Toma en Lugano: el desalojo no tiene fecha
Hoy, por primera vez, un grupo de legisladores se reúne con vecinos de la toma
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El desalojo del predio lindero a la villa 20, en Villa Lugano, donde hay casi unas 800 familias instaladas, no tiene fecha.
A pesar de que hay un fallo de Cámara que ordena que las familias sean retiradas de ese lugar, que está contaminado, el gobierno porteño, por ahora, no avanzará en su cumplimiento.
Según pudo saber LA NACION, a pesar de que habría acuerdo entre las fuerzas de seguridad nacionales y la Policía Metropolitana, el desalojo no podría hacerse sin evitar desmanes. Los vecinos, dicen, están dispuestos a quedarse en ese espacio e incluso habían hecho una propuesta a la Comisión de Vivienda de la Legislatura, en la que planteaban mudanzas paulatinas mientras se descontaminaba el lugar y luego se construían las viviendas.
La semana pasada, tras el fallo que ordenó el desalojo, los bloques de la oposición llamaron a una mesa de diálogo para hablar con las familias que siguen construyendo casillas en el predio. Esa mesa se reunirá hoy en la Legislatura porteña.
El último condimento al conflicto lo puso el legislador de UNEN Gustavo Vera, que contó que el papa Francisco le envió un mail en el que se refería a la situación que se vive al costado de la villa 20.
Según Vera, Francisco sostuvo que "él junto a los curas villeros, desde 1993, plantearon una política de inclusión contra la erradicación y que pelearon mucho para el desalojo de coches porque eran contaminantes y traía muchos problemas de salud para la población de esa zona".
Cabe recordar que el asentamiento ya ha sido bautizado por los ocupantes como papa Francisco.
Siempre según las palabras de Vera, el Papa agregó: "Me resulta muy paradójico que antes no desalojaban a los autos y ahora están apurados por desalojar a las personas sin reconocer los problemas de inclusión social".
El 19 de este mes, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional porteña ratificó dos fallos de primera instancia que habían ordenado el desalojo del terreno situado en Pola y Fernández de la Cruz, ocupado ilegalmente desde el 24 de febrero pasado.
Esa resolución judicial determinó que la Policía Federal y la Gendarmería Nacional tendrán la obligación de respaldar el operativo mediante el tendido de "un cerco que impida otras ocupaciones y evite agresiones durante el desarrollo de la medida".
La Justicia también ordenó que el desalojo sea filmado en audio y video por un "ente imparcial" y que "deberán proponerse veedores EXTERNOs que garanticen la transparencia" del acto. Y había considerado la intervención del SAME y de equipos de asistencia social del gobierno porteño.
En ese sentido, Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad, fue elegido por la Justicia como veedor y garante del proceso.
