Contraataque de los operadores del juego a Lotería
El hipódromo y los casinos flotantes pidieron auditorías privadas sobre los slots para contrastar con la oficial
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La disputa por los controles sobre el juego en la Capital no cede. Luego de que la Justicia le dio el visto bueno al gobierno de la ciudad para vigilar las tragamonedas y las ruletas electrónicas en el Hipódromo de Palermo y en los casinos flotantes de la Costanera, concesión en la cual participa Cristóbal López, Lotería Nacional avanza en una auditoría decisiva: establecer si los dispositivos que verifican cuánto dinero apuesta un usuario funcionan correctamente.
Esta medida, que de alguna manera puso en tela de juicio la veracidad de las apuestas en la Capital, empujó el primer contraataque de los operadores del juego: días atrás, el grupo societario del hipódromo y de los barcos casino, convencidos de que están en regla, contrataron otras dos auditorías para sumar en la mesa de evaluación cuando Lotería Nacional presente la suya, a cargo de la consultora KPMG Argentina.
Según información suministrada por el Hipódromo de Palermo, Ernst & Young y Deloitte ya avanzan sobre los slots instalados en las máquinas electrónicas, que permiten establecer cuánto se apuesta y cuánto se devuelve en premios. "Queremos tener nuestra propia mirada interna porque el sistema funciona correctamente. Y creemos que hay una persecución", dijo a LA NACION una fuente cercana a la empresa.
El fondo del problema
El fondo del problema es mucho más complicado: la Ciudad les reclama a López y sus socios 4000 millones de pesos en concepto de ingresos brutos impagos. Para los dueños del Hipódromo de Palermo y de los casinos flotantes, la deuda no existe. "El hipódromo es un predio federal y los barcos se encuentran en el agua, que, claramente, no es jurisdicción de la Ciudad", aseguran.
Otra de las intenciones del Gobierno es, por medio de Lotería Nacional, aumentar los cánones de concesión que la Ciudad percibe por la explotación del juego. Hoy, los casinos flotantes aportan el 20% de lo que recaudan, mientras que el hipódromo alcanza el 30%. Ambos facturan más 20 millones de pesos por día, aunque las apuestas diarias superan los 600 millones de pesos diarios.
Así planteada la disputa, fuentes de Lotería Nacional dijeron ayer a LA NACION que "está muy bien que los operadores del juego contraten una auditoría si quieren hacerlo. La nuestra está avanzada en un 70% y pronto habrá novedades sobre los resultados".
En el Hipódromo de Palermo insistieron en la idea de una "persecución". Fuentes de la empresa indicaron: "Notamos un hostigamiento y una intencionalidad de instalar en la opinión pública la sensación de incumplimiento, algo que no es cierto. Nuestro proveedor es uno de los principales fabricantes de máquinas tragamonedas del mundo".
Los slots que hoy están instalados en las tragamonedas fueron colocados por los propios operadores en 2005, tras una resolución del gobierno nacional. Son de la firma IGT, un sistema de gestión utilizado en numerosos casinos del mundo, según surge de su página web. Los dispositivos costaron 12 millones de dólares y hoy Lotería Nacional invierte en su mantenimiento 20.000 dólares mensuales.
Consultados sobre si algunos de los operarios del juego tenían alguna participación societaria en la empresa proveedora, agregaron: "Es ridículo pensar eso. Todo el mecanismo de lo que se apuesta en el hipódromo y en los casinos se puede ver online. Todas las inspecciones que hicieron en ambos lugares constataron que estamos en regla".
El Gobierno, en cambio, revisa toda la operatoria, ya que se trata de un negocio millonario.
El negocio de las tragamonedas
- El negocio de los juegos de azar en la Capital tiene dos actores relevantes: el Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante. Ambos facturan más $ 20.000.000 por día, aunque las apuestas diarias superan los $ 600.000.000. Por ley, deben devolver en premios el 90% de lo recaudado por apuestas. El negocio comenzó en 2002, cuando el gobierno nacional permitió el arribo de las tragamonedas a la ciudad.
- El Hipódromo de Palermo, que tiene 2000 empleados, es comandado por una UTE de las empresas Hapsa (72,5% de la sociedad), cuyo presidente es Federico De Achával, y Casino Club (27,5%), en la que Cristóbal López sería el propietario del 30%. El 5 de diciembre de 2007, días antes de abandonar la presidencia, Néstor Kirchner prorrogó la concesión hasta 2032. Y en el Casino Flotante, con 2100 empleados, la firma Cirsa posee el 50%; Hapsa, el 25%, y Casino Club, el 25%. La concesión caducará en poco más de dos años.



