En los barrios: fracasó el plan porteño para instalar food trucks

Hubo una fiesta de food trucks en Parque Patricios y gran expectativa cuando se lanzó el proyecto de llevarlos a los barrios
Hubo una fiesta de food trucks en Parque Patricios y gran expectativa cuando se lanzó el proyecto de llevarlos a los barrios Fuente: LA NACION - Crédito: Soledad Aznarez
En 2018, los camiones empezaron a desplegarse en Parque Patricios y Recoleta; pero, por los altos costos para darles energía, los dueños los retiraron; ahora analizan alternativas junto con la Ciudad
Valeria Musse
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29 de enero de 2020  

Con mucha expectativa recibieron la Ciudad y algunos comerciantes la llegada de los food trucks a las calles porteñas hace un año y medio. Su alta aceptación entre el público en distintos eventos auguraba que el proyecto de instalar este tipo de puestos en la vía pública también sería positivo. Fue en agosto de 2018 cuando se instalaron los primeros camiones a unos metros del Parque de los Patricios, pero la experiencia no funcionó como se esperaba en términos económicos. Hoy no hay ninguna unidad trabajando en los barrios y las partes involucradas trabajan en conjunto para realizar alguna modificación a la ley regulatoria con el objetivo de que el plan sea viable.

"No es redituable el negocio tal como se pensó en el proyecto inicial", es la primera conclusión que sacó Martín Bouquet, tras rechazar el lugar que había ganado para ser uno de los primeros comerciantes en instalarse en el barrio de Parque Patricios, en aquel año.

El sorteo por Lotería Nacional - tal como se había estipulado por ley que sería la asignación de distintos espacios en la vía pública- le había sido favorable a Bouquet. El empresario, uno de los socios dueños del food truck Bon Bouquet Creperie, celebró su suerte, pero cuando comenzó a hacer cálculos los números no le cerraron. Para alimentar con energía eléctrica el comercio ambulante debía invertir en un generador, con un costo promedio de 15.000 dólares. Por día, el aparato consumiría al menos 5000 pesos de combustible. "Con ese dinero, me alquilo un local", reflexionó, por lo que decidió dar de baja su lugar.

En el caso de Luis Defelipe, él sí se llegó a instalar en ese punto situado en el cruce de las calles Pepirí y Martín Champagnat, cerca de la Jefatura de Gobierno porteña, con su compañía Food Truck Argentina. Durante cuatro meses de 2018, el empresario abrió el camión, que ofrece comida patagónica, pero como "todos los días perdía plata" -recordó el hombre en diálogo con LA NACION- decidió abandonar el proyecto. Lo aquejaba el mismo problema mencionado con anterioridad: los costos operativos para darle energía al puesto móvil eran altos.

La ley 5707, aprobada en la Legislatura porteña en noviembre de 2016, autorizó que los rodados gastronómicos pudieran salir a los barrios, fuera de los eventos que desde hacía años frecuentaban. Los puntos de venta fueron determinados por la Ciudad y tenían una característica en especial: se encontraban a 200 metros o más de cualquier restaurante o local comercial que vendiera comidas o bebidas.

Se previó que el despliegue empezaría, como se dijo, por el Parque Patricios; también, por la Plaza Irlanda, en Caballito, y la Plaza de las Naciones Unidas, en Recoleta. Los parques Chacabuco y Avellaneda, en los barrios homónimos, Sarmiento (en Saavedra) y Los Andes (en Chacarita), más la Plaza Mafalda (en Colegiales), se sumarían en los meses siguientes. Mediante un sorteo por Lotería de la Ciudad, los food trucks inscriptos ganadores conocían su lugar de destino y cada año debían renovar ciertos permisos.

"Surgió otro inconveniente, que también afecta lo económico. Si bien la ley no dice si un puesto debe mantenerse fijo en un lugar, lo cierto es que sí hay que quedarse en el punto que se ganó. Esta inmovilidad rompe con el espíritu de los food trucks y, además, limita la venta. En una zona movida, tipo el centro, la clientela se renueva constantemente, pero en un barrio la gente se cansa de comer siempre lo mismo. No es que tenemos la posibilidad de modificar el menú todos los días", explicó Defelipe, que además preside la Asociación Food Truck de la República Argentina (Aftra).

Hubo también algunos comerciantes que se instalaron por pocos días durante 2018 en la Plaza de las Naciones Unidas, cerca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero la propuesta tampoco prosperó entonces, agregaron fuentes oficiales consultadas. Bouquet contó: "Estamos trabajando en conjunto con el gobierno porteño para buscar alguna alternativa y hacerle alguna modificación a la ley que permita que podamos llevar adelante la actividad. Hay buena predisposición de todas las partes".

Desde la Ciudad, confirmaron que centraliza las conversaciones el área de Desarrollo Gastronómico de la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano.

En Estados Unidos, algunos camiones gastronómicos tienen paneles solares en sus techos para acaparar otro tipo de energía y lo complementan con gas. Pero, al menos por ahora, esta última posibilidad no es practicable en la ciudad de Buenos Aires. La mencionada ley que los regula indica que el rodado debe funcionar con sistema de energía eléctrica alimentado por un grupo electrógeno. La cocción de alimentos mediante el uso del gas dentro de estos vehículos podría ser una opción, reflexionan los comerciantes, preocupados.

Habilitación

En la actualidad, hay 77 food trucks habilitados para comercializar en la ciudad, pero todos ellos tienen los respectivos permisos para participar de eventos públicos y privados en lugares cerrados y no así en la vía pública, indicaron las fuentes oficiales consultadas.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC), a través de la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria, se encarga de realizar las habilitaciones e inspecciones de estos comercios gastronómicos móviles. Las solicitudes de habilitación se gestionan online mediante una plataforma digital creada para tal fin. Los titulares deben adjuntar allí la documentación solicitada, como las constancias de la verificación técnica vehicular (VTV) y el CUIT, por ejemplo. Una vez que la documentación es aprobada, concurren a un examen de inspección en el que se controlan las instalaciones y condiciones higiénico-sanitarias.

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