reuniones de las comisiones, con la aprobación de una ley que luego sea vetada por el presidente, Javier Milei, tal como ocurrió en 2024.
La propia fragmentación de las propuestas legislativas -algo evidente ante la existencia de 11 dictámenes- refleja, según el centro de estudios, “la dificultad para construir consensos amplios”, un requisito fundamental para que se pueda avanzar.
