El gobierno porteño deberá informar cómo gasta la pauta oficial
Lo determinó un fallo judicial; la causa se abrió por pedido de una ONG ante la falta de informes de la gestión macrista
1 minuto de lectura'
La Justicia ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entregar información sobre su inversión publicitaria en 2011. El caso se inició a raíz de un amparo presentado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ante la falta de respuesta a un pedido de información.
En junio de esta año la ADC presentó un pedido de acceso a la información pública en el cual, tal como ocurrió en ocasiones anteriores, se pidieron datos de pauta oficial desagregados por distintas variables: rubros, medios de comunicación, campañas publicitarias y organismos contratantes. La respuesta del gobierno porteño fue el silencio : no respondió dentro del plazo de 10 días hábiles que indica la ley 104 (que regula el acceso a la información pública en el ámbito de la Ciudad), ni hizo uso de la prórroga excepcional allí establecida, en violación al derecho de acceso a la información pública.
Consultado por este diario, por el momento el gobierno porteño no dio su versiónd e los hechos.
En su fallo, el juez Guillermo Scheibler, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 14 de la Ciudad de Buenos Aires, sostiene que " la información requerida reviste neto carácter público , en tanto refiere al presupuesto, su ejecución y a la asignación de la publicidad oficial, lo que hace a la administración de fondos públicos y, a la par, se relaciona en forma indirecta al ejercicio de derechos fundamentales como son el de libertad de expresión y libertad de prensa , piedras fundamentales en las que se basa el sistema republicano y democrático, una de cuyas notas distintivas reside en la publicidad de los actos de gobierno".
Reiterados pedidos de informes
El año pasado la ADC ya había realizado un pedido de acceso a la información sobre publicidad oficial en relación a los primeros cinco meses de 2011. Dicho pedido no fue contestado y la ADC interpuso una acción de amparo contra el gobierno de la Ciudad. En el marco de ese proceso, el gobierno presentó la información requerida al momento de contestar la demanda. El nuevo pedido de este año, que incluyó información sobre 2010, tenía el objeto de completar la información y trazar comparaciones relevantes en la distribución de esos fondos públicos.
El pedido de la ADC forma parte del monitoreo que efectúa desde hace años sobre la publicidad oficial, tanto a nivel nacional como provincial y local.
La ADC reitera que es imprescindible que se sancione una norma que regule la publicidad oficial en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires , que establezca criterios claros de asignación y fije mecanismos de transparencia y control.
Finalmente, es relevante recordar que el jueves 22 de noviembre a las diez de la mañana la Corte Suprema de Justicia de la Nación celebrará una audiencia pública en el caso ADC c. Estado Nacional en el que se discute el acceso a información sobre distribución de publicidad oficial por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). En la audiencia, la ADC presentará argumentos constitucionales sobre la importancia del acceso a la información en relación a información relevante para el ejercicio de otros derechos humanos .
Informa esta ONG que este caso es un buen ejemplo de los problemas de acceso a la información que existen a nivel nacional, que son permitidos –en parte— por la falta de una Ley Nacional de Acceso a la Información que garantice e implemente este derecho a nivel federal. Un proyecto de ley que cuenta con media sanción del Senado perderá estado parlamentario si no es tratado antes del 30 de noviembre próximo.
