Sturzenegger cruzó a Kicillof por la VTV: la provincia no adhiere a los cambios
La provincia de Buenos Aires confirmó que no incorporará los cambios en la verificación técnica y que multará a quienes circulen con obleas no emitidas por PBA
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RedactorIñaki Zurueta
La publicación este miércoles en el Boletín Oficial de la resolución que reglamenta el nuevo esquema de revisión técnica vehicular volvió a encender la disputa entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires sobre el futuro de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).
La medida forma parte de la reforma de la Ley Nacional de Tránsito impulsada por la administración de Javier Milei y habilita que la revisión obligatoria pueda realizarse en talleres y concesionarios que cumplan con determinados requisitos técnicos y se inscriban para prestar el servicio, en lugar de limitarla a plantas específicamente concesionadas para esa tarea.
Tras la oficialización de la normativa, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, cuestionó el rumbo elegido por la administración nacional y puso el foco en las garantías de control. “Escuchamos y vemos en redes sociales hablar del fin de un supuesto monopolio, pero poco se dice sobre cómo se va a garantizar que los controles sigan siendo rigurosos y confiables”, sostuvo.
Para el funcionario, cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, “corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos”.
La respuesta llegó desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Ante una consulta de LA NACION, el ministro Federico Sturzenegger rechazó el planteo bonaerense y aseguró que el Gobierno provincial busca desviar la discusión.
“El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con Kicillof a la cabeza, intenta correr la discusión hacia la seguridad vial porque no puede defender el verdadero problema: el monopolio”, afirmó.
Además, negó que la reforma implique la eliminación de los controles técnicos. “La revisión técnica obligatoria sigue existiendo. Nadie la eliminó. La Ley Nacional de Tránsito sigue exigiendo que los vehículos sean inspeccionados”, aseguró.
El segundo punto de conflicto aparece en torno a quién debe estar habilitado para realizar las verificaciones. Mientras Marinucci sostuvo que el debate no debería centrarse en los prestadores sino en las responsabilidades derivadas de los controles, Sturzenegger respondió que el cambio apunta a terminar con un sistema cerrado de prestadores.
“Lo que terminamos fue con el privilegio de que esa inspección sólo pudiera hacerse en los talleres que el poder político decide habilitar”, afirmó.
Y agregó: “La pregunta es simple: ¿qué defienden exactamente? ¿La seguridad vial o el negocio de que los argentinos tengan que ir a unos pocos talleres seleccionados por el Estado, pagar lo que se les cobra y perder horas de su vida para cumplir un trámite cautivo?”.
El ministro nacional defendió el nuevo esquema explicando que se replica el modelo utilizado desde hace años para el transporte de cargas. “Durante años nos dijeron que la VTV era sinónimo de seguridad. Pero los camiones hace décadas que realizan la RTO en talleres habilitados bajo jurisdicción nacional. Si ese sistema sirve para el transporte de cargas que recorre millones de kilómetros por año, ¿por qué no serviría para los autos particulares?”, planteó.
En otro tramo de sus declaraciones, Marinucci vinculó la discusión con el estado de la infraestructura vial nacional y cuestionó la política de obra pública del Gobierno. “No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial”, sostuvo.
Desde Nación respondieron citando datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y sosteniendo que las fallas mecánicas explican menos del 2% de los siniestros viales.
“Dentro de ellas, los problemas más frecuentes están vinculados a neumáticos y frenos. Al abrir la importación de cubiertas y bajar sustancialmente sus precios, el gobierno del presidente Javier Milei hizo más por la seguridad vial de los argentinos que décadas de monopolios protegidos”, aseguró el ministro.
Otro de los puntos defendidos por la Provincia fue la fiscalización del sistema vigente. Marinucci destacó que dieron de baja más de 1000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta certificados y obleas de VTV sin realizar los controles correspondientes.
“Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden”, apuntó.
Desde el Gobierno nacional insistieron en que la apertura del sistema no implica la ausencia de controles: “Lo que hicimos fue exactamente eso: extender un modelo que ya existe y funciona. Abrimos la posibilidad para que cualquier taller que cumpla los requisitos técnicos pueda inscribirse, habilitarse y emitir una revisión técnica con validez nacional”, afirmó Sturzenegger.
El funcionario también cuestionó que algunas jurisdicciones rechacen certificados emitidos bajo normativa nacional. “Las provincias aceptan patentes emitidas por la Nación. Los camiones circulan con habilitaciones emitidas bajo normativa nacional. Pero cuando se trata de la VTV aparece una curiosa excepción: algunos sostienen que sólo son válidos los certificados emitidos por los talleres que ellos mismos seleccionan. Eso no es federalismo. Eso es protección de un negocio”, señaló.
Y concluyó con una de las definiciones más contundentes del intercambio: “La seguridad vial no necesita monopolios. Los monopolios sí necesitan el discurso de la seguridad vial”.
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