Clausuraron otro depósito de Iron Mountain
Es la empresa donde ocurrió el incendio en el que murieron diez bomberos
1 minuto de lectura'
LA NACIONMauricio Giambartolomei
Iron Mountain es otra vez noticia. Ayer trascendió que el 17 de marzo pasado la Dirección de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) clausuró el depósito de Parque Patricios de la empresa marcada por el incendio y derrumbe que terminó con el trágico saldo de ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil muertos entre los escombros el 5 de febrero de 2014.
El cierre del depósito, ubicado en la avenida Amancio Alcorta 2396, se debió a una "sobrecarga en los estantes posteriores [en altura]", según pudo comprobar LA NACION a través de fuentes de la AGC. Los inspectores determinaron que el exceso del material en las estructuras provocaba una obstrucción en la zona de los extintores. Es una falta denominada fugitiva "por lo que solucionando la distribución de las estibas se puede levantar la clausura" que aún continúa impidiendo la apertura del depósito, informaron en la AGC.
La información no había sido difundida en su momento y se supo recién ayer a través de la agencia Télam. Desde la AGC desmintieron que la clausura haya sido producto de una falla estructural del edificio.
La empresa, mediante un comunicado, expresó: "Iron Mountain confía en que la habilitación fue correctamente otorgada y el edificio cumple con los estándares necesarios. Cumplimos con la decisión de la AGC y, si bien la instalación sigue siendo segura, todas las funciones han sido interrumpidas".
La de Parque Patricios es la segunda clausura que se le impone a Iron Mountain. En mayo de 2007 el Ministerio de Ambiente del gobierno de la ciudad cerró el depósito de Villa Lugano donde la empresa guardaba papel y cartón. La falta de un plan de contingencia para incendios en esas instalaciones fue uno de los motivos de la clausura.
Sin embargo, poco se sabía de la empresa hasta el luctuoso hecho del verano de 2014 cuando las llamas provocaron el derrumbe de una de las paredes laterales que cayó sobre un grupo de bomberos de la Policía Federal y del cuartel Vuelta de Rocha, que intentaban atacar el fuego por otro flanco.
Los días posteriores al 5 de febrero la investigación, a cargo de la fiscal Marcela Sánchez, se nutrió de elementos con los que comenzó a crecer la hipótesis de un incendio intencional. La falla en los aspersores y las bombas que debían impulsar el agua para apagar las llamas fueron los primeros indicios.
La confirmación llegó días después del primer aniversario cuando la fiscal informó que las llamas comenzaron en, por lo menos, dos focos distintos y que se había utilizado un material combustible acelerante y dispositivos electrónicos.
