Riachuelo: la Corte Suprema desnudó los escasos resultados del plan para sanearlo

Sólo con preguntas la Corte Suprema de Justicia desnudó la flaca tarea de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) durante la audiencia pública convocada por el máximo tribunal para que se rindan cuentas sobre el fallo que ordena a los estados nacional, bonaerense y porteño a limpiar la cuenca más contaminada de la Argentina.

El presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, tuvo que recordar en reiteradas oportunidades que el saneamiento del Riachuelo fue ordenado por un fallo judicial de 2008, que más allá de la buena voluntad de los funcionarios hay que cumplir con la manda judicial y que todo lo que se dice tiene carga de prueba.

"Pasa el tiempo y vemos que la reconversión industrial sólo alcanza el 30%. Los informes están claros, lo que queremos es que quede claro que esto es una sentencia judicial. No está claro cómo se cumplirá", dijo Lorenzetti a Gabriela Seijo, directora operativa del organismo, quien se vio obligada a dar el informe ante la ausencia del director ejecutivo, Julio Torti. La funcionaria expuso algunos números que no quedaron claros. "A nosotros nos importa lo que dicen ustedes. Esto que usted informa es una prueba", le dijo el presidente de la Corte.

Un tercio de los chicos analizados por contaminación con plomo en Dock Sud, en la Villa Inflamable, tienen problemas psicomotores; 5200 millones de dólares invertidos en la cuenca aunque sin precisiones sobre su destino; apenas 10% de las soluciones habitacionales concretadas, y sólo el 20% de la sentencia cumplida fueron algunas de las cifras que brindaron distintos funcionarios de la Acumar. Pero sólo fue un diagnóstico.

Varias veces los jueces les recordaron que la causa no comenzó en esta gestión y que, a pesar de que era la primera vez en una audiencia, debían responder por la continuidad de las acciones. Algunos funcionarios sólo pudieron exponer sobre lo realizado desde su asunción, tras el recambio presidencial.

También estuvieron presentes en la audiencia los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. El trámite fue público y por momentos, tenso.

Dentro de la sala, tres representantes de vecinos del "camino de sirga" de las villas 21 y 24, en la zona de Barracas, fueron desalojados luego de media docena de interrupciones, al grito de "mentiras", durante la exposición del gobierno porteño.

"¡Justicia! ¡Justicia!", reclamaban con vehemencia un centenar de vecinos que, afuera, seguían la audiencia en pantallas. Rebatían cada afirmación de los funcionarios.

"Es un error de la Corte no escuchar a los vecinos. Ellos no son cosas. Quieren ser parte de la solución y no ser tomados como el problema", dijo Luis Duacastella, el defensor adjunto porteño. Según pudo saber LA NACION, el lunes los vecinos serán recibidos por el juez federal Luis Rodríguez, uno de los dos magistrados que la Corte designó para la ejecución de la causa.

La exposición de la Auditoría General de la Nación fue contundente: los indicadores establecidos por la Acumar no permiten controlar el cumplimiento de los objetivos del fallo, el nuevo plan no adjunta el financiamiento y resulta imposible evaluar la viabilidad del plan.

En representación del cuerpo colegiado conformado por la Defensoría del Pueblo de la Nación (acéfala) y varias ONG, habló Andrés Nápoli, miembro de la FARN: "Los problemas de gestión de la Acumar explican en gran parte el incumplimiento del fallo". Respecto de las viviendas, uno de los temas más calientes de la audiencia, sostuvo: "Las viviendas se construyen en terrenos con poco valor inmobiliario y deficiente calidad del terreno".