Genera polémica la apertura de un centro para alojar a infractores de la ley de migraciones
El lugar funcionará en la ciudad de Buenos Aires; preocupación de organizaciones sociales que sostienen que “la irregularidad migratoria no es motivo de detención”
1 minuto de lectura'
LA NACION
Un centro para alojar a infractores de la Ley de Migraciones, que funcionará en la ciudad de Buenos Aires, genera polémica y preocupación entre organizaciones sociales que resaltan que las irregularidades migratorias no son motivos de detención.
El inmueble, que abriría el 1 de septiembre y está ubicado en el Pasaje Alfredo Colmo 3860 del barrio porteño de Pompeya, está destinado a personas que ingresaron “ilegalmente al territorio” o tienen “dictamen judicial previo a la expulsión”, a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
Según consignó Télam, la decisión de abrir un centro de retención para migrantes en Argentina fue tomada el 19 de agosto pasado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, su par de Ciudad de Buenos Aires, Fernando Ocampom y el titular de la DNM, Horacio García.
La noticia se difundió en la página web oficial de Migraciones y genera preocupación entre organizaciones sociales.
“El anuncio acerca del establecimiento de un centro de detención para el alojamiento de migrantes, que incumplan las leyes migratorias vigentes, representa un punto de quiebre en la política migratoria argentina desarrollada al amparo de la Ley N° 25.871, reconocida a nivel mundial por su enfoque de derechos humanos y por promover la regularidad migratoria por sobre las medidas de control y restricción de la migración”, sostuvo Amnistía Internacional en un comunicado. “Amnistía Internacional desalienta la utilización rutinaria de la detención de personas extranjeras como herramienta para el ejercicio del control migratorio”, resaltaron, y añadieron: “Toda persona, incluidos los migrantes y solicitantes de asilo, tiene derecho a la libertad y la libre circulación, y a protección frente a la detención y reclusión arbitrarias”.
Por su parte, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), remarcaron que esta decisión “implica la criminalización de los migrantes cuya situación es irregular, asociándolos con un problema de seguridad”.
“La condición de irregularidad en términos migratorios de una persona no puede ser visto nunca como un problema de seguridad, sino que es una cuestión clave para el reconocimiento y ejercicio de los derechos por la población migrante”, sostuvieron en un comunicado.
Desde la Red de Migrantes y Refugiados de Argentina, Lourdes Rivadeneira explicó a Télam que “sea o no migrante quien comete un delito debe ser juzgado y condenado, pero asociar delito a la condición de migrante es un grave retroceso para el país y la región, porque Argentina marcó un rumbo en políticas migratorias”.
Según Rivadeneira, “la preocupación responde a que no nos han informado sobre una decisión que puede afectar las migraciones por la condición de 'irregularidad', que es una problemática social que hay que atender y que muchas veces ocurre por ser parte de un círculo vicioso”.
Ante estos reclamos, fuentes ministeriales afirmaron a Télam que “la intención de la medida no es, de ninguna manera, criminalizar la inmigración, sino disponer de un espacio acorde para alojar a aquellos que, por diferentes situaciones, estén a punto de ser deportados, evitando así que queden detenidos en las instalaciones de las fuerzas de seguridad de puertos, aeropuertos y pasos de frontera”.
LA NACION
