Batalla campal en la Panamericana por una protesta de la línea 60
Gendarmería desalojó con gases lacrimógenos y balas de goma a colectiveros que intentaron cortar la autopista, en General Pacheco; hubo 38 heridos y ocho detenidos; siguen las negociaciones
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LA NACIONMauricio Giambartolomei
El conflicto de la línea 60 de colectivos transitó las horas más violentas desde que se inició el reclamo de los colectiveros, hace 34 días. Balas de goma, gases lacrimógenos y piedrazos convirtieron la Panamericana en un sangriento escenario. Ayer por la mañana, se enfrentaron los choferes que insisten en la reincorporación de los 53 trabajadores despedidos y efectivos de Gendarmería Nacional, que por una orden de la justicia federal de San Isidro desalojaron la autopista a la altura de la ruta 197, en General Pacheco. El saldo: 38 heridos, entre manifestantes, periodistas y uniformados. Dos personas debieron ser internadas en terapia intensiva.
Pasadas las 18, los choferes levantaron el corte que mantuvieron durante toda la tarde sobre la ruta. Y decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta hoy, cuando los delegados se reúnan nuevamente con el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, designado por el gobernador Daniel Scioli como intermediario entre los manifestantes y la empresa Micro Ómnibus Norte SA (Monsa). Del resultado de ese encuentro dependerán las acciones que seguirán los trabajadores, que amenazaron con volver a cortar la Panamericana.
"Llegamos a un cuarto intermedio, pero seguimos con nuestro reclamo: la reincorporación de 53 compañeros despedidos, el pago de los días caídos [los de la huelga] y el cese de la persecución al cuerpo de los delegados", explicó el delegado Santiago Menconi a LA NACION.
El primer choque se produjo cerca de las 7.30, cuando los choferes quisieron bloquear la autopista. En ese intento fueron interceptados por Gendarmería, que los desplazó con gases y balas de goma. Pasadas las 8, la Panamericana mantenía tres carriles abiertos hacia la ciudad de Buenos Aires. Dos horas más tarde, los trabajadores subieron nuevamente a la autopista y fueron desalojados una vez más. Allí se produjo la detención de ocho personas.
"Tenemos dos compañeros en la terapia intensiva de la clínica Modelo de Talar de Pacheco, 32 de ellos terminaron con heridas de bala. Los que le ponemos el pecho somos nosotros, la línea 60", exclamó Hugo Swarzman. "Esperemos que se solucione mañana [por hoy]; si no, seguiremos con nuestro plan de lucha. ¿Si vamos a cortar la Panamericana? ¿Tan importante es? Ya se van a enterar si cortamos", desafió.
Además de los trabajadores, según informó el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, hubo varios gendarmes heridos (un comandante), fotógrafos y tres periodistas. "Se dio la orden de desalojar porque se estaba cometiendo un delito federal. La Panamericana es el principal ingreso a la ciudad", aseguró el funcionario en declaraciones radiales.
Cuando la tensión sobre la autopista se había disipado, aún con la custodia de la Gendarmería y los trabajadores cortando la ruta 197, Granados convocó a los delegados de la línea 60 para comenzar a mediar con la empresa. Fuentes del Ministerio contaron a LA NACION que se realizaron dos reuniones pasado el mediodía en la sede que el Ministerio de Seguridad bonaerense posee en el barrio Puerta 12, en La Matanza. Así como lo hizo en el conflicto de la pollería Cresta Roja, Granados se ofreció como nexo para buscar una solución definitiva al conflicto.
"Si la empresa tiene voluntad de solucionar el problema, lo puede hacer. La palabra la tienen los trabajadores, será una decisión de ellos y de acuerdo con la propuesta", dijo después de la reunión el abogado de los choferes, Nicolás Espósito. "No queremos opinar si se trata de una cuestión política o no; nos concentramos en solucionar el problema", agregó para evitar entrar en una polémica con el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández (ver aparte).
Todas las unidades de la línea 60 dejaron de salir a la calle el 23 de junio pasado, lo que afecta diariamente a 200.000 personas que la utilizan entre Constitución y Tigre o Escobar, las estaciones cabeceras. Los trabajadores denunciaron un lock out patronal que les impidió sacar los colectivos a la calle sin cobrar boleto, medida que había sido pensada para reclamar la incorporación de los despedidos.
Las unidades de la empresa están guardadas; los talleres y las cabeceras, vigilados. Apenas 50 colectivos por día, conducidos por choferes enfrentados a los movilizados, hacen un recorrido corto.
En medio del conflicto surgió, además, la resolución de la jueza María Servini de Cubría, quien el 13 de junio pasado prohibió la circulación de los colectivos que estaban en Constitución hasta tanto se cumpliera la verificación técnica de las unidades. Esa inspección comenzó el jueves pasado y generó tensión entre los choferes que las conducían a los talleres y aquellos que protestaban en la calle. La magistrada también ordenó cercar la cabecera e impedir el ingreso de personas. Desde ese momento, 22 trabajadores se mantienen encerrados allí.
