Juicio oral para seis trabajadores del subte por obstruir la recaudación de pasajes

Podrían recibir multas superiores a $ 20.000; protesta de los metrodelegados
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10 de febrero de 2015  

Acusados de estorbar la recaudación de ingresos económicos en el sistema de subtes, infracción prevista en el Código de Faltas porteño, seis trabajadores de la red enfrentan desde ayer un juicio oral y público por haber levantado los molinetes en la estación Constitución de la línea C, hace casi un año. Si fueran declarados culpables, podrían recibir multas superiores a 20.000 pesos.

Tras el comienzo del proceso judicial, los metrodelegados anticiparon que hoy marcharán hacia la puerta del juzgado contravencional y de faltas Nº 2, en Tacuarí 138, donde se realizará la segunda audiencia, porque consideran que se intenta "judicializar toda protesta social y gremial" y "cercenar las libertades" de los trabajadores.

La primera jornada del juicio oral y público, a cargo del juez Carlos Bentolila, se concretó ayer. El grupo de empleados del subte acusados, originalmente 13 miembros, fue imputado por infringir el artículo 9.1.1.2 del Régimen de Faltas. Establece que todo aquel que "impidiere, estorbare o entorpeciere el funcionamiento y/o recaudación de ingresos y/o circulación del sistema de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneo de la ciudad, salvo el ejercicio regular del derecho de huelga, será sancionado/a con multa de 300 a 3400 unidades fijas".

Cada unidad fija tiene un valor equivalente a medio litro de nafta de mayor octanaje, por lo que la sanción podría superar los $ 20.000.

Ayer, la defensa de los trabajadores -entre los que se encuentran dirigentes de los metrodelegados- planteó la existencia de irregularidades en la notificación a los imputados: señaló que varios de los acusados no pudieron realizar el descargo en tiempo y forma, en desmedro de su derecho de defensa. Bentolila admitió la objeción y desvinculó a siete de los trece acusados.

El juez aclaró que en el proceso se debe determinar si efectivamente se cometió una falta. En ese sentido, la fiscal María del Carmen Giocco argumentó que los trabajadores obstruyeron con cintas y carteles los molinetes de la estación Constitución de la Línea C, el 27 de febrero de 2014, impidiendo el paso de los pasajeros que deseaban pagar el pasaje. Por su parte, la defensa dijo que los empleados ofrecían la opción de viajar sin pagar, pero que aquel que quisiera abonar el viaje contaba con total libertad para hacerlo.

Luego, declararon dos testigos vinculados con las áreas de Recursos Humanos y Legal y Técnica de Metrovías, y otros cuatro que participaron de la protesta convocada aquel día en solidaridad con petroleros condenados a cadena perpetua.

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