
El ministro volvió a cuestionar la decisión bonaerense de no adherir a la desregulación nacional, luego de que la revisión técnica aumentara un 17,6%; qué cambios ya aprobó CABA y por qué no se aplican en la Provincia
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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionó al gobierno de Axel Kicillof por el aumento del 17,6% en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la provincia de Buenos Aires.
El funcionario vinculó la actualización tarifaria con la decisión bonaerense de no adherir a la desregulación impulsada por el Gobierno nacional, que permite incorporar talleres mecánicos y concesionarios al sistema de revisiones obligatorias.

“Liberamos la VTV para que la puedas hacer en cualquier taller, concesionaria, o con el service (CABA ya lo está implementando). Pero la Provincia de Buenos Aires dijo que no. Acá el resultado. Nada, para recordar el año que viene cuando votes en la provincia. VLLC!”, escribió el ministro en su cuenta de X.
La publicación se produjo después de que entrara en vigencia el nuevo cuadro tarifario bonaerense. Desde ayer los propietarios de vehículos particulares de hasta 2500 kilos deben pagar $114.105,99 para realizar la VTV, frente a los $97.057,65 que costaba anteriormente.
El incremento fue autorizado por el Ministerio de Transporte provincial y su aplicación estaba prevista originalmente para julio, pero fue postergada durante 90 días tras un acuerdo entre las autoridades bonaerenses y las empresas concesionarias del servicio.
Qué cambia con la desregulación de la VTV y por qué la Provincia no adhiere
La controversia entre Nación y Provincia se remonta a marzo de 2025, cuando la administración de Javier Milei modificó la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito mediante el Decreto 196/2025. La reforma fue reglamentada en junio de este año a través de la Resolución 32/2026, que abrió el registro para incorporar nuevos prestadores.
El principal cambio consiste en permitir que la revisión técnica obligatoria pueda realizarse en talleres mecánicos, concesionarios e importadores, siempre que cumplan con los requisitos de equipamiento, infraestructura y personal técnico establecidos por la normativa.
De esta manera, el Gobierno busca reemplazar el esquema de prestadores exclusivos por uno de mayor competencia, con precios determinados libremente.

Esto no significa que cualquier taller pueda comenzar a realizar verificaciones automáticamente. Los establecimientos deben inscribirse, acreditar las condiciones técnicas exigidas y quedar sujetos a controles y auditorías. Tampoco se elimina la obligatoriedad de la revisión.
La reforma nacional también modificó los plazos para los automóviles particulares, donde la primera inspección pasa a realizarse a los cinco años del patentamiento, mientras que las siguientes tienen una vigencia de dos años hasta que el vehículo cumpla diez años de antigüedad. A partir de entonces, la revisión vuelve a ser anual.

Sin embargo, su aplicación efectiva depende de las distintas jurisdicciones. La Ciudad de Buenos Aires avanzó con la adaptación de su normativa, mientras que la provincia de Buenos Aires confirmó que mantendrá el régimen anterior.
En junio, la Legislatura porteña aprobó la Ley 6963, que incorpora los nuevos plazos, habilita la participación de talleres y concesionarios y establece un régimen de libertad tarifaria. Posteriormente, en agosto, el Gobierno de la Ciudad abrió el registro para los nuevos prestadores y en septiembre modificó el procedimiento de inscripción para facilitar la incorporación de establecimientos.
La implementación es progresiva y está vinculada con el vencimiento de los contratos de las plantas actuales. Por lo tanto, la apertura del registro no significa que todos los talleres interesados ya se encuentren habilitados para realizar la VTV.
La situación es diferente en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Kicillof decidió mantener las verificaciones en las plantas autorizadas por su propio sistema, con tarifas reguladas y revisiones anuales para los vehículos particulares a partir de los dos años de antigüedad.

Al justificar esa decisión ante LA NACION, tiempo atrás el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, había advertido que abrir el sistema sin las garantías necesarias podría generar diferencias en los estándares de inspección y dificultades para fiscalizar los controles.
Al mismo tiempo, la Provincia también sostiene que separar las tareas de reparación y verificación contribuye a preservar la independencia de las inspecciones. Desde Nación rechazan ese argumento y sostienen que la incorporación de nuevos prestadores no implica flexibilizar las exigencias de seguridad.




